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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 08/10/2025 14:07
El financista, que está en prisión domiciliaria por cobrarle 200 mil dólares a dos empresarios para el cierre de una causa por lavado, reconoció los delitos y abre la causa hacia más involucrados. El empresario financiero rosarino Fernando Whpei se convirtió en arrepentido en la causa penal que implica por distintos delitos al exjuez federal Marcelo Bailaque, en la que él mismo está imputado y cumpliendo prisión domiciliaria. Esto significa que produjo una declaración en la que se reconoció como parte de los ilícitos investigados y aportó detalles para la continuidad de la pesquisa. El acuerdo de colaboración en la que Whpei se reconoce como imputado colaborador supone la activación de nuevas medidas de prueba que pueden llevar eventualmente a generar nuevos involucrados en el trámite. El trámite se dio la semana pasada en Rosario, donde se formalizó un convenio con una declaración que fue reservada y ya homologada por un juez de garantías. Whpei, un influyente empresario de vínculos con sectores encumbrados y transversales de la política rosarina, se le imputó haber realizado una extorsión contra los agentes de bolsa Claudio Iglesias y Jorge Oneto, en coordinación con el ex magistrado Bailaque y con el ex director regional de la ex AFIP Carlos Vaudagna. Este último había aceptado en marzo declarar como arrepentido. La acusación sostiene que el rol de Whpei fue exigirles dinero a Iglesias y Oneto, a cambio de influir para librarlo del proceso judicial en su contra. Al reconocer su participación en los hechos imputados como condición para ser arrepentido Whpei se asegura, merced al artículo 41 TER del Código Penal, un beneficio en la reducción de la escala penal cuando se le imponga condena. En el teléfono secuestrado a Vaudagna se verifican vínculos entre Whpei y el operador judicial santafesino Santiago Busaniche que ya son analizados en este trámite en la Justicia Federal de Rosario. El juez, el fisco y las finanzas El fiscal federal Juan Argibay Molina sostuvo en reiteradas audiencias que Bailaque, Vaudagna y Whpei orquestaron una causa penal a partir de una denuncia anónima en la AFIP que se radicó el 14 de agosto de 2019 en el juzgado federal 4 de Rosario. La denuncia, genérica y sin datos, indicaba que los acusados lavaban dinero del narcotráfico y tenían vínculos con Los Monos. El juez Bailaque ordenó pedidos para obtener información sobre Iglesias y Oneto. Whpei se conectó con Iglesias a través de un empresario amigo de éste para exigir dinero al denunciado. “Tenés un tema grave de gente que es anónima pero no tanto. Pero tenés una alternativa para que esto se solucione. Soy amigo personal del juez que tiene la causa”, dijo Iglesias que le señaló Whpei. Quien según el fiscal le exigió 200 mil dólares. Ante la intimidación, según reconoció Iglesias, accedieron a entregarle el dinero a Whpei. Iglesias declaró que esas entregas se hicieron todas en la oficina de Fernando Whpei y en su domicilio particular. Luego de la entrega inicial de 40 mil dólares le pidió que aportara más dinero. En total, según el fiscal Whpei recibió 160 mil dólares. La imputación contra Whpei fue por los delitos de extorsión y concusión. Al financista le atribuyeron una acción con cuatro ejes. El primero fue haber participado del armado de una causa penal contra los empresarios bursátiles Iglesias y Oneto. El segundo fue hacer saber a Iglesias de la ecausa penal en su contra para proponerle una solución. El tercer paso fue pedir dinero mientras avanzaba la investigación. El cuarto fue consumar el cierre de la investigación cuando se encontrara hecho el pago. Esta causa fue impulsada junto a otras por los contenidos del celular de Vaudagna, una bomba en cuanto a evidencia de delitos en el ámbito de la política, de empresarios y del campo fiscal en las que intervienen en total nueve fiscales federales. Actúan funcionarios de las jurisdicciones de Rosario, Santa Fe y Reconquista. También los superiores de las fiscalías especializadas como la Procuración de Narcotráfico (Procunar), la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). La Política On Line
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