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Parana » APF
Fecha: 04/10/2025 16:30
Andrés Harfuch, abogado que ha trabajado intensamente para la implementación del juicio por jurados en todo el país, fue crítico de la reciente reforma de la Ley provincial que regula el Juicio por Jurados. «Es inconstitucional por donde se la mire» dijo sin ambages. Ante lo que consideró una inconstitucionalidad manifiesta, anunció que se tomarán medidas inmediatas y adelantó que la ley será impugnada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que se declare inconstitucional. sábado 04 de octubre de 2025 | 15:58hs. Harfuch, es abogado de la Universidad de Buenos Aires; integra la Junta Directiva del Inecip; director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana; docente de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología en la Facultad de Derecho de Buenos Aires desde 1999; Defensor General de San Martín, Buenos Aires; vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados; miembro del Consejo de Redacción de la Revista Nueva Doctrina Penal (NDP) y de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal. “Totalmente inconstitucional” Autor de numerosas publicaciones y artículos de derecho penal, procesal penal y ejecución penal en libros y revistas jurídicas de la Argentina y del extranjero. Consultor en varios procesos de reforma judicial latinoamericana, estuvo en República Dominicana 2002, Bolivia y Perú 2003, Ecuador 2003 y 2005, Panamá 2006, Paraguay 2008, y en nuestro país, en La Rioja, Buenos Aires y Entre Ríos; Harfuch calificó la nueva norma como «totalmente inconstitucional» y como «un golpe al ciego al sistema de jurado». La medida, promovida por los legisladores entrerrianos y el gobierno provincial, fue tildada de «una vergüenza» por chocar directamente contra el Artículo 118 de la Constitución Nacional. El especialista, en diálogo con Simplemente Inocente, programa que se emite por Vorterix Litoral, recordó el mandato constitucional que establece: «Todos los juicios criminales se terminarán por jurado». En lugar de haber ampliado el alcance del sistema a más delitos, los legisladores optaron por «sacar delitos del jurado». Harfuch señaló que estos delitos han estado siendo juzgados en Entre Ríos «sin ningún problema» durante siete años. Consecuencias Legales Graves y Anuncio de Impugnación Ante la inconstitucionalidad manifiesta, Harfuch anunció que se tomarán medidas inmediatas. La ley será impugnada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que se declare inconstitucional. La consecuencia «gravísima institucional» de esta decisión legislativa es que cualquier juicio criminal que se realice bajo la nueva normativa «sin jurado van a tener que volverlos a hacer». Harfuch anticipó que estos juicios serán declarados nulos y deberán ser repetidos con jurado. El abogado se mostró confiado en que la Corte fallará a su favor, dado que el máximo tribunal ya emitió un fallo, el caso Canales en 2019, que dice «claramente todo lo contrario» a lo que se acaba de votar en Entre Ríos. Harfuch enfatizó que la Constitución prohíbe a los jueces técnicos juzgar crímenes, interpretando que el Artículo 118 al revés significa que los jueces profesionales «tienen prohibido jugarlo». Motivaciones ideológicas y la resistencia a la democracia Al ser consultado sobre las motivaciones de esta reforma, Harfuch argumentó que la decisión proviene de una «minoría muy poderosa que está ubicada en las esperas del Poder Judicial Entrerriano». Harfuch afirmó que algunos de estos sectores «detestan el juicio por jurado» y tienen un componente ideológico que les «repugna muy fuertemente que el pueblo venga a administrar justicia». Este sector considera que el derecho debe ser ejercido únicamente por jueces técnicos que estudiaron, se recibieron y fueron nombrados, excluyendo la participación de la gente común, como «Doña Rosa a un taxista [o] un ama de casa». Harfuch comparó esta postura con el concepto de «voto calificado,» tildándola de «una gorileada total». Harfuch desestimó las justificaciones esgrimidas para el cambio, como la supuesta existencia de un «cuello de botella» o que las causas duren mucho tiempo, tildándolas de «todo verso,» «todo mentira». Contrastó que un juicio por jurado dura «dos [o] tres días», mientras que los procesos ante jueces técnicos pueden durar «a veces décadas». Harfuch destacó que la decisión de Entre Ríos no tiene precedentes en Argentina: «no existe un solo ejemplo en el país de algo así». Por el contrario, todas las demás provincias están ampliando el sistema de juicio por jurados. Mencionó que ya hay provincias juzgando delitos de 12, 14 o más de 15 años. Además, la ley federal marco, que pronto podría obtener media sanción en Diputados, establecerá que el jurado intervenga a partir de delitos de 5 años, lo cual incluiría «los delitos de corrupción de funcionarios». Harfuch lamentó que a los promotores de la reforma en Entre Ríos no se les ocurra incluir este tipo de delitos. El abogado concluyó que la acción en Entre Ríos es una «movida antidemocrática para que el pueblo […] [no esté] controlando al poder judicial de manera directa». Afirmó que el juicio por jurado representa el máximo exponente de la democracia y la República. En su opinión profesional, Harfuch reiteró que prefiere «toda la vida el jurado popular» para litigar, porque la decisión de doce personas es más confiable que la de uno o tres jueces, especialmente cuando se exige la unanimidad, a diferencia de los jueces técnicos que votan por mayoría. Además, en un juicio por jurado, un letrado puede recusar sin causa a una persona si tiene una opinión «muy sesgada,» algo que no se puede hacer con un juez técnico. (APFDigital)
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