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Parana » Informe Digital
Fecha: 19/10/2025 21:41
En octubre de 2017, tras ser procesada por la compra irregular de un inmueble y en medio de fuertes presiones del macrismo para que dejara el cargo, Alejandra Gils Carbó renunció a la Procuración General de la Nación. La sucedió Eduardo Casal, por ser el fiscal de mayor antigüedad ante la Corte Suprema. Aunque desde entonces ejerce como “interino”, es decir, nunca fue votado para el puesto, Casal se transformó en el procurador con más tiempo en funciones desde el regreso de la democracia. Este fin de semana, Casal superó a Esteban Righi, quien ocupó ese lugar durante casi ocho años (2.848 días) en el kirchnerismo, entre el 23 de junio de 2004 y el 9 de abril de 2012. Cristina Kirchner le retiró todo apoyo, lo que derivó en su renuncia y lo responsabilizó por las investigaciones por corrupción que avanzaron contra su entonces vicepresidente, Amado Boudou. Casal asumió el 31 de diciembre de 2017 y, desde entonces —aunque sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández— enfrentó repetidos embates del kirchnerismo, que lo acusó de “mal desempeño” por presuntas irregularidades en sumarios e intentó, incluso, poner en marcha un juicio político. Fue un intento por frenar las investigaciones por corrupción que entonces rodeaban a la vicepresidenta Cristina Kirchner, publicó el diario La Nación. “Casal asumió el 31 de diciembre de 2017 y desde entonces, pero principalmente durante el gobierno de Alberto Fernández, enfrentó varios embates del kirchnerismo, que lo acusó de “mal desempeño” por presuntas irregularidades en sumarios y que intentó, incluso, poner en marcha un juicio político”. De perfil bajo, Casal resistió las embestidas y se mantuvo en el cargo. Circularon distintos nombres para reemplazarlo, algunos con más fuerza que otros, pero la falta de acuerdos políticos en el Senado —donde se requiere el aval de dos tercios de los senadores presentes— prolongó su interinato. Con el procurador, el mecanismo de selección se parece al de los jueces de la Corte: son designados por el Poder Ejecutivo y luego necesitan el consentimiento de dos tercios de la Cámara alta. Durante el gobierno de Cambiemos, el expresidente Mauricio Macri propuso como candidata a la jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires Inés Weinberg de Roca, reconocida en el derecho internacional. Sin embargo, su postulación nunca alcanzó el apoyo necesario. Mayor consenso obtuvo el juez federal Daniel Rafecas, la opción de Alberto Fernández para suceder a Casal, pero Rafecas nunca contó con el visto bueno de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, que bloqueó su pliego en la Comisión de Asuntos Constitucionales, entonces conducida por la camporista Anabel Fernández Sagasti. El gobierno de Javier Milei es la tercera gestión que atraviesa Casal al frente de la Procuración. No fue una prioridad para la administración libertaria darle estabilidad al cargo: el oficialismo propuso algunos nombres, pero nunca oficializó un postulante, quizá consciente de su débil posición parlamentaria, evidente en el rechazo a los pliegos del juez Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, consignó el diario La Nación. A comienzos de la gestión, Casal recibió además un respaldo público del Presidente. “Hace un muy buen trabajo. Tocar lo que funciona parece un poco complejo”, dijo Milei en abril del año pasado. Funciones y vacancias El Procurador General dirige el Ministerio Público Fiscal y está al frente de más de 300 fiscales nacionales y federales. Cuenta con facultades para reorganizar la estructura del organismo —que incluye procuradurías y unidades fiscales especializadas—, efectuar nombramientos interinos y actuar como fiscal ante la Corte Suprema. Por ejemplo, en la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner cumple una pena de seis años en su casa por fraude al Estado, Casal respaldó el pedido del fiscal de Casación Mario Villar y solicitó a los jueces del máximo tribunal que revirtieran la condena del Tribunal Oral Federal N°2 y elevaran la pena a 12 años por el delito de asociación ilícita. La influencia de Casal creció con la implementación gradual del nuevo Código acusatorio, que se puso en marcha en 2019 en Salta y Jujuy y se fue desplegando desde entonces, aunque con reservas. Esa normativa coloca a los fiscales al frente de las investigaciones, algo que en la práctica ya ocurre muchas veces, aunque el juez de instrucción puede delegar la investigación o retenerla. El sistema también rige en Rosario, Mendoza, San Juan y San Luis, y en las jurisdicciones de General Roca, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Mar del Plata. La llegada del acusatorio a Comodoro Py estuvo prevista originalmente para agosto, pero los reclamos conjuntos de los fiscales —a favor del nuevo sistema, pero que piden más recursos humanos, condiciones edilicias y fondos para ponerlo en marcha— postergaron su implementación, reprogramada para el 10 de noviembre de este año, destacó el diario La Nación. Casal asumió la voz del reclamo. “No puede seguirse adelante eficientemente sin la debida adjudicación de recursos”, afirmó en una carta dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Días atrás se reunió con más de 25 fiscales de los fueros Penal Económico y Criminal y Correccional, quienes le reiteraron sus dudas sobre la puesta en marcha del acusatorio. La Justicia arrastra desde hace años un problema de vacantes que actualmente afecta a más del 30% del Poder Judicial. Según datos presentados por la jueza federal y consejera Alejandra Provítola en un informe reciente al Consejo de la Magistratura, la Justicia Nacional y Federal registra, a agosto de este año, 1.002 cargos, de los cuales el 59,49% corresponden al fuero federal (596) y el 40,51% al nacional (406), distribuidos en 470 juzgados, 86 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales. “La Justicia atraviesa desde hace largos años un problema de vacantes que por estos días afecta a más del 30% del Poder Judicial”. En total, están vacantes 337 de esas plazas; poco más del 33%. La mayor concentración de vacantes está en la Justicia Nacional (176), seguida por la Federal del Interior (112) y la Federal de la Ciudad de Buenos Aires (49). El problema se agrava en el Ministerio Público Fiscal, donde los huecos, a noviembre de 2024 —el último dato oficial disponible—, superaban el 43% de los cargos.
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