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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 14/10/2025 23:05
La interna judicial entre “battainistas” y “loffleristas” crece a niveles escandalosos. Los jueces Acosta y Pepe suscribieron un fallo que bordea el maltrato institucional: minimizaron la denuncia de hostigamiento realizada por la jueza y la conminaron a “ajustarse al decoro”. La magistrada había ordenado allanar la casa y la oficina de su colega Andrés Leonelli, investigado por tenencia de material de abuso infantil, medidas que algunos jueces parecen considerar solo aplicables al ciudadano común. Camaristas Aníbal Acosta y Sergio Pepe. Un reciente fallo de la Cámara Penal de Apelaciones de Ushuaia, rubricado por los jueces Aníbal Acosta y Sergio Pepe —y sin la firma de la tercera integrante del cuerpo, Anahí Petrina—, revela un tono inusualmente crítico hacia la jueza de Instrucción del Juzgado Nº 2 del Distrito Judicial Sur, María Cristina Barrionuevo, por su actuación en la causa en la que fue investigado el camarista Andrés Leonelli tras una denuncia presentada por la organización Missing Children, que lo señalaba como poseedor de imágenes de niños en situación de abuso sexual alojadas en su nube de Google. En el fallo, Acosta sostiene que Barrionuevo actuó “de modo poco ortodoxo” al justificar en su resolución los criterios aplicados durante la instrucción de la causa, y cuestionó que la magistrada “ensayó justificaciones asociadas a los criterios adoptados a lo largo del sumario”, entre los que —según el camarista— “controvierte la actuación de esta Sala Penal”. Estas apreciaciones, revestidas de formalidad técnica, fueron interpretadas como una rebuscada manera de expresar su desacuerdo con las medidas dispuestas por Barrionuevo durante la instrucción, como por ejemplo el allanamiento del domicilio particular del juez Leonelli, su despacho en la Cámara de Apelaciones y el secuestro de sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Los términos utilizados en el fallo de fecha 13 de octubre, identificado como Resolución Nro. 1524 tomo VII folio 425/432, mediante el cual sobreseyeron en forma definitiva e inapelable a Leonelli, infieren un trato despectivo hacia la jueza, que el mes pasado había planteado una queja por el hostigamiento que, según sus palabras, habría recibido por parte de Leonelli y su abogado defensor. Lejos de reconocer la situación denunciada por Barrionuevo, Acosta la desestimó de plano afirmando que tales planteos eran “atribuciones subjetivas sin correlato objetivo en los actos procesales” y que la jueza debía actuar con “prudencia al valorar el ejercicio de la defensa por las partes”. En esa línea, el camarista sostuvo que no puede considerarse temeraria o maliciosa la actuación de una defensa que ejerce sus derechos, incluso si sus planteos resultan rechazados. ¿Quién es la jueza María Cristina Barrionuevo?. Es una abogada de antigua trayectoria en el Poder Judicial de Ushuaia y encargada de impartir justicia en los más resonantes casos ocurridos en Tierra del Fuego desde antes que fuera inclusive provincia. Pese a ello, hoy está siendo sometida a fuerte presiones que parecen tener como objetivo que se jubile y que deje libre el Juzgado de Instrucción Nro. 2. La magistrada denunció el mes pasado haber sufrido intentos de “amedrentamiento” y una “aversión pocas veces vista” por parte del camarista Andrés Leonelli y su defensor particular, Gustavo Ariznabarreta. Ahora, sus colegas Aníbal Acosta y Sergio Pepe firmaron un escrito inaudito con términos técnicos y rebuscados que enmascaran un evidente maltrato y menoscabo personal. En un gesto de franco apoyo al accionar de Leonelli y de su letrado, en detrimento del reclamo de maltrato pronunciado por la magistrada, Acosta expresó: “.. es muy difícil establecer hasta dónde llegan los derechos de una sagaz defensa y donde comienza el reprobable engaño”. Finalmente, el camarista Acosta culminó con una exhortación directa a su colega, señalando:“Por la entidad y significación de las severas calificaciones asumidas por la Sra. Jueza de grado, no cabe sino exhortarla a ajustar su actuación a la dignidad de su función y decoro propios de su investidura”. El texto —que también lleva la firma del juez Sergio Pepe— se inscribe en un contexto de fuerte interna judicial en Tierra del Fuego, con divisiones cada vez más marcadas entre los sectores identificados como “löffleristas” y “batainistas”, según su alineamiento con las figuras del Superior Tribunal. En ese marco, fuentes tribunalicias señalan que sobre Barrionuevo además se habrían intensificado las presiones para que se acoja a la jubilación, en razón de su extensa trayectoria y viabilidad por edad. El Juzgado de Barrionuevo es un botín atractivo para las fuerzas políticas en tensión, y quienes aspiran a ocuparlo parecen no ahorrar acciones para disuadir a la histórica jueza de continuar en su cargo, inclusive el maltrato. El proceder de los camaristas Acosta y Pepe trasciende en su importancia sin dudas al principal motivo del fallo, que fue sobreseer de manera definitiva a su par, el también camarista Andrés Leonelli y asegurarle una figura que impida que el caso se reabra a futuro, aún cuando pudieran surgir elementos que tengan que ver con el mismo. La gravedad institucional radica en que si ocuparon decenas de renglones para criticar a una magistrada por haber aplicado medidas de allanamiento y secuestro de dispositivos, igualando así a los magistrados con los ciudadanos comunes y ello se convierte, a ojos del Poder Judicial, en un hecho reprochable porque esperan para sí un trato prebendario, entonces es grave. El proceder de los camaristas Acosta y Pepe trasciende en importancia al propio objeto del fallo, que fue sobreseer de manera definitiva a su par, el también camarista Andrés Leonelli, y garantizarle una figura que impida cualquier reapertura del caso, aun si surgieran nuevos elementos vinculados al mismo. La verdadera gravedad institucional radica en que, mientras dedicaron decenas de líneas a cuestionar a una magistrada por haber ordenado allanamientos y secuestros de dispositivos —equiparando así a un juez con cualquier ciudadano frente a la ley—, el mensaje que se desprende es que, dentro del Poder Judicial, sigue habiendo quienes esperan un trato de privilegio. Y eso, en una República, es tan inadmisible como preocupante.
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