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» Primerochaco
Fecha: 01/10/2025 21:32
La ciudad de Resistencia quedó conmocionada en los últimos días por la denuncia de Rita Sandra Giménez, una mujer de 45 años que aseguró haber pasado más de cuatro años viviendo en condiciones de encierro en la casa de un matrimonio, realizando tareas domésticas sin recibir salario alguno y con restricciones a su libertad. El caso, que involucra a Celestino “Tiso” Talavera y a su pareja Andrea Leyes, se encuentra bajo investigación de la justicia federal y provincial, en medio de versiones contradictorias, denuncias previas y un trasfondo de presunta vulnerabilidad social y mental de la denunciante. La primera alerta: un llamado anónimo El 24 de septiembre pasado, la Dirección General de Investigaciones – Departamento Lucha Contra la Trata de Personas recibió un llamado anónimo que advertía que en una vivienda de avenida Nicaragua , en Resistencia, una mujer llamada Rita Giménez estaría retenida contra su voluntad. El denunciante apuntó directamente contra Andrea Leyes, esposa de Talavera, y agregó que en varias ocasiones la mujer había intentado escapar y pedir ayuda a los vecinos, siendo luego regresada al domicilio. Ante esta información, personal policial inició tareas de campo. En entrevistas con vecinas del barrio, surgió un relato diferente: ambas reconocieron a Rita, afirmando que “deambula por la zona” y que padece problemas de salud mental. Confirmaron que actualmente vivía con Andrea Leyes. Consultada por la policía, Leyes no negó la situación. Aseguró que Rita residía en su casa pero aclaró que no tenían lazos familiares. Según su versión, la había acogido porque la familia de Rita no se hacía cargo de ella y que, incluso, la policía le había entregado a la mujer bajo un acta de resguardo, tras haber estado desaparecida. Ese primer informe, firmado por la comisaria Érica Marlene Román, no encontró entonces indicadores suficientes de trata de personas. La denuncia formal en la comisaría El 1 de octubre, la situación dio un giro. A la 1:30 de la madrugada, se difundieron en redes sociales y portales digitales versiones de que una mujer había denunciado haber estado privada de su libertad durante cuatro años en una vivienda de la capital chaqueña. La información fue confirmada: Rita Giménez se presentó en la Comisaría Décimocuarta Metropolitana junto a una amiga, donde declaró que desde hacía más de cuatro años vivía en la casa de Talavera y Leyes. Según su testimonio, había ingresado con la promesa de trabajar en limpieza y cuidado de los hijos de la pareja, pero nunca recibió salario. Incluso aseguró que en ocasiones le cobraban la pensión por discapacidad que percibe. Relató además que no podía salir libremente del domicilio, aunque le permitían hacer compras en supermercados o verdulerías del barrio. Aclaró que no sufrió golpes ni amenazas, pero que tampoco contó a nadie su situación, salvo a la amiga que la acompañó en la denuncia. La intervención judicial El caso quedó en manos de la Fiscalía en turno, a cargo del doctor Víctor Recio, quien dispuso que la pareja fuera notificada e imputada en libertad mientras avanzan las actuaciones. También ordenó que la denunciante fijara domicilio en la vivienda de su amiga. Sin embargo, la investigación también toca el fuero federal. El expediente ya estaba registrado bajo la órbita del fiscal federal Patricio Sabadini, en el marco de una denuncia anónima previa. Su secretario penal, Marcelo Burrella, fue informado de lo sucedido y recordó que los relevamientos iniciales no habían arrojado pruebas concluyentes de trata de personas. Pese a ello, se ordenó elevar las actuaciones a la magistratura para unificar criterios. Entre la vulnerabilidad y la sospecha El caso abre interrogantes. ¿Se trata de un episodio de trata laboral encubierta bajo la apariencia de “ayuda solidaria”, o de una mujer vulnerable que encontró refugio en un hogar donde convivía con limitaciones? La propia declaración de Rita mezcla elementos de subordinación económica y social —trabajo sin remuneración, cobro indebido de su pensión— con la ausencia de violencia física o amenazas. Los antecedentes de su presunta fragilidad mental, aportados por vecinas y reconocidos incluso por quienes hoy están imputados, suman complejidad al expediente. La línea divisoria entre la explotación y la contención se vuelve difusa cuando median vulnerabilidades extremas. Lo que viene Ahora, la justicia federal y provincial deberán determinar si el matrimonio Talavera–Leyes incurrió en delitos vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral, en reducción a la servidumbre, o si, en cambio, se trató de una convivencia irregular motivada por la situación de salud de la denunciante. El caso, por lo pronto, expone un problema más amplio: la falta de políticas públicas para personas con discapacidad y sin contención familiar, que terminan dependiendo de terceros en contextos que pueden prestarse a abusos o, al menos, a interpretaciones contradictorias. Mientras tanto, Rita Sandra Giménez permanece ahora fuera de la vivienda, bajo el cuidado de su amiga, a la espera de que la justicia esclarezca si durante los últimos cuatro años fue víctima de un delito o de un vacío social que la empujó a una convivencia desigual.
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