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Parana » NSA
Fecha: 03/10/2025 19:37
Trump y el uso de las fuerzas armadas para implementar su agenda política En medio del discurso disperso que dio el martes en la base Quantico del Cuerpo de Marines, en Virginia, el presidente Donald Trump le transmitió a cientos de mandos militares de Estados Unidos sus ideas más recientes sobre dónde deberían enfocarse ahora. No en Polonia ni en Rumanía, ni en Estonia ni en Dinamarca, todos ellos aliados de la OTAN cuyo espacio aéreo han violado los drones rusos en el último mes en un desafío a las fronteras de la alianza. El presidente eligió San Francisco. Chicago. Nueva York. Los Ángeles. “Vamos a enderezar eso paso a paso, y esto va a ser un papel importante para algunas de las personas en esta sala”, dijo Trump a los generales, almirantes y líderes alistados, en referencia a lo que ha descrito como paisajes urbanos infernales llenos de crimen. “Es una guerra desde dentro”, dijo. En ese momento, el presidente volvió a enfrentarse a los deseos de los padres fundadores de Estados Unidos, según dicen historiadores y exlíderes militares. La sugerencia de Trump de que “deberíamos utilizar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestros militares” está en tensión con un principio básico que los servicios armados del país han tratado de preservar durante mucho tiempo: que las fuerzas armadas no deben ser partidistas. El presidente Donald Trump aparece en las pantallas mientras el personal del Ejército de los Estados Unidos desfila durante el desfile del 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos a lo largo del National Mall en Washington el sábado 14 de junio de 2025. La sugerencia de Trump de que «deberíamos utilizar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestras fuerzas armadas» desmonta un principio fundamental que las fuerzas armadas del país han tratado de preservar durante mucho tiempo: el carácter no partidista del ejército. (Kenny Holston/The New York Times) Este principio, profundamente arraigado en las tradiciones democráticas estadounidenses, pretende garantizar que el ejército permanente que temían inicialmente los padres fundadores del país sirva a la nación en su conjunto, y no a un partido político o a un dirigente. Tropas de la Guardia Nacional en Washington, donde fueron desplegadas en contra de los deseos de los líderes electos de la ciudad. Foto Haiyun Jiang/The New York Times Esas fuerzas armadas debían dirigirse contra los enemigos extranjeros, no contra el “enemigo interno”, como dijo Trump el martes. ‘Un momento tenso’ Trump ya lo ha intentado antes. Durante el primer mandato de Trump, los secretarios de Defensa Jim Mattis y Mark Esper y los jefes del Estado Mayor Conjunto, los generales Mark Milley y Joseph Dunford, trataron de impedir que el presidente utilizara las fuerzas armadas en el ámbito nacional para promover su agenda política. Cuando Trump exigió el despliegue de entre 10.000 y 15.000 soldados para repeler lo que denominó una “invasión” de migrantes en la frontera suroeste, Mattis respondió enviando a 6000 miembros de la Guardia Nacional, y les dijo que se aseguraran de desempeñar funciones de apoyo y se mantuvieran alejados de los migrantes. Cuando Trump quiso enviar a la 82.ª División Aerotransportada a las calles del país durante las protestas por la justicia social, Esper convocó una rueda de prensa para anunciar su oposición, por la que finalmente fue despedido. Tropas de la Guardia Nacional en Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005. Foto Doug Mills/The New York Times. Esos hombres ya no están, y los que Trump ha instalado en su lugar en su segundo mandato han amplificado sus deseos o se han plegado a ellos. También ha desaparecido la oposición del Congreso que lo bloqueó durante su primer mandato. Los republicanos controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, y han consentido todas las directivas y nombramientos de Trump relacionados con las fuerzas armadas estadounidenses. El resultado: tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington en contra de los deseos de los dirigentes electos de la ciudad. Marines en servicio activo enviados a Los Ángeles ante las protestas del alcalde y el gobernador. Libros de escritores de color, como Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado de Maya Angelou, prohibidos en la biblioteca de la Academia Naval estadounidense. Una cúpula del Pentágono que se niega a ascender a soldados de combate condecorados que sirvieron a las órdenes de hombres que desagradan a Trump. Un plan para utilizar abogados militares, conocidos como JAG, como jueces migratorios. Y las promesas de Trump de enviar soldados de la Guardia Nacional a más ciudades estadounidenses. “Nos encontramos realmente en un momento tenso”, dijo Kori Schake, ex funcionaria de Defensa del gobierno de George W. Bush, quien dirige los estudios sobre política exterior y de defensa en el American Enterprise Institute de Washington. Miembros de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército frente al instituto Central High School de Little Rock, Arkansas, en 1957. El presidente Dwight Eisenhower envió a las tropas para proteger a nueve estudiantes negros que asistían a ese instituto, anteriormente solo para blancos. Foto Associated Press. En su próximo libro, The State and the Soldier, Schake sostiene que, tras navegar durante más de dos siglos con vientos políticos