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  • Tres acusados se enfrentan a nueve años de cárcel por una estafa con lotería de Navidad en Córdoba

    » Diario Cordoba

    Fecha: 07/10/2025 11:49

    Tres acusados se enfrentan a penas que suman nueve años de prisión en Córdoba por, supuestamente, estafar a una administración de Loterías con la venta de décimos del sorteo de Navidad. Los hechos serán juzgados este miércoles por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba. El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal indica que dos de los procesados son padre e hijo. De acuerdo con su relato, un encartado acudió a una administración de Loterías de la capital y contactó con el empleado, ofreciéndose a vender décimos. Este trabajador accedió y le proporcionó varios billetes de lotería para su venta semanalmente. Una vez que el acusado vendía los décimos, le entregaba el dinero recaudado. A cambio, el acusado recibía un 1% del importe de lo vendido. Una vez que se hubo ganado la confianza del empleado, cuando comenzó la campaña de la lotería de Navidad el acusado empezó a retirar un mayor número de décimos. En octubre de ese año, acudió a la administración de Loterías con su padre, también acusado, y otro indviduo, y solicitaron al trabajador que les entregase más décimos, "toda vez que iban a venderlos en otras provincias de Andalucía", describe el Ministerio Público. El trabajador, "ante la confianza que había depositado" en el acusado, les facilitó los décimos. No obstante, "si bien se estableció como requisito que debían entregar el importe de los décimos vendidos semanalmente, los acusados, a partir de ese momento, a pesar de los distintos requerimientos realizados (...) no entregaron cantidad alguna y se adueñaron de la misma", explica el fiscal. Considera, además, que "para justificar la no devolución del importe obtenido con la venta de los décimos y con ánimo de ilícito beneficio, (el acusado) interpuso denuncia ante la comisaría de Policía", manifestando que le habían sustraído una cantidad de dinero de su domicilio. La acusación pública entiende que los hechos constituyen un delito de estafa o, alternativamente, un delito de apropiación indebida. Por ello reclama que se impongan a los encartados tres años de prisión para cada uno y multas de 2.700 euros.

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