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Concordia » Hora Digital
Fecha: 19/10/2025 13:20
Por primera vez, 40 víctimas participaron en la elaboración del informe, denunciando la fuerte presión institucional para silenciar los casos de abuso. La Comisión Pontificia para la Protección de Menores presentó su segundo informe anual, en el que denuncia que las personas que sufrieron abuso sexual por parte de miembros del clero continúan enfrentando represalias “perturbadoras” por parte de autoridades de la Iglesia Católica debido a que hicieron públicas estas situaciones. El documento destaca que, por primera vez, 40 víctimas colaboraron en su elaboración, aportando testimonios que revelan la intensa presión ejercida por la institución para mantener el silencio. Entre los testimonios recogidos, una persona relató: “Mi hermano era seminarista. El obispo le dijo a mi familia que mi denuncia podría comprometer su ordenación”. Otra víctima contó que su familia fue excomulgada públicamente tras realizar la denuncia. Estos relatos evidencian la dificultad que enfrentan quienes deciden denunciar abusos dentro de la Iglesia. En una conferencia de prensa realizada el 16 de octubre, Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la comisión y colombiano, afirmó: “Es un verdadero grito por parte de las víctimas: no se sienten escuchadas, no se sienten acompañadas, a veces no hay una relación empática, ni siquiera de respeto”. El informe, que consta de 103 páginas y fue presentado en septiembre al Papa León XIV, subraya la necesidad de brindar a las víctimas compensaciones adecuadas, incluyendo disculpas públicas, apoyo psicológico e indemnización económica. Además, recomienda que se comuniquen públicamente los motivos cuando se destituye a un sacerdote involucrado en abusos. El documento también advierte que “las figuras de autoridad dentro de la Iglesia que cometieron o permitieron abusos tal vez se consideraron demasiado esenciales e importantes como para ser consideradas responsables” y señala que la respuesta eclesiástica no debe repetir esos errores. Tras analizar casos específicos de aproximadamente 20 países en 2024, la comisión identificó la existencia de “tabúes culturales” y una “cultura del silencio” que permitió ocultar abusos en lugares como Malta, Mozambique, Etiopía y Guinea. En particular, el informe destaca que Italia, país históricamente vinculado al Vaticano, presenta “una resistencia cultural considerable a la lucha contra los abusos”. De las 226 diócesis italianas encuestadas, solo 81 respondieron al cuestionario solicitado para la investigación. El arzobispo francés Thibault Verny, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores desde julio, declaró a la agencia AFP que, frente a las “lagunas sistemáticas persistentes” en la Iglesia, este informe anual busca ser “una herramienta” para avanzar en la prevención y sanción de los abusos. La Comisión Pontificia para la Protección de Menores fue creada en 2014 por el papa Francisco, quien conformó un equipo integrado por laicos y especialistas en psicología, derecho y educación. En 2022, tras la renuncia de varios miembros y críticas sobre su funcionamiento, el pontífice incorporó la comisión a la Curia Romana y estableció la emisión de un informe anual sobre su labor. Su sucesor, el papa León XIV, según explicó Verny a AFP, “se ocupó muy pronto de esta cuestión. Percibimos que se tomaba muy en serio esta grave e importante misión”. Sin embargo, el nuevo pontífice generó controversia en septiembre al sugerir en una entrevista que algunos sacerdotes podrían ser acusados falsamente. El arzobispo reconoció que “puede haber acusaciones falsas”, pero aclaró que “hay que reconocer que se trata de proporciones muy, muy pequeñas”.
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