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» Diario Cordoba
Fecha: 01/10/2025 08:53
Las administraciones públicas que están implicadas en los casos Begoña Gómez y Santos Cerdán se 'saltaron' a los comités de expertos independientes en las adjudicaciones bajo sospecha, pues se realizaron en mesas de contratación que basaron sus decisiones en "informes técnicos del propio organismo", según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otros dos elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), departamento adscrito al Ministerio de Hacienda. En estos documentos de trabajo, que han sido remitidos al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a la Fiscalía Europea y al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular es Juan Carlos Peinado -instructor de la causa seguida contra la esposa del presidente del Gobierno-, se analiza el procedimiento de adjudicación utilizado en las licitaciones bajo sospecha y las posibles consecuencias que aquel ha podido tener. Puente es el instructor de la causa abierta al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el expolítico socialista Santos Cerdán, mientras que la Fiscalía Europea se ocupa de los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, recomendado por Begoña Gómez. En la causa en la que se investiga a Santos Cerdán, según la UCO, el procedimiento de adjudicación, que siempre otorgó una mayor relevancia a la oferta económica, podría haber sido utilizado "para orientar las adjudicaciones a determinadas mercantiles", en alusión, entre otras, a las empresas Acciona y Servinabar, esta última vinculada según la Guardia Civil al ex secretario de Organización del PSOE, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio. Actuación "relevante" Para los agentes, esta forma de proceder "resulta relevante ya que, en caso de haber optado por otorgar mayor importancia a la ponderación subjetiva, estos informes técnicos deberían haber sido realizados por un comité de, al menos, tres expertos, los cuales no podrían depender nunca del órgano que propone la licitación", que en este caso son la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Dirección General de Carreteras. Los responsables de estos dos organismos en las fechas investigadas, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, respectivamente, están imputados en la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo, del que partió la causa que se sigue en el alto tribunal. Por eso, para la trama era importante que las ofertas de sus empresas no fuesen consideradas "anormalmente bajas", para que "una arbitraria sobrevaloración de la nota subjetiva permitiese otorgar una puntuación global suficiente para ganar la adjudicación", destaca la UCO en su informe sobre Santos Cerdán. En el caso Begoña Gómez En el caso de la empresa pública Red.es, cuyas adjudicaciones analiza el juez Peinado y la Fiscalía Europea, en relación con las supuestas recomendaciones de la mujer de Pedro Sánchez, la IGAE hace un reproche similar al de la UCO en el caso Cerdán: "La valoración de las ofertas la debería haber realizado un comité de expertos compuesto por tres miembros no pertenecientes al órgano proponente del contrato o un organismo técnico especializado. Según se establece en ese mismo artículo, los miembros del comité de expertos en ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato", dice el informe remitido a la Fiscalía Europea. De esta forma, Hacienda considera que los directivos de Red.es incumplieron la ley al permitir que la valoración de los criterios técnicos fuera realizada por la mesa de contratación de esta misma empresa, "que no era competente", una decisión que podría constituir, prosigue el documento, "un fraude de ley, mediante el que se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un comité de expertos, en el que no podría haber participado el director proponente del contrato", que en algunos casos habría elaborado los informes técnicos. Por eso, Hacienda resalta que la fórmula que utiliza Red.es beneficia a las ofertas "más caras", al mismo tiempo que no contribuye a que los licitadores presenten ofertas económicas competitivas. "Por el contrario, la fórmula que se establece en los pliegos les desincentiva a hacerlo, ya que son conocedores de la escasa relevancia de la puntuación económica respecto de la puntuación total". Por otro lado, "debe señalarse -afirma el informe- que la persona que, en el caso que nos ocupa, firmó el informe técnico de evaluación de las ofertas de los licitadores en relación con los criterios dependientes de un juicio de valor no podría haber formado parte del comité de expertos contemplado en el artículo 146.2 a) de la ley de contratos del sector público, ni, por tanto, podría haber participado en la valoración de dichas ofertas en relación con los citados criterios de adjudicación". Hacienda se refiere así al director de Economía Digital de Red.es, que desde 2012 es Luis Prieto Cuerdo, del que afirma que como "dicha persona estaba adscrita al órgano proponente del contrato", por lo que su presencia en el comité de expertos resultaba "incompatible". Prieto fue uno de los altos cargos de la empresa a los que el juez Peinado tomó declaración como testigos en junio del año pasado.
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