cambiantes, las fuerzas armadas estadounidenses se enfrentan a retos que podrían redefinirlas. Desplegar soldados en el interior del país como un brazo de las fuerzas del orden no es lo que querían los padres fundadores, afirman los historiadores militares. Ellos temían que el gobierno pudiera utilizar un ejército permanente para reprimir la disidencia e instaurar la tiranía. A lo largo de 250 años, los líderes políticos y militares estadounidenses construyeron lo que se considera la fuerza de combate más competente del mundo. Sus 1,3 millones de soldados en servicio activo y sus 765.000 soldados de la reserva y la Guardia Nacional han acatado a los líderes civiles, ya fueran demócratas o republicanos, y han respondido al saludo de quienquiera que el pueblo estadounidense eligiera presidente. Pero ahora las fuerzas armadas, que durante mucho tiempo han valorado su papel no partidista en la sociedad, tienen un comandante en jefe que no solo rompe esa tradición, sino que también pone en la mira amenazas internas, en lugar de extranjeras. “Si yo fuera el jefe de las fuerzas armadas polacas, y estuviéramos sufriendo incursiones rusas en territorio de la OTAN, y viera a 800 generales y almirantes estadounidenses sentados en un auditorio escuchando ese discurso, bueno, eso me rechinaría”, dijo el general de división Paul Eaton, veterano de la guerra de Irak retirado. “¿Hablan en serio las fuerzas armadas estadounidenses?”. El surgimiento de una tradición La Ley Posse Comitatus, una ley de 1878, prohíbe de manera general a las fuerzas en servicio activo hacer cumplir la ley en el ámbito nacional. Esencialmente, sostiene que las fuerzas armadas deben apuntar hacia fuera y no hacia dentro. Pero sus orígenes fueron menos loables. El Congreso aprobó la ley para aplacar a los supremacistas blancos del sur estadounidense, quienes no querían que las fuerzas armadas bloquearan las leyes de segregación estatales y locales de la era de Jim Crow. El período posterior a la Guerra Civil fue enormemente tumultuoso. El gobierno estadounidense ganó la Guerra Civil, pero en muchos sentidos perdió los años siguientes a manos de los supremacistas blancos, que despojaron de sus derechos recién adquiridos a las personas negras estadounidenses de los estados del sur. Los estados del sur estadounidense no querían que los soldados federales arribaran para proteger a las personas negras. Cansado de la batalla, y en un esfuerzo por apaciguar a esos estados, el Congreso aprobó la Ley Posse Comitatus. Realistas lúcidos Los artífices de la Constitución estadounidense eran estudiantes de historia, muy influidos por la Guerra Civil inglesa, en la que el rey Carlos I afirmó el derecho divino de los reyes, intentó gobernar sin un parlamento y utilizó a su ejército contra su propio pueblo. Los legisladores también estuvieron muy influidos por la ocupación militar británica de las colonias. Tenían lucidez sobre lo que consideraban el mayor peligro potencial: que un ejército permanente pudiera volverse contra el pueblo al que se suponía que debía proteger. Pero también eran realistas y reconocieron la necesidad de unas fuerzas armadas para defender al país. “La necesidad continua de sus servicios aumenta la importancia del soldado y rebaja proporcionalmente la condición del ciudadano”, escribió Alexander Hamilton en los Documentos Federalistas. “El estado militar se encumbra sobre el civil”. Estados Unidos tenía su ejército, pero los redactores de la Constitución otorgaron al Congreso, y no al presidente, el poder de aumentarlo y financiarlo. El presidente Donald Trump abandona el escenario tras dirigirse a un grupo de cientos de generales y almirantes estadounidenses de todo el mundo en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, la mañana del martes 30 de septiembre de 2025. Hacia el final de su discurso ante un público en gran parte estoico, la voz de Trump se volvió más monótona. (Doug Mills/The New York Times) Y otorgaron al Senado, mediante la cláusula de “consejo y consentimiento”, el poder de aprobar o rechazar a las personas nombradas por el presidente para dirigir el ejército. Los padres fundadores “se esforzaron mucho por intentar dividir el poder, y por otorgar gran parte de él al Congreso”, dijo Carrie Lee, exdirectora del departamento de seguridad nacional y estrategia de la Escuela de Guerra del Ejército. Ella y otros historiadores dijeron que los legisladores trataron de equilibrar la autoridad entre los dos poderes para lograr un enfoque menos partidista. Puede que no previeran un Congreso que no utilizara el poder que se le había otorgado. Sin duda, la historia estadounidense está llena de ejemplos de presidentes que utilizan el ejército con fines domésticos. El presidente Dwight Eisenhower lo hizo en 1957, cuando envió a la 101.