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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 08/10/2025 10:04
Compartilo con El gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de tramos clave de rutas nacionales con peaje, marcando un hito en su gestión para transferir la infraestructura vial al sector privado. Tras dos prórrogas y más de 20 modificaciones sustanciales en los pliegos, se espera que hoy se realice la apertura de ofertas para los tramos “Oriental” (Autovía del Mercosur) y “Conexión” (Puente Rosario-Victoria) – el ex Corredor Vial 18 concesionado a Caminos del Río Uruguay-, buscando asegurar un mínimo de tres propuestas por sección. Esta iniciativa, la primera de dieciséis privatizaciones en carpeta, busca dinamizar la inversión y el mantenimiento de la red vial argentina. Proceso licitatorio: transparencia y competencia El proceso licitatorio, abierto a empresas nacionales y extranjeras dedicadas a obras e infraestructura pública, se desarrolla bajo un esquema de dos sobres. El “Sobre 1” contendrá los antecedentes económicos, técnicos y patrimoniales de los oferentes, junto con las garantías de mantenimiento de ofertas. Para el Puente Rosario-Victoria, la garantía es de $1.000 millones, mientras que para el tramo Oriental de la Autovía del Mercosur asciende a $3.600 millones. Posteriormente, el “Sobre 2” revelará la tarifa de peaje propuesta, la cual no podrá exceder los valores tope de referencia: $4.300 para el tramo Oriental y $4.056 para el tramo Conexión. Una comisión evaluadora dispondrá de 10 días corridos para analizar las propuestas y descartar aquellas que no cumplan los requisitos. La adjudicación se basará en la “mejor oferta económica” (menor tarifa de peaje) o, en su defecto, en el “menor plazo de concesión” (inferior o igual a 30 años). En caso de empate, se recurrirá a una instancia de mejora de ofertas o, si la paridad persiste, a un sorteo público y transparente. Modificaciones clave y respaldo financiero del BICE y FOGAR Con la apertura de las ofertas se da otro paso más en la privatización de las rutas: proceso, financiamiento, peajes y empresas interesadas. Para asegurar el éxito de la privatización de rutas con peaje, se introdujeron significativas modificaciones a las bases y condiciones. La más destacada es una nueva “herramienta fiduciaria de financiamiento y garantía” opcional, implementada a través de un “esquema fiduciario de garantía y fondeo” del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). Este mecanismo permite un financiamiento de hasta $56.000 millones o el 70% de la inversión total, con una tasa de UVA +2% y un plazo de repago de hasta 6 años con uno de gracia. Además, el gobierno habilitó el uso del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) como respaldo para las empresas oferentes. Las compañías podrán utilizar el FOGAR como garantía de devolución de préstamos en caso de que el Estado frene o recorte los aumentos de peajes previstos en los contratos, cubriendo los montos afectados. Esta medida busca mitigar el riesgo de congelamientos tarifarios y asegurar el financiamiento de las obras. Martín Maccarone: el coordinador clave Martín Maccarone, ingeniero industrial y ex-director de Coinsa Construcciones S.A., desempeña un rol crucial en el proceso. Aunque su cargo como secretario de Coordinación de Infraestructura no fue oficializado inicialmente, su incorporación formal al equipo económico de Luis Caputo para coordinar obra pública, transporte y vivienda se concretó meses atrás. Maccarone desplegó gestiones ante las principales empresas constructoras para fomentar su participación, buscando destrabar deudas y asegurar ofertas. Intereses Empresariales y Oportunidades Colaterales La lista tentativa de constructoras interesadas en la privatización de rutas con peaje incluye a Eleprint, Panedile, Supercemento, Chediack, Cartellone, Roggio y Rovella Carranza. Si bien el sector constructor es el principal objetivo, los pliegos permiten que cualquier empresa nacional o extranjera dedicada a obras e infraestructura pública participe, siempre que esté habilitada para contratar con la administración nacional. Los nuevos contratos de concesión contemplan la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y servicios al usuario, además de habilitar “explotaciones complementarias o colaterales”. Entre los negocios colaterales permitidos se encuentran centros comerciales, paradores, estaciones de servicio, confiterías, hoteles, lavaderos, farmacias, cajeros automáticos, depósitos fiscales y telecomunicaciones. Las concesionarias también podrán reubicar estaciones de peaje e instalar nuevas, debiendo implementar sistemas de cobro automático “free flow” y dispositivos de identificación de patentes en el primer año. Obras y valores de peaje Los concesionarios deberán ejecutar tres tipos de obras contractuales: “Iniciales de Puesta en Valor” (para recuperar transitabilidad y seguridad), “Obligatorias” (reparación de calzadas, reconstrucción de distribuidores, recambio de iluminación LED) y “Rehabilitación” (bacheo profundo, fresado, nuevas bases asfálticas). Las tarifas de peaje solicitadas no podrán superar los “valores topes de referencia” ya mencionados: $4.300 para el tramo Oriental y $4.056 para el tramo Conexión. Finalmente, se establece que los contratos afectados por una ruptura de la ecuación económico-financiera podrán renegociarse, incluyendo ajustes en peajes, diferimiento de inversiones o compensaciones directas del Tesoro Nacional. Este marco busca dar previsibilidad y sostenibilidad a las inversiones en esta ambiciosa privatización de rutas con peaje.
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