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Paraná » 9digital
Fecha: 09/10/2025 01:11
El policía acusado de lesionar de gravedad a una mujer durante una manifestación en la ciudad de Colón a principio de este año quedó al borde del juicio oral. Así lo adelantó la querella que entendió que la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) está agotada. La víctima del hecho participaba de una protesta el 18 de marzo por el suicidio de una menor que había sido abusada sexualmente. En un momento la protesta subió de tono porque los manifestantes querían linchar al abusador y un efectivo efectuó un disparo de escopeta con posta de goma para disuadir, pero lastimó de gravedad a Nilda Mabel Viollaz. El abogado querellante Martín Jáuregui contó en diálogo con Estación Plus que su representada “tuvo tres intervenciones quirúrgicas y quedó discapacitada. Técnicamente tiene una incapacidad total y permanente de su pierna, con un pronóstico aún indefinido, porque no se sabe cómo va a terminar exactamente. Pero en definitiva, clínicamente no pudieron revertir su cuadro como para que vuelva a caminar”. Sobre el contexto del hecho, el abogado detalló que “algunos lo insultaban e intentaban agredirlo hasta que, con gas pimienta y otras acciones policiales, la multitud se comenzó a dispersar. La reacción ya estaba prácticamente diluida cuando el funcionario policial que denunciamos efectuó un disparo con su arma —tipo escopeta—, impactando cinco postas de goma en la pierna de la señora Nilda Mabel Viollaz”, y añadió: “Queda claro que este sujeto ingresa a destiempo en ese contexto, con acciones violentas cuando ya no había ningún valor jurídico que proteger ni nadie a quien cuidar, porque ya estaba todo resuelto. Fueron disparos a muy corta distancia, a unos tres metros —centímetro más o centímetro menos—. Esto le causa lesiones de carácter grave en la rodilla… Pese a los meses transcurridos, no hay tratamiento que le haya devuelto la posibilidad de caminar”. “No creo que lo que pasó haya sido enmarcado en una directiva, y menos considerando que el mismo sujeto tiene antecedentes de comportamientos que se asemejan; pero igualmente, cuando uno toma nota de las conductas de la Superioridad, se ponen dudas”, apuntó el letrado y agregó: “Después que pasó el hecho, el Jefe Departamental Colón se puso a defender el procedimiento. Un procedimiento indefendible. Lo vivo como un retroceso institucional. Y lo digo lamentándome, desde una mirada constructiva, sin ningún interés político, porque va más allá de las gestiones y los partidos de turno. Están faltando mejores niveles de formación y profesionalismo de las fuerzas de seguridad de la provincia. Si hubiera gente preparada y los test psicofísicos se hicieran correctamente, más exhaustivos, no deberíamos los ciudadanos exponernos a estas situaciones”. La causa hoy Jáuregui afirmó que la conducta encuadra —a su criterio— con los delitos de Lesiones Graves Calificadas, por ser cometida por un miembro de la fuerza de seguridad, en concurso ideal con abuso de autoridad. “Consideramos que este efectivo de la Policía de Entre Ríos protagoniza la autoría material. El escenario en que nos encontramos a la fecha es una Investigación Penal Preparatoria muy avanzada, casi por ir a juicio. Ahora tendremos una pericia en estos días, para determinar el ángulo de ingreso de las postas, y ya hay condiciones para pedir la elevación a juicio en este momento”. Quien trabaja junto al Ministerio Público Fiscal en reclamo y resguardo de los derechos de la víctima, agregó: “La querella ha recolectado muchos testimonios. La Defensa intentó ‘embarrar un poco la cancha’ respecto a algún testimonio que quisieron teñir de dudas. A mi modo de ver, no lo podrán concretar, porque después de contundentes testimoniales a las que se llegaron, se ratifican con pericias, que dan cuenta de la veracidad de los relatos. Las testimoniales reunidas se ven corroboradas y ratificadas, y no por una sola prueba, sino por múltiples pruebas. El plexo probatorio es suficientemente homogéneo y contundente, no hay misterios”. El letrado dijo que la mujer quedó en silla de ruedas, que no puede trabajar más y que no tiene ayuda de ningún tipo del Estado. “Sus proyectos terminaron, su vida quedó arruinada literalmente. Obviamente que hay que reclamar un resarcimiento y no será al efectivo policial, sino al Superior Gobierno de la Provincia. Después de la condena penal, viene la condena civil, que seguramente la pagará el próximo gobierno, o alguno que venga, pero el momento llegará”.
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