ª División Aerotransportada del Ejército a Little Rock, Arkansas, donde los soldados de la Guardia Nacional del estado impedían el acceso a la escuela a nueve estudiantes negros por orden del gobernador segregacionista Orval Faubus. El presidente Lyndon B. Johnson federalizó las tropas de la Guardia Nacional en Alabama en 1965 para proteger a los activistas de los derechos civiles que marchaban por el derecho al voto, después de que la policía estatal y local atacara a los manifestantes con porras y gases lacrimógenos. En ambos casos, los presidentes utilizaron los despliegues para hacer cumplir la ley. Para Eisenhower, fue la sentencia Brown contra el Consejo de Educación de la Corte Suprema. Para Johnson, fue la Ley de Derechos Civiles, que puso fin legalmente a la segregación en los lugares públicos, en los empleos y en los programas financiados con fondos federales, y fue la precursora de la Ley del Derecho al Voto aprobada por el Congreso unos meses después. Trump argumenta que la Guardia Nacional es necesaria para ayudar a las fuerzas federales a acabar con la delincuencia. Pero esos casos anteriores se produjeron durante periodos de intensa dificultad y peligro civil, crisis específicas que precipitaron el despliegue de soldados. En cambio, Trump está ordenando el envío de soldados de la Guardia Nacional a ciudades que no están experimentando disturbios civiles generalizados, dijo Peter Feaver, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Duke, quien ha estudiado las fuerzas armadas durante décadas. “Dado que no existe la ruptura generalizada del orden civil, ni una crisis global, eso hace que sea más difícil defender un caso no partidista, y nos quedamos con la interpretación partidista”, dijo. “Y eso es tóxico para la profesionalidad militar, porque no quieren ser desplegados en misiones partidistas limitadas”. Una crisis definitoria Se produjo una crisis justo después del final de la Guerra Civil y del asesinato de Abraham Lincoln. Fue un momento que dio lugar a lo que se convirtió en una norma militar fundamental: mientras estás en servicio no sirves a un partido político, sirves a la ley del país. En el Congreso, el Partido Republicano de Lincoln intentó ampliar los derechos básicos de las personas que fueron esclavizadas. El Congreso aprobó la Primera Ley de Reconstrucción, que obligaba a cada estado a aprobar la 14.ª Enmienda. Era un mensaje directo a los estados del sur estadounidense, aún rebeldes, de que serían considerados únicamente “distritos militares” a menos que concedieran a las personas que fueron esclavizadas el estatus de ciudadanos. Pero el presidente Andrew Johnson, que era hostil a los antiguos esclavos y partidario de políticas más indulgentes con los estados del sur, vetó la ley. El Congreso anuló su veto. A Johnson le preocupaba que Ulysses S. Grant —el general de mayor rango del país, a quien se atribuía la victoria en la Guerra Civil— se pusiera del lado del Congreso. Grant era mucho más popular que Johnson. Johnson intentó enviarlo en una misión diplomática a México. En una encendida reunión de gabinete, Grant se negó a ir, y argumentó que, como oficial militar, solo cumpliría órdenes militares del presidente. Johnson pidió al fiscal general que se pronunciara sobre la constitucionalidad de que Grant rechazara una orden directa. El fiscal general apoyó la postura de Grant. Con Johnson y el Congreso en rumbo de colisión, Grant fue llamado a declarar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que estaba considerando la posibilidad de destituir a Johnson. En el fondo, se trataba de una crisis sobre el poder constitucional, y Grant se puso del lado del Congreso. “Cuando se vio obligado, tomó la decisión más democrática sobre la cuestión más fundamental, que es que, en tiempos de paz, la autoridad del Congreso es suprema en cuestiones de política militar”, dijo Schake en una entrevista. Por su parte, a Grant también le preocupaba que Johnson se estuviera volviendo autoritario, y escribió que “nos acercamos rápidamente al punto en el que querrá declarar al cuerpo (el Congreso) ilegal, inconstitucional y revolucionario”. La importancia de la ruptura de Grant con Johnson reside en su interpretación de los límites de la autoridad presidencial sobre las fuerzas armadas: mientras estás en servicio no sirves a un partido político, sirves a la ley del país. Las políticas y las normas militares evolucionaron a partir del ejemplo de Grant. El ejército desaconseja los mítines políticos delante de los soldados, y se insta a los que están en servicio activo a evitar la política partidista. Se supone que la afiliación política no es un factor en la investigación de los oficiales superiores. Muchos líderes militares afirman que uno de los principales motivos por los que la opinión pública estadounidense tiene en tan alta estima a sus militares es que, por lo general, no se considera que los soldados promuevan programas políticos. Utilizar a las fuerzas armadas en asuntos internos partidistas “desvía la atención, que tanto necesitamos, de los retos bélicos del siglo XXI”, dijo el general de división Charles J. Dunlap Jr., general adjunto retirado del ejército. “China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros no van a ser disuadidos por batallones de jueces de inmigración o por soldados ocupados con tareas migratorias en las calles de las ciudades en vez de los duros entornos del Centro Nacional de Entrenamiento preparándose para luchar contra un competidor de la misma categoría en combates de alta intensidad”. En la reunión del martes, Trump miró a la multitud de mandos militares y habló de su visión del futuro. “Nunca volverán a ver cuatro años como los que tuvimos con Biden y ese grupo de incompetentes que dirigieron este país y que nunca deberían haber estado ahí”, dijo Trump. “Con líderes como los que tenemos hoy aquí en esta hermosa sala, venceremos todo peligro y aplastaremos toda amenaza a nuestra libertad”. Helene Cooper es corresponsal del Pentágono para el Times. Antes fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal en la Casa Blanca.
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