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» SL24
Fecha: 10/10/2025 01:55
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp El reclamo formal que llegó al despacho del ministro Luis Caputo no es uno más en la lista de tensiones económicas del gobierno. Representa una advertencia concreta sobre el colapso de una de las pocas industrias energéticas federales que logró sostener inversión, empleo y exportaciones durante los últimos veinte años. Las tres cámaras que agrupan a las empresas elaboradoras de biodiésel para el corte obligatorio con gasoil —CEPREB, CASFER y CAPBA— firmaron una nota conjunta en la que denuncian dieciséis meses consecutivos de incumplimiento de la Ley 27.640, que regula el régimen de biocombustibles. El texto, dirigido a Caputo, describe con precisión el efecto del congelamiento de precios y acusa a la Secretaría de Energía de “fijar valores arbitrarios que ni siquiera cubren los costos de producción”. Según la presentación, el precio publicado por Energía para octubre de 2025 fue de $1.508.754 por tonelada, mientras que el valor que surge de la fórmula oficial debería haber sido $1.621.868. “El precio fijado por el Estado ni siquiera cubre el costo del aceite de soja, que promedió $1.563.100 la tonelada en la primera semana del mes”, advierten las cámaras, que calculan un quebranto acumulado de 53 millones de dólares. Una industria clave que se apaga El biodiésel no solo es una política ambiental. Es una cadena de valor que integra campo, industria y energía. La fórmula automática que debía garantizar rentabilidad mínima del 3% sobre el capital invertido. No se cumple, desde mediados de 2024 la Secretaría de Energía dejó de aplicarla sistemáticamente, alterando los precios sin publicar fundamentos técnicos. El resultado fue inmediato: plantas paralizadas, reducción de turnos, suspensiones y, en algunos casos, cierre temporario de operaciones. En la provincia de Santa Fe, donde se concentra más del 80% de la capacidad productiva nacional, el impacto se siente en toda la red logística, desde transportistas hasta laboratorios de control ambiental. Mirá también Una generación después de la 125: Sofía de Hagen busca representar al campo en el Congreso de la Nación Cientos de empleos en riesgo El documento de las cámaras advierte que cientos de empleos directos e indirectos están en riesgo. Las empresas del Cordón Industrial de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes se encuentran entre las más afectadas. El reclamo no es solo económico, sino también federal: la industria de biocombustibles es una de las pocas que redistribuye valor agregado fuera del AMBA, generando empleo calificado y actividad exportadora. En las localidades portuarias del sur santafesino, donde el biodiésel se convirtió en motor productivo, el temor es que una decisión administrativa en Buenos Aires vuelva a dejar a la región a la intemperie. La política detrás del precio Más allá de la cifra puntual, el reclamo al ministro Caputo tiene lectura política. La falta de actualización del precio regulado es interpretada dentro del sector como una señal contradictoria del gobierno: mientras la administración nacional promueve la inversión privada y la desregulación, mantiene una política discrecional sobre el único combustible renovable que tiene base industrial argentina. “Cumplir con la ley elevaría el precio del gasoil en apenas $7 por litro, menos del 0,5% del valor al surtidor”, explican los productores. “El ahorro que busca el Estado es mínimo, pero el daño a la industria es irreversible.” El contraste es brutal: un ahorro fiscal ínfimo a cambio de una pérdida estructural para un sector que sustituye importaciones, genera divisas y promueve la transición energética. En la carta, las cámaras no ocultan su indignación: acusan a la Secretaría de Energía de actuar con “impericia o voluntad manifiesta de perjudicar a la industria” y piden la intervención personal del ministro Caputo. “Solicitamos la inmediata publicación del precio conforme la fórmula legal y el restablecimiento de la rentabilidad mínima del 3%, como exige la ley vigente”, señala el texto, que lleva las firmas de los presidentes de las tres entidades. El espejo santafesino La provincia de Santa Fe concentra el núcleo duro de la industria de biodiésel argentina. Desde San Lorenzo, Ricardone, Puerto General San Martín, Timbúes y Alvear, parten los principales embarques del país hacia el exterior. Cada planta es una pequeña usina de valor agregado: transforma aceite de soja en energía limpia, genera trabajo industrial y compite con refinadoras internacionales. Por eso, la queja no es técnica sino existencial. “El precio oficial no cubre ni los insumos, ni la energía, ni los impuestos. Es inviable seguir produciendo en estas condiciones”, señaló un empresario del sector consultado por SL24. La advertencia no pasa inadvertida en los sindicatos. Desde el gremio de Aceiteros y los representantes del personal de mantenimiento industrial confirmaron que ya se están registrando reducciones horarias y amenazas de despidos. Un modelo en retroceso Mientras países como Brasil y Estados Unidos amplían los incentivos a los biocombustibles, Argentina vuelve a poner en duda su propio esquema. La falta de previsibilidad, la discrecionalidad administrativa y la ausencia de diálogo técnico son los tres ejes de un reclamo que hoy unifica a todo el arco empresario del biodiésel. La industria local, que en su momento fue referencia mundial, hoy sobrevive sin rentabilidad y sin horizonte. Lo que está en juego no es solo el futuro de una matriz energética más limpia, sino también la permanencia de una red industrial que da trabajo a cientos de familias del Cordón Industrial. El pedido final La carta a Caputo cierra con una definición que suena a ultimátum: “El sector ha sostenido su producción a pérdida durante más de un año. Lo hemos hecho por compromiso con el país y con nuestros trabajadores. Pero no podemos continuar si el Estado incumple su propia ley.” Detrás del reclamo, se percibe el agotamiento de un modelo que pretendía equilibrar rentabilidad con política pública. El biodiésel fue concebido como símbolo de desarrollo federal y transición energética, pero hoy enfrenta el riesgo de ser otra víctima del ajuste desordenado. En los puertos de San Lorenzo y Puerto General San Martín, donde los tanques comienzan a vaciarse, el mensaje de los empresarios suena con claridad: sin reglas, sin ley y sin precio justo, no hay industria que aguante.
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