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» Misionesopina
Fecha: 03/10/2025 01:30
La muerte de un niño en Santa Ana abrió una herida dolorosa, pero también encendió una cadena de hechos que despiertan interrogantes difíciles de soslayar. Lo que debería haber sido un proceso íntimo de duelo y búsqueda de respuestas se transformó en un escenario de protestas confusas, acusaciones cruzadas y hasta ataques políticos. Los familiares del menor iniciaron una extraña protesta: reclamaron la entrega inmediata del cuerpo y rechazaron la realización de la autopsia que debía determinar con certeza las causas del fallecimiento. El apuro por evitar los estudios oficiales llama la atención y genera suspicacias. ¿Por qué esa urgencia? ¿Qué intereses podrían estar en juego si no se conocen las causas? En medio del dolor, la acusación de mala praxis derivo hacia maniobras políticas: uno de los principales cabecilla de la protesta resultó ser “Pepe” Galeano, vecino de la familia del niño y referente opositor que participa activamente en el Concejo Deliberante como vocero opositor alineado políticamente al exintendente Pablo Castro. Fue él uno de los principales instigadores de la marcha, alentó a los vecinos a “alzarse” y terminó colocando una tragedia familiar en el tablero político. Galeano mantiene afinidad política y personal con el exintendente que perdió las elecciones en 2023 y quiere volver al poder. En cada sesión del Concejo, el mismo “vecino” funciona como altavoz de la oposición, canalizando reclamos sociales con un claro direccionamiento político. No actúa solo sino que tiene la venia, el respaldo y el apoyo de concejales castristas. Un historial que lo persigue Pero Galeano no es “trigo limpio”. Vecinos de la zona lo han denunciado por maniobras de estafa. Una de las acusaciones más resonantes lo señala por haber recibido la documentación personal de una mujer con el compromiso de gestionar beneficios de ANSES. Sin embargo, según consta en la denuncia, en lugar de cumplir con el trámite, utilizó esos papeles para sacar créditos y realizar compras, dejando a la vecina en una situación de endeudamiento que aún arrastra. Como si todo esto no bastara, en los últimos días circularon rumores inquietantes luego que el juez solicitará allanamiento en la vivienda de la familia del menor: versiones sobre presuntas situaciones de abuso que el niño habría comentado en su círculo de confianza. Nada confirmado, solo trascendidos, pero suficientes para que la sospecha se sume al dolor y al desconcierto. Lo más grave es la posibilidad de que se intente impedir la autopsia y se tape alguna información reveladora. En ese contexto ¿Qué intereses tienen los agitadores sociales y concejales de que la verdad no se sepa? ¿Están encubriendo algo o alguien? Si la Justicia no logra avanzar con el estudio, nunca se sabrá qué pasó realmente. El duelo de una familia no debería ser utilizado como plataforma política ni como escudo para encubrir hechos más turbios. Sin embargo, en Santa Ana, la frontera entre el dolor genuino y la manipulación interesada parece haberse borrado peligrosamente.
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