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» Diario Cordoba
Fecha: 07/10/2025 11:53
El ex concejal de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba David Dorado ha afirmado este martes, durante la última sesión del juicio celebrado contra él por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba por presunta prevaricación, que "firmaba toda la documentación sin leerla". En esta línea, al inicio del interrogatorio del Ministerio Fiscal, ha explicado que "confiaba en la buena fe de los funcionarios y en el buen hacer". También ha aludido a la existencia de "una casilla para la firma masiva" de documentos, por lo que "ni siquiera los leía". David Dorado ha descrito como "tendencioso" el informe elaborado por Miguel Aguilar, el responsable de la asesoría jurídica municipal. Este último, citado como testigo en el juicio, manifestó que el contrato firmado por David Dorado para el servicio de seguridad en los colegios fue "una patada a toda la legislación" aplicable a la materia. Precisamente, el supuesto enfrentamiento personal entre ambos ha sido una de las claves planteadas por la defensa del ex concejal de Infraestructuras. De hecho, en su turno de última palabra David Dorado ha aludido a sus diferencias, recordando que denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la contratación de alumbrado público y también su valoración sobre el papel desempeñado por el letrado municipal, lo que "hirió mucho el amor propio del señor Miguel Aguilar", dando lugar a que este anunciase posibles acciones judiciales contra Dorado. Sin embargo, en opinión del ex concejal, "en lugar de ir de frente y sufragar los gastos de su bolsillo, ha hecho abuso de poder y ha empleado recursos públicos". Ante esta declaración, el magistrado presidente de la sala, José Francisco Yarza, ha recordado a David Dorado que "el uso de la última palabra es para objeto de este procedimiento". En concreto, en esta causa se pretende esclarecer si el ex concejal del Ayuntamiento de Córdoba prevaricó, presuntamente, al firmar un contrato con Eulen para la seguridad en los colegios, en septiembre de 2020, cuando ya existía otro prorrogado con la empresa adjudicataria hasta noviembre de 2020. Se da la circunstancia de que el contrato se firmó en septiembre, con fecha del mes de mayo anterior. Eulen se hallaba ya prestando el servicio de forma subcontratada (algo que no permitía el pliego de condiciones) y la adjudicataria había manifestado que no le interesaba continuar prestando el servicio. Sin competencias para firmar En cuanto a la valoración pericial de lo ocurrido, técnicos municipales han detallado durante el juicio que David Dorado no tenía competencias para firmar contratos (salvo para un programa muy concreto en los barrios), abundando en que se habrían empleado de forma indebida contratos menores y que se habrían omitido los diferentes requisitos legales. David Dorado ha precisado este martes que "hay dos contratos, uno firmado por mi y otro no. La mayor parte de las facturas se derivan del contrato que no está firmado por ninguna parte del Ayuntamiento y tampoco es cierta la cifra de 50.000 euros (en facturas) del contrato que yo firmé". El Ministerio Fiscal le ha preguntado si conoce que toda persona mayor de edad es responsable de lo que firma y de sus resultados, a lo que el encartado ha respondido que "bueno, no lo sé". Además, ha insistido en que actuó de acuerdo con las indicaciones del alcalde de Córdoba, José María Bellido. "Era urgente" Este martes también ha declarado en el juicio el responsable de gestionar los servicios de alarmas en edificios públicos y colegios cuando se firmó el contrato investigado. El testigo, ya jubilado, ha detallado que si no se hubiera firmado un contrato para la gestión de las alarmas, se hubiese paralizado "todo", porque era un requisito legal para la prestación del servicio. "Era urgente", ha confirmado durante el interrogatorio, apuntando que cubría el funcionamiento de botones de solicitud de auxilio; de las instalaciones de incendios o de la seguridad en bibliotecas y museos. En cuanto a las facturas, ha indicado que "se tramitaban directamente con informe de necesidad y no podían superar 3.000 euros al mes" según le exigía su jefe, una persona que también ha sido procesada en diferentes causas del caso Infraestructuras. 12 años de inhabilitación En sus conclusiones finales, la acusación pública, representada por el fiscal Manuel Carlos Jiménez, ha mantenido la petición de condena para David Dorado. Solicita que se le impongan 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación, un delito que tiene lugar cuando una autoridad o un funcionario público, "a sabiendas de su injusticia", dicta una resolución "arbitraria en un asunto administrativo", según recoge el Código Penal. "No entiendo que sea mínimamente razonable que se nos diga que no sabía lo que firmaba. Toda persona mayor de edad es responsable de lo que firma y del resultado de lo que ha firmado", ha afirmado en la lectura de su informe. "Ha salido indemne de todo" La investigación de los hechos ha sido desarrollada por el juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba en el marco del caso Infraestructuras. Así, la defensa de David Dorado, representada por el abogado Carlos Arias, ha recordado este martes que, "hasta la fecha, ha salido indemne de todo", en alusión a los diferentes procedimientos judiciales donde se le ha investigado por presuntas irregularidades en la contratación del área de Infraestructuras. La defensa ha solicitado la absolución y ha citado el refrán "a perro flaco, todo son pulgas", en referencia a la situación de David Dorado, quien "entra en el Ayuntamiento de Córdoba con un partido (Ciudadanos) que se crea expresamente para luchar contra la corrupción". Fue cesado por el alcalde en 2021, dos años después de su llegada. Carlos Arias ha destacado en su informe final que "quien busca, encuentra", en alusión a las distintas causas. También se ha preguntado "¿Qué control había en el Ayuntamiento?" y ha asegurado que "se estuvo pagando un montón de tiempo, ¿quién vigiló eso?". En este sentido, ha explicado que "no fue una adjudicación caprichosa", porque pretendía "ganartizar la continuidad de un servicio esencial", la seguridad, en plena pandemia de coronavirus. Además, ha indicado que no se ha producido perjuicio económico y que "no ha quedado acreditada ni la intención ni la conciencia de ilegalidad". De hecho, el servicio continuó prestándose a través de contratos menores hasta que en 2023 se adjudicó a la misma empresa, Eulen.
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