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» Diario Cordoba
Fecha: 01/10/2025 13:19
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dado el pistoletazo de salida este miércoles al proceso para fijar cuál será el salario mínimo interprofesional (SMI) el año que viene. Alrededor de tres millones de trabajadores y miles de empresas se verán directamente afectadas por el resultado. La ministra de Trabajo ha convocado a la comisión de expertos gubernamentales que asesoran todos los años al Ejecutivo sobre los criterios técnicos que deben guiar su decisión. Si bien ya ha apuntado a dos coordenadas clave. Por un lado, "hay margen suficiente para que los salarios en España sigan creciendo por encima de la inflación". El último dato de IPC publicado por el INE, en septiembre era del 2,9%. Y, por el otro, Díaz se ha querido guardar las espaldas ante un posible choque con el Ministerio de Hacienda, como ya ocurrió el año pasado, y ha pedido a los expertos dos posibles subidas del SMI: Una que tenga en cuenta si el salario mínimo tributa IRPF y otro si no tributa. El año pasado ya hubo un choque entre la titular de Trabajo y la de Hacienda, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ya que esta quiso obligar a tributar parte del salario mínimo. Algo que hasta ahora se había obviado ya que representaba cuantías exiguas y así desde el Gobierno se debajaba mayores renta a sus perceptotes. No obstante, Hacienda planteó el año pasado que el SMI había subido lo suficiente durante los últimos años -un 61% desde 2019- como para que sus cobradores empezaran a contribuir al erario público. Lo que enervó a Díaz y se saldó con un acuerdo transitorio que este año ya no está en vigor. Los expertos empiezan El principal reto de los técnicos será fijar una horquilla, entre tal y cuál porcentaje, para determinar cuánto debe subir este umbral mínimo respecto a los actuales 1.184 euros brutos al mes. Una cuantía que cobran habitualmente profesionales como las empleadas del hogar, los repartidores de las aplicaciones de comida a domicilio, peones agrícolas o vigilantes de seguridad, entre otros muchos perfiles. El principal mandato que tienen los expertos es que la cuantía que propongan ubique el SMI en el equivalente al 60% del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea. El reto es que no existe una fuente metodológica preestablecida que diga cuánto es ese 60% del salario medio y depende de la fuente estadística que se tome da una cifra u otra. "El salario mínimo es la historia de éxito de nuestro país. [...] hoy quien cobra el salario mínimo ya no es pobre", ha afirmado Díaz este miércoles en rueda de prensa. La vicepresidenta ha hecho referencia a que se ha alcanzado esa equivalencia al 60% del salario medio, que marca el umbral de riesgo de pobreza. No obstante, la vicepresidenta segunda ha querido guardarse las espaldas ante potenciales choques con el Ministerio de Hacienda. El comportamiento de la inflación y la evolución del resto de salarios son dos criterios que habitualmente tiene en cuenta el comité asesor para cuajar sus recomendaciones. Según los últimos datos disponibles, la subida salarial media pactada en convenio colectivo está alrededor del 3,5%. El IPC de septiembre fue del 2,9%, si bien la inflación media registrada durante los nueve primeros meses del año arroja una media de cerca del 2,5%. Otros indicadores contextuales son el crecimiento del PIB, que avanza de manera interanual al orden del 3,1%, o la productividad (1,4%). Sin acuerdo con la patronal desde 2019 La decisión de los expertos que arrancan este miércoles sus trabajos no es vinculante y luego queda en manos del Gobierno y bajo su propio criterio político determinar la cuantía final de la revalorización. Además, a finales de año Trabajo suele citar a la patronal y los sindicatos para que estos expresen sus preferencias y entre todos trata de cuadrar un equilibrio, en el que no siempre existe el consenso. De hecho, la patronal lleva desde 2021 sin apoyar ninguna subida del salario mínimo, por considerarlas excesivas y por no atender el Gobierno sus peticiones de bonificaciones u otras discriminaciones positivas a las empresas de los sectores especialmente afectados. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, es decir, desde 2019, el SMI ha aumentado en España un 61%, situándose como el séptimo país de la Unión Europea con un salario mínimo más alto en términos absolutos. La vicepresidenta segunda ha tratado de utilizar la revalorización del SMI como palanca de subida del resto de salarios, si bien sus efectos han sido limitados. Según el último balance de la Airef, publicado la semana pasada, el porcentaje de trabajadores que cobra el sueldo mínimo ha ido subiendo, pasando del 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023. Lo que denota que las revalorizaciones del SMI están siendo superiores a la del resto de salarios y el SMI cada vez 'atrapa' a una mayor proporción de los trabajadores. "Hago un llamamiento, especialmente a los empleadores, necesitamos un país mejor. No se puede vivir con dignidad con 1.680 euros al mes [el salario mediano en España]", ha afirmado la vicepresidenta. Según las conclusiones de la Airef, las últimas subidas del SMI han tenido un efecto neutro o ligeramente positivo sobre el conjunto de la economía. Ya que si bien señalan que ha podido destruir de manera directa empleos, ante empresas que no han podido asumir la revalorización, pero que a su vez lo ha creado, estimulando la demanda de quienes cobran el SMI y tienen tras su aumento mayor capacidad de gasto.
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