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Fecha: 06/10/2025 15:57
Productores advierten que el control sobre suelos y agua vulnera la propiedad privada y puede sentar un precedente peligroso para el resto del país. La Legislatura de la provincia de Buenos Aires comenzó a debatir un anteproyecto de ley que ya desató una fuerte polémica: la propuesta declara de “interés público” la conservación de los suelos y del recurso hídrico, y habilita al Estado provincial a intervenir directamente en la gestión de los campos. De aprobarse, la norma impondría que todos los productores agropecuarios y forestales estén obligados a presentar planes de uso y manejo de suelos y agua con vigencia de cuatro años, redactados por un profesional matriculado, que deberán ser aprobados por la autoridad de aplicación. Estos planes se regirán por un catálogo oficial de prácticas definido por el propio Estado. El incumplimiento acarrearía sanciones económicas y administrativas. Además, el texto establece la creación de “distritos de cuidado del suelo y agua”, espacios bajo control estatal que fijarán criterios agroambientales y podrán imponer reglas obligatorias a los propietarios. También se prevé la conformación de consorcios obligatorios de productores, cuya integración quedaría en manos de la administración provincial. Avance sobre la propiedad privada El anteproyecto incluye un fondo provincial que se financiaría con partidas presupuestarias y con lo recaudado por multas. Con estas herramientas, el gobierno bonaerense busca dotarse de mayores facultades de control, lo que para las entidades rurales representa un avance sin precedentes sobre la propiedad privada. Organizaciones como Carbap y dirigentes del sector agropecuario ya salieron a cuestionar la iniciativa por considerar que desconoce derechos constitucionales básicos y deja a los productores a merced de decisiones discrecionales de la burocracia estatal. Preocupación más allá de Buenos Aires Aunque el proyecto se impulsa en Buenos Aires, las críticas trascienden las fronteras provinciales. Especialistas advierten que, de prosperar, podría convertirse en un antecedente jurídico peligroso para otras jurisdicciones. En Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, donde la producción agropecuaria es un motor central de la economía, la inquietud es creciente. La posibilidad de que este tipo de normativas se replique en otras legislaturas abre la discusión sobre los límites constitucionales al poder de las provincias para regular el uso del suelo. Una señal de alerta La Constitución Nacional garantiza de manera expresa el derecho de propiedad privada en su artículo 17. Si bien reconoce la potestad de las provincias para legislar en materia ambiental, los juristas advierten que esta competencia no puede convertirse en un mecanismo de expropiación indirecta ni en un vaciamiento de derechos reales. El debate bonaerense, por lo tanto, no es local: se trata de un tema de alcance nacional que puede afectar las reglas de seguridad jurídica e inversión en todo el país.
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