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Parana » Inventario22
Fecha: 03/10/2025 03:12
La cruzada antiderechos llegó al museo en la exESMA El gobierno de Milei eliminó las marcas que daban cuenta de la represión diferencial que sufrieron las mujeres Fecha/Hora: 02/10/2025 09:08 Cód. 108640 Tiempo de lectura: 6.78 minutos. El Gobierno de Javier Milei decidió hacer cambios en el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Las nuevas autoridades sacaron las marcas que daban cuenta de la represión diferencial que habían sufrido las mujeres que estuvieron cautivas en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE). En marzo de 2019, cuando se cumplían 43 años del golpe, el Museo Sitio de Memoria ESMA revisó su muestra permanente e incorporó una mirada de género, que no había estado presente años antes, cuando se había inaugurado. Transitar el cautiverio en la ESMA tuvo diferencias para mujeres y varones. Mirar lo sucedido con otros ojos fue, en gran parte, consecuencia de la marea verde que se había generado en 2018, cuando se discutió en el Congreso la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En ese momento, el proyecto pasó en Diputados, pero se frenó en el Senado. Recién se convirtió en ley en diciembre de 2020. En 2021, la justicia reconoció por primera vez la violencia sexual que sufrieron tres mujeres que estuvieron secuestradas en ese centro clandestino. “Los autodenominados ‘caballeros del mar’, lejos de merecer ese mote, han actuado de forma vil y deleznable, amadrigándose en los camarotes de la ESMA para luego someter con cobardía a las mujeres que bajo su yugo retenían”, escribió en su voto el juez Adrián Grünberg. En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal condenó a Jorge Eduardo Acosta, jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2, por las violaciones reiteradas a otra secuestrada. Las nuevas autoridades del Museo Sitio de Memoria ESMA decidieron remover esas marcas en los últimos días, que habían sido construidas sobre la base de un consenso con los y las sobrevivientes, los organismos de derechos humanos, integrantes del Ministerio Público Fiscal e investigadoras que volvieron sobre los testimonios para prestar atención a los elementos que hasta entonces estaban ausentes. El Museo funciona en lo que fue el casino de oficiales de la ESMA. Por allí se estima que pasaron 5000 personas en calidad de detenidas-desaparecidas. Es prueba judicial y rige una medida de no innovar para que no puedan introducirse modificaciones. Desde 2023, el lugar fue declarado patrimonio de la humanidad por la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Página/12 concurrió hasta el Museo para hablar con su director, Fernando Vedoya, por las reformas, pero la respuesta fue que el funcionario no conversaba con periodistas. Por el contrario, mandó a decir que recibiría el jueves a las 15 a los sobrevivientes. La reacción de sobrevivientes y organismos "Cualquier alteración del sitio atenta contra la Memoria, la Verdad y la Justicia, y contra el carácter de prueba en los juicios que aún se están desarrollando", denunció el colectivo de sobrevivientes y testimoniantes de la ESMA. En sintonía, los organismos de derechos humanos que integran el consejo asesor del Museo también protestaron por la situación en una nota que le enviaron al subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, en la que señalaron que los cambios fueron inconsultos. "Solicitamos que arbitre las medidas para reponer los contenidos que fueron eliminados, de manera de conservar la muestra permanente tal como fue ponderada para el ingreso al Patrimonio Mundial de la UNESCO y la declaración de bien cultural del MERCOSUR; consensuada con una amplia participación de la comunidad y de cara a reparar a las mujeres víctimas y reconocer estos crímenes", destacaron desde el consejo asesor. Tres sobrevivientes fueron hasta el Museo para observar los cambios. En diálogo con este diario, Manuel Franco es el primero en decir que el lugar debe permanecer intocable. "Vamos a defender el Museo a capa y espada. Es fundamental por la cantidad de escuelas que lo visitan. Nosotros no queremos solamente transmitir el mensaje de la represión sino el del héroe colectivo del que formamos parte", aporta Marisa Sadi. Bettina