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Parana » APF
Fecha: 15/10/2025 18:30
Así lo dispuso este miércoles la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, al revocar la resolución de su par de Garantías, Paola Firpo, que el 15 de septiembre no hizo lugar al pedido de Fiscalía de abrir los celulares de los cinco policías investigados por cobrar adicionales que supuestamente no se cumplían. Se investiga una presunta estafa al Estado por una suma superior a los 27.000.000 pesos. Hay nuevos policías imputados y no se descarta que haya más. miércoles 15 de octubre de 2025 | 17:45hs. La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, resolvió este miércoles revocar la sentencia de su par de Garantías, Paola Firpo, y ordenó abrir los celulares de los cinco policías que son investigados por el presunto cobro de adicionales de custodia de transporte blindado (traslado de valores Bersa) que no se habrían cumplido, supuestamente ocurridos entre enero y mayo de este año. Se presume un perjuicio al erario público de más de 27.000.000 pesos. El caso La investigación se realiza "a fin de investigar las presuntas irregularidades, cometidas entre los meses de enero a mayo de 2025, en la liquidación, cobertura, cargas y cobros del servicio adicional de custodia de transporte blindado (traslado de valores Bersa), llevadas a cabo por el jefe de la División de Policía Adicional de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, comisario Inspector Fernando Oscar Urquia; sargento ayudante, Vanesa Marina Paola Bértoli, numeraria de la Sección Cobradores de la División de Policía Adicional; cabo primero Julia Evangelina Sangoy, numeraria de la Sección Cobradores de la División de Policía Adicional; cabo primero, Mauricio Javier Colignon, de la División Arquitectura de la Dirección General de Administración y Logística; y por el segundo jefe de la División de Despacho de la Dirección General de Personal, oficial inspector, Walter Ramón Broder, todos dependientes de la Policía de Entre Ríos". Los montos investigados Fiscalía sostiene que Bertoldi, que era la que cargaba los adicionales, se apropió indebidamente en el período investigado de una suma superior a los 9.000.000 pesos por más de mil horas que no se habrían concretado; en tanto que Broder lo habría hecho por 3.780.820 pesos por 510 horas; Colignon, por 4.235.406 pesos por 560 horas; y Sangoy, en 567.888 pesos, por 76 horas. Fiscalía entiende que es necesario abrir los celulares porque precisa determinar si hubo otros efectivos implicados, si Urquía percibió un retorno en función de quien era el que avalaba las planillas cuando ya estaba al tanto de las irregularidades porque se lo informó una comisario que advirtió el ardid, entre otras medidas. Antecedente En la audiencia que se realizó el lunes 15 de septiembre, Firpo, rechazó el pedido del fiscal, Gonzalo Badano, de permitir abrir los celulares de los sospechados porque entendió que la indeterminación del hecho imputado y de la medida solicitada –dijo que la investigación iba “a la pesca” y pretende obtener evidencia para imputar de los celulares porque no realizó otras medidas- y la intromisión en la intmidad de las personas, no lo permitían en ese momento, dejando abierta la posibilidad de que, con más evidencia, se volviera a solicitar y se habilitara. Firpo expresó en aquella resolución que le quedaba "muy claro" que lo que pretendía Fiscalía con el pedido era, "en esta instancia, sin tener una investigación clara", sin que se determine "hacia quien va dirigida" ni por qué se imputa a cinco efectivos cuando del hecho se desprende que habría otras responsabilidades, "ir a la pesca para después formular la acusación". En la audiencia de este miércoles el fiscal reiteró conceptos que alegó en las dos audiencias anteriores y se apoyó en una planilla -que exhibió en una pantalla-, con evidencia de cargo que utilizó para sostener la necesidad de abrir los celulares para determinar una serie de relaciones y situaciones que le permitirían precisar el hecho y las presuntas responsabilidades. El fiscal precisó que se imputó a más efectivos, más allá del sumario que se sustancia en la fuerza, y adelantó que no descarta que haya más funcionarios implicados. Badano cuestionó la resolución de Firpo por arbitraria y falta de fundamentación. Criticó que no respondió a los planteos de la acusación y alegó que el rechazo del pedido le causaba un gravamen irreparable a su pesquisa. El 15 de septiembre, el fiscal solicitó que se permitiera la apertura de los celulares de los imputados por el período 15 de diciembre de 2024 a mayo de 2025, limitando la intervención a los mensajes de Whatsapp y a las aplicaciones que contaran con servicio de mensajería, solamente para la información pertinente para la investigación. Sólo la defensa de Urquía, Bértoli y Sangoy, a cargo de Eduardo Gerard, se opuso al pedido del fiscal y hoy lo volvió hacer argumentando que la causa tiene como motivación "una interna policial", añadiendo que Fiscalía basa la acusación en información surgió de la misma fuerza, donde hay un sumario en trámite. Cuestionó que el pedido del fiscal pone a todos los sospechosos en un mismo plano y así pide la misma medida para todos. Agregó que Sangoy pidió declarar, negó los hechos y explicó su situación. Los defensores de Broder y Colignon, Fernando Quinodoz y Hernán Saín, respectivamente, no se opusieron al pedido del fiscal en la audiencia de septiembre, pero pidieron límites a la pretensión fiscal. En esta audiencia, Quinodoz sí se opuso resalatando la intromisión a la intimidad de las personas. Saín no concurrió. La prueba pendiente era un informe del análisis de los celulares secuestrados y peritados, del jefe de Adicionales, y del de la División Adicionales, que en el Decreto 143 determina que la comunicación entre la fuerza y el Bersa para la coordinación del servicio, se realice por Whatsapp, que fue autorizada por Firpo. En este punto, Fiscalía argumentó que esta habilitación era contradictoria con la negativa a abrir los celulares puntualizados. Gerard respondió que no era contradictorio porque se trataba de dos celulares de uso oficial, pero en el caso de los de sus defendidos significaba meterse “en la vida de una persona”, en referencia a la importancia del celular en la existencia de las personas. (APFDigital)
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