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» El Ciudadano
Fecha: 20/10/2025 13:41
La muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra se suma a otras parecidas casi haciendo una asociación libre sobre este tipo de hechos, lo que desemboca en las bandas mafiosas –incluidos ciertos sectores de las fuerzas de seguridad– que asolan en distintos espacios: sindicales, barras bravas de clubes de fútbol, guardaespaldas de funcionarios, todos dispositivos violentos listos para poner su fuerza de choque sin importar las consecuencias, es decir, la razón de su existencia es justamente ese llegar al final de la tarea encomendada sin que importe la clase de efectos directos y colaterales que produzcan sus acciones. De alguna manera son los que reemplazan a lo que en momentos claves de la historia argentina, como la última dictadura cívico-militar por ejemplo, conformaban los grupos de tareas, el aparato clandestino represivo del Estado. A veces, y así pasó con el crimen de Ferreyra, la policía también queda implicada por liberar una zona, por directa connivencia en alguna de sus formas, o por simple acompañamiento a una acción que seguramente podría tenerlos como protagonistas y con la que se identifican plenamente. Son hechos malditos que no han tenido prácticamente ningún freno durante largos periodos democráticos; ninguna fuerza política en gestión se atreve a ir a fondo para desmantelar esos aparatos gansteriles y patoteros. La violencia de los grupos privados armados es un mal enquistado socialmente; si el Estado no toma la decisión política de acabar con ellos es porque en muchas ocasiones le sirven, o tiene intereses que la existencia de estos grupos resguarda, o directamente son parte de un aparato para-represivo para sofocar algún fuego por vía clandestina. Los patovicas de la burocracia sindical, íntimamente ligados a los barrabravas del fútbol, es un mal endémico y son tolerados aún en los gobiernos más progresistas; incluso a veces los oficialismos toman parte por algún bando cuando se dan disputas internas de poder entre ellos. Lo que lleva a pensar que esta barbarie social resulta útil al poder político, ya que la consigna sostenida de algunas gestiones de que es posible tener esas bandas bajo control es absolutamente falsa y, además, como ocurrió no hace mucho con el asesinato del barrabrava canalla Pimpi Caminos y su lugarteniente, la acción está sospechada de haber tenido connivencia estatal al haberse liberado la zona de policías y haberse producido un apagón lumínico en el lugar del hecho. El asesinato de Mariano Ferreyra fue una cuestión de Estado y velar porque los resortes estatales para el descubrimiento de los autores, su detención y juzgamiento, fue lo mínimo que podía esperarse. En otro momento político, es decir bajo otra gestión de gobierno más afecta a desvincularse de estos hechos muy dañinos para un sistema democrático, hubiera quedado irresuelta y los culpables libres o fugados. También el hecho desgraciado de la muerte de este militante puso en evidencia los desmanejos y negociados permanentes surgidos luego de la privatización y desmantelamiento de los ferrocarriles ocurridos durante el gobierno menemista. Nadie todavía, en esa primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, se había ocupado a fondo de indagar a fondo las posibilidades de revertir la escena privatista y cuáles eran las condiciones de los trabajadores ferroviarios en ese periodo, lo que tal vez hubiera redundado en que los conflictos generados por la tercerización laboral no hubieran escalado de ese modo y con resultados tan funestos. Tampoco, claro, y este caso remite directamente, nadie escarba con fines saneadores las burocracias sindicales corroídas desde hace muchísimo tiempo. Las patotas armadas siguen funcionando como siempre y cuando algún conflicto estalla con los trabajadores de algún gremio, están siempre listas a solucionarlo con el amedrentamiento o lisa y llanamente con balazos. Muchos de los miembros de las patotas sindicales son también integrantes de las violentas barrabravas de diferentes equipos de fútbol. Durante 2010 sectores de la juventud trabajadora militaban varias de las causas de injusticia laboral que habían tenido lugar durante las salvajes privatizaciones del menemato, toda vez que el gobierno nacional de entonces fomentaba su participación en el cuestionamiento de las políticas nocivas implementadas durante los años previos. Afortunadamente, el crimen de Mariano Ferreyra no quedó impune. Se investigó con decisión y sus autores fueron condenados. Era necesario al menos desmantelar la complicidad dirigencial con los asesinos pertenecientes al corazón del gremio. Puede decirse incluso que Ferreyra será un símbolo de lucha y compromiso para poner en evidencia algunos de los aspectos más oscuros del funcionamiento del poder, pero no lo será del todo hasta que se ponga fin definitivamente a esas fuerzas de choque con las que los estamentos de poder –que van desde lo sindical hasta lo político, pasando por la dirigencia futbolística y empresarial– mantienen sus privilegios. No habrá emancipación interna posible si no se decide terminar con el dispositivo criminal que los custodia.
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