Ehrenhaus también piensa que la memoria está en peligro y recuerda el movimiento que implicó pensar lo que les había pasado mientras estuvieron secuestradas, en clave de género. "Fue darse cuenta de que todos los abusos y violaciones eran crímenes de lesa humanidad", explica. "Todas pasamos por algo, aún las que estuvimos poco tiempo acá", cuenta Sadi, que estuvo secuestrada también con su hijita de un año. Para ella, el proceso de hablar de esa experiencia se demoró 35 años. Por eso es tan importante lo que el Museo genera. Una cruzada antiderechos En mayo pasado, cuando el Museo cumplía diez años desde su creación, el Gobierno decidió desjerarquizarlo. Colocó al Museo y al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) como unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), un organismo creado con el auspicio de la UNESCO. El CIPDH quedó en manos de la abogada Ana Belén Mármora, que había sido funcionaria del macrismo y que pasó por Capital Humano de la mano del médico Pablo de la Torre. El principal aporte de Mármora es su activismo en contra del aborto y de la marea verde. De hecho, publicó un libro cuyo título es Hipocresía verde: el descarte selectivo de personas. El Gobierno designó a Mármora, además, como representante argentina ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). La convención justamente busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La construcción de la memoria es una de las formas de trabajar la no repetición de estos crímenes, que ahora, por decisión de Mármora, están siendo borradas del Museo Sitio ESMA. Mármora dirigió el Frente Joven, un grupo que se creó en 2010 para resistir el matrimonio igualitario y que se activó especialmente contra la interrupción voluntaria del embarazo. Al calor de ese debate, el Frente Joven impulsó un nucleamiento antiderechos que se llama Unidad Pro-Vida. Desde entonces, Mármora fue una de las caras jóvenes de ese movimiento. Fue incluso una de las oradoras cuando se sancionó la ley del aborto. Allí le apuntó al “feminismo excluyente” que, a su entender, divide familias e incluso genera divisiones entre las mujeres. El marido de Mármora, Agustín “Chino” Caulo, es el número dos de la Secretaría de Culto y Civilización detrás de Nahuel Sotelo. El diputado Santiago Santurio, referente del Frente Joven, ya le hizo saber a distintas expresiones de la Iglesia Católica que pretenden que Caulo quede al frente de la Secretaría si efectivamente Sotelo asume su banca en la Legislatura bonaerense. De provocación en provocación Este grupo se referencia dentro de las “fuerzas del cielo”, que tiene al asesor Santiago Caputo como cerebro y al médico Daniel Parisini –conocido como “Gordo Dan” en las redes sociales– como vocero. La convivencia entre Mármora y Baños –hombre del ministro Mariano Cúneo Libarona–, no es del todo amable. En las últimas semanas, Mármora dijo que estaba relanzando el CIPDH. A partir de este relanzamiento, las nuevas autoridades publicaron algunos artículos con tono de provocación. Ella, sin ir más lejos, escribió: “Resulta un desafío, en esta etapa, la tarea de inculcar socialmente que los derechos humanos no son sinónimo de corrupción”. Si bien lleva casi cuatro meses en el cargo, Mármora no recibió a los organismos de derechos humanos que le pidieron reuniones, sobre todo para discutir a quién pondría al frente del Museo Sitio ESMA. El elegido fue Vedoya, que también viene del Frente Joven. Mármora tampoco respondió la nota que le envió Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, para que le detalle cuál es su plan de trabajo en el CIPDH. En las últimas semanas, ella y sus funcionarios sólo se reunieron con representantes de Estados Unidos, Hungría, Ucrania, Panamá y El Salvador. Uno de los que participó fue Bryan Mayer, director de Relaciones Institucionales del CIPDH. Mayer, que se presenta como vocero de las Fuerzas Armadas, tuvo su momento de gloria en 2023 cuando protestó porque se exhibiría Argentina, 1985 en el Colegio Militar de la Nación. Él calificó la película centrada en el trabajo de la fiscalía en el Juicio a las Juntas como pro-terrorista y consiguió que su denuncia fuera amplificada por Victoria Villarruel, entonces candidata a vicepresidenta.
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