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Concordia » Hora Digital
Fecha: 02/10/2025 09:33
La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) ha estrenado una estrategia sin precedentes en España: en las últimas semanas, muchos ciudadanos han recibido en sus domicilios burofaxes exigiendo el pago de alrededor de 450 euros para evitar una demanda judicial por el consumo de retransmisiones ilegales de fútbol. En el centro de la escena figura Javier Tebas, presidente de LaLiga, cuya organización invierte desde hace más de una década en tecnología propia para la detección de usos no autorizados de sus emisiones. Según El País, la institución ha logrado bloquear más de cuarenta plataformas en colaboración con los tribunales y sus alianzas internacionales. Las cifras no son menores: los derechos televisivos generan cerca de 1.500 millones de euros al año para el fútbol profesional español, una cantidad vital para el sostenimiento de clubes en Primera y Segunda División. El debate jurídico se centra en el reparto de responsabilidades entre los responsables de la redistribución organizada – servidores, herramientas de cardsharing, decodificadores – y quienes solo acceden a las señales retransmitidas sin permiso. La justicia suele inclinar la balanza hacia LaLiga en su pugna con los grandes distribuidores. El País recogió que un auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona y una sentencia habida en el mismo tribunal número 6 permiten bloquear páginas y aplicaciones que repliquen sin autorización la señal, responsabilizando sobre todo a quienes actúan “con ánimo de lucro”. Precisamente, la resolución de este segundo juzgado respalda medidas para que las operadoras de internet colaboren activamente en el cierre de acceso a estos contenidos, incluidas soluciones tecnológicas como el bloqueo ante tráfico cifrado (ECH). El TAD abre expediente “muy grave” a Javier Tebas. Desde LaLiga subrayan que llevan años desplegando una estrategia integral, “tecnológica, legal, educativa e institucional, tanto a nivel nacional como internacional”, basada en el desarrollo propio de tecnología para vigilar y detectar emisiones ilícitas. No solo buscan defender sus derechos, explican, sino también trasladar a la sociedad que el consumo de fútbol pirata “erosiona los ingresos de los clubes y expone a los usuarios a redes mafiosas y riesgos para su seguridad digital”. El fenómeno de la piratería presenta otras particularidades. Las cartas remitidas por LaLiga relatan que han podido identificar, a través de rastreo de direcciones IP, a usuarios que habrían accedido a retransmisiones ilegales, por lo que se solicita una cantidad compensatoria y se avisa de acciones judiciales en caso de impago. “En España la ley únicamente penaliza al distribuidor de la señal pirata, no al consumidor, y las operadoras que facilitan datos sin orden judicial incurren en prácticas alegales”, explica Omar Benbouazza, director de Comunicación de la Conferencia de Ciberseguridad RootedCON, en declaraciones recogidas por El País. Benbouazza añade un argumento técnico: “Una misma IP puede corresponder a varias personas, incluso a servicios completamente legales. No hay capacidad para asignar una dirección por cada usuario individual”, observación que LaLiga rechaza de plano, siempre según el citado medio. Las dudas también aparecen en el plano legal. Para Javier Prenafeta, abogado y socio de 451.legal, “lo controvertido es la forma en que se obtienen las direcciones IP de los usuarios”. Prenafeta sostiene que las reclamaciones se apoyan en resoluciones que autorizaron ciertas medidas de vigilancia, aunque ninguna legitima el envío masivo de cartas. “Muchísimas reclamaciones se han dirigido contra esos usuarios finales, por lo que habría que cuestionarse la licitud de dicha prueba y la mala fe de estas acciones”. A menudo, la presión de estas campañas tropieza con la visión mayoritaria entre los aficionados, para quienes ver un partido de fútbol sin pagar apenas se ve como una infracción, y dista de la percepción de delito. LaLiga trata de cerrar esa brecha cultural aportando presión legal, pero, en palabras de Benbouazza, eso no resuelve necesariamente el problema: “Es legítimo perseguir el fraude, pero no puede hacerse al precio de vulnerar derechos fundamentales. Netflix y otras plataformas han demostrado que combatir la piratería también pasa por ofrecer alternativas asequibles y cómodas, más que por criminalizar al usuario final”, relata El País. En paralelo, la ofensiva judicial reporta riesgos reputacionales. Al abrumar a los usuarios con burofaxes, existe la posibilidad de que LaLiga termine situándose como antagonista ante los ojos de los aficionados. “La batalla contra la piratería no solo se juega en los tribunales, sino también en la opinión pública”, resume una fuente conocedora del sector en El País. En el plano económico, los ingresos por derechos audiovisuales han consolidado su papel de motor financiero del fútbol español. Desde 2015, LaLiga es la responsable de comercializar de manera conjunta los derechos en virtud del Real Decreto-Ley 5/2015. A día de hoy, Movistar y DAZN abonan 4.950 millones de euros por cinco temporadas de retransmisiones. Solo en el curso 2023/2024, los clubes de Primera División recibieron 1.351 millones, mientras que los de Segunda División percibieron 147 millones.
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