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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 17/10/2025 14:41
El debate sobre la reforma laboral y la Coparticipación Federal podría adquirir un nuevo cauce institucional en el Congreso, tras la presentación de un proyecto que impulsa la creación de una comisión bicameral encargada de delinear propuestas en estas áreas clave. La iniciativa, promovida por el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, busca establecer un mecanismo formal para abordar, en un plazo acotado, reformas estructurales que el gobierno nacional considera prioritarias y que no lograron avanzar en la reciente Ley Bases. El proyecto, ingresado en la Cámara baja el jueves, propone que la Comisión Bicameral para la Reforma Integral del Régimen Laboral, Previsional, Fiscal y de Coparticipación Federal esté integrada por 16 diputados y 16 senadores, seleccionados por los presidentes de ambas cámaras. Se garantiza la representación proporcional de los distintos bloques y la inclusión de todas las regiones del país, con el objetivo de asegurar un debate plural y federal. Entre las funciones centrales de la comisión figura la elaboración de anteproyectos de ley en cuatro áreas estratégicas: la modernización del régimen laboral argentino, la transformación del sistema previsional con foco en la sustentabilidad, la simplificación y federalización del esquema fiscal, y una revisión profunda de la actual Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Todo el proceso se desarrollará bajo el marco del artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional. El texto presentado por Oscar Agost Carreño establece que la comisión podrá convocar a audiencias públicas y solicitar la participación de expertos, académicos, sindicalistas, empresarios, representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales especializadas. Además, contará con el respaldo técnico de ministerios nacionales y provinciales, así como con el apoyo permanente de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La presidencia de la comisión será elegida por sus propios miembros e incluirá dos vicepresidencias y un secretario para cada área temática. El presidente tendrá voto de desempate, y el reglamento de funcionamiento será definido por la propia comisión, aplicándose de manera supletoria el reglamento de la Cámara de Diputados. El plazo para la elaboración de los dictámenes ha sido fijado en 180 días corridos desde la constitución del cuerpo, con la posibilidad de una única prórroga de hasta 90 días adicionales mediante resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras. Una vez entregados los proyectos propuestos o vencidos los plazos, la comisión quedará disuelta automáticamente, según lo estipulado en la normativa. El financiamiento de las actividades de la comisión se cubrirá con las partidas presupuestarias del Honorable Congreso de la Nación. El desafío no es menor: el Fondo de Cese Laboral, contemplado en el artículo 96 de la Ley Bases, fue uno de los ejes de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, pero todavía no arranca: a un año de reglamentada la ley, no hay ningún convenio que haya incluido esta innovación que no fue cuestionada por la CGT, pese a que cambia las bases de la indemnización por despido. Se trata de un sistema optativo que se debe pactar entre empresarios y sindicalistas en los convenios colectivos de trabajo, y, aún así, es de adhesión voluntaria y también permite que los trabajadores no lo acepten y se mantengan dentro del régimen indemnizatorio vigente. En el gobierno libertario creen que el Fondo de Cese Laboral no tuvo la repercusión que esperaban porque “hay un alto índice de litigiosidad laboral” que le quita a las partes “la sensación de certeza” necesaria para aplicar una indemnización distinta a los nuevos trabajadores. En el ámbito empresarial, en cambio, piensan que si no prosperó hasta ahora el Fondo de Cese Laboral es porque se trata de un esquema “caro y complicado” para el sector empleador, donde, a juicio de un abogado que asesora a la industria, puede ser “casi imposible compaginar los viejos trabajadores con los nuevos en materia indemnizatoria”, además de las dudas que genera quién y cómo administrará los fondos del sistema.
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