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» Diario Cordoba
Fecha: 05/10/2025 14:12
El Gobierno ha pasado de marcar la agenda política a conformarse con influir en ella ante el protagonismo de las investigaciones judiciales que lo golpean. En Moncloa se celebra la iniciativa de las últimas semanas en asuntos como Palestina, pero se admite una falta de control sobre los vaivenes del calendario judicial. Algo que, asumen con resignación, seguirá sucediendo y por ello se enfocan en contrarrestarlo abonándose a la sucesión de anuncios por parte del jefe del Ejecutivo y medidas efectistas a nivel sectorial, tratando de copar banderas de la izquierda y entrando al choque con el sector duro del PP, como con el aborto. Un modo preelectoral, que se combina también con el traje de los mítines de Sánchez, con hasta tres previstos en Castilla y León casi de forma sucesiva a lo largo del próximo mes. Los colaboradores del presidente del Gobierno reconocen que “toda esta legislatura es precampaña” para justificar su estrategia y alejarla del clima de adelanto que busca alimentar el PP. Lo que se evidencia es que tanto Sánchez, tras confirmar la pasada semana su intención de volver a ser el candidato del PSOE, como Ferraz, con los candidatos autonómicos oficializados desde hace meses, están preparados para ante un horizonte de citas con las urnas. En el primer semestre del próximo año se celebrarán, al menos, los comicios de Castilla y León y los de Andalucía. La falta de presupuestos en algunas comunidades podría llevar a los presidentes del PP en esta situación a apretar el botón de la convocatoria electoral, como ha manifestado públicamente la extremeña María Guardiola. En contraste y a modo de presión sobre el Gobierno, quien está dispuesto a agotar la legislatura aunque el Congreso tumbe los Presupuestos de 2026. Una voluntad que forma unánime repiten desde los ministros hasta los asesores que los rodean. Entre los socios de investidura hay diferencias de criterio. En ERC o EH Bildu dan por hecho que se llegará a 2027, salvo un giro en el caso Koldo que se adentre en la línea roja de la financiación ilegal del partido o una moción de censura de PP y Vox a la que se sume Junts. En Podemos, al contrario, interpretan que el cambio de estrategia del Ejecutivo está enfocado a justificar un adelanto electoral si decae el proyecto de Presupuestos. Las cuentas serían un cartel electoral, arguyen, con su aumento del gasto para la vivienda protegida y partidas sociales. Precisamente, en Hacienda dicen guardar la esperanza de poder seducir a los morados con el ánimo de confrontar programas trasluce también en tendencia de llevar al Congreso medidas estrella sin atar antes los apoyos. Para que cada partido “se retrate”. La decisión de hacerlo con la ley para la reducción de la jornada laboral, con un amplio respaldo social, fue sintomática. La próxima semana se hará lo propio con la ley de movilidad sostenible y se adelantará la votación del decreto de embargo de armas a Israel. “Acoso y derribo” En el Ejecutivo justifican que llega un momento en el que los grupos deben posicionarse. Lo contrario llevaría a posponer ‘sine die’ sus iniciativas, con la consiguiente imagen de parálisis legislativa. Al mismo tiempo, tratan de minimizar y normalizar las derrotas parlamentarias. La estabilidad se intenta asociar a la longevidad del Gobierno de Sánchez, en comparación con los países del entorno europeo como Francia o Reino Unido donde se han sucedido los cambios de primeros ministros, y en la buena marcha de la economía. El mantra de Moncloa respecto a las causas judiciales que cercan a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, es que “el tiempo acabará poniendo las cosas en su sitio”, apuntando abiertamente a una guerra sucia judicial. “Acoso y derribo”, resumen. Por ello, han redoblado la presión para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evite lo que consideran un “desprestigio” de la justicia. Esto es, poner coto a algunas de las decisiones del juez Juan Carlos Peinado. Para ello se fía todo a la Audiciencia de Madrid, donde se acumulan varios de los recusos interpuestos por la fiscalía y la defensa. Este mismo jueves, el magistrado acordó en un auto extender a todos los delitos que imputa a Begoña Gómez la decisión de que sea un jurado popular quien la juzgue. Sobre el juicio por revelación de secretos al fiscal general, el Supremo ha fijado su celebración entre los próximos 3 y el 13 de noviembre. Salto a la ofensiva La posición del Gobierno sobre el ‘lawfare’ cohesiona a los socios de investidura, desde Podemos a Junts que empatizan para cuestionar procedimientos que les han afectado en el pasado. Un salto que supone un choque entre poderes, con el que Sánchez arrancó el curso político al acusar a ciertos jueces de hacer política. De hecho, ministros socialistas no dudaron en endosar a Peinado una voluntad de marcar agenda e influir en los tiempos políticos, desde el argumento de que “las casualidades no existen”. El paso a la ofensiva de Sánchez es tanto discursivo como ideológico. Con el espacio a su izquierda en retroceso y el bloque de la derecha en una competición que según las encuestas frena al PP y engorda a Vox, los socialistas se lanzan a capitalizar causas como la de Palestina y a confrontar modelos con el sector duro de Génova. Las políticas de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid como espejo de las políticas que llevaría a Moncloa un ejecutivo conservador de la mano de la ultraderecha. Al tiempo que se da carta de naturaleza a la presidenta madrileña para marcar las líneas estratégicas del principal partido de la oposición y cuestionar así el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.
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