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» Misionesopina
Fecha: 08/10/2025 06:55
El Boletín Oficial de este martes 7 de octubre volvió a mostrar la fractura política en Garupá. Allí se publicaron la Ordenanza N° 727, aprobada por el Concejo Deliberante para otorgar beneficios a exsoldados bajo bandera durante la Guerra de Malvinas, y el Decreto N° 103, con el que el intendente Luis Ripoll la vetó en su totalidad. El proyecto del Concejo, presidido por un renovador de una línea distinta a la del jefe comunal, buscaba eximir del pago de la Tasa General de Inmuebles y de las tasas de licencia de conducir a quienes fueron movilizados en 1982, aunque no hubieran pisado las islas. El argumento era claro: reconocer institucionalmente a vecinos que cumplieron funciones logísticas y de apoyo en aquel contexto histórico. Pero Ripoll frenó el gesto. En su decreto, sostuvo que no existe un registro oficial que acredite la condición de exsoldado bajo bandera, lo que vuelve impracticable la aplicación de la ordenanza. También advirtió que extender beneficios a todos los movilizados sería injusto frente a los veteranos combatientes reconocidos por ley y que, además, podría comprometer las finanzas municipales en plena recesión. La decisión no se lee solo en clave administrativa, sino sobre todo política. El veto es un nuevo episodio del enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Concejo, que refleja la disputa interna en el Frente Renovador y la falta de sintonía entre facciones. En la práctica, cualquier iniciativa del Deliberativo es resistida por el intendente, que hace sentir su poder de freno. En el medio, quedan los exsoldados bajo bandera, que recibieron un reconocimiento simbólico del Concejo, pero chocaron con la negativa del Ejecutivo. El mensaje de Ripoll es contundente: en Garupá, las ordenanzas pueden votarse, pero la última palabra la tiene el intendente.
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