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» Elterritorio
Fecha: 01/10/2025 04:01
La medida se produjo tras las declaraciones de dos de los detenidos. El expediente ya suma siete imputados y dos prófugos. martes 30 de septiembre de 2025 | 17:48hs. La Justicia bonaerense ordenó el secreto de sumario en la causa que investiga el femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, cuyos cuerpos fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela. La medida se dispuso tras las declaraciones de Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, ambos detenidos e imputados en el expediente, quienes comparecieron ante el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza. De acuerdo con fuentes judiciales, luego de sus testimonios, Sotacuro e Ibáñez fueron derivados a diferentes penales del país. Su abogado defensor, Guillermo Endi, afirmó que las exposiciones fueron “satisfactorias” y agregó que su cliente masculino “tiene más temor que Florencia porque percibe la magnitud de la investigación”. También denunció que presenta lesiones en una mano, atribuidas al accionar policial durante su detención en La Quiaca, y anticipó que solicitará peritajes médicos y veterinarios para descartar la versión de que se trató de una mordedura. La investigación sostiene que Ibáñez se movilizó en un Volkswagen Fox, propiedad de Sotacuro, que aparece en registros de cámaras de seguridad como vehículo de apoyo al Chevrolet Tracker, utilizado presuntamente para trasladar a las tres víctimas. Sotacuro, de 41 años, fue capturado en la ciudad boliviana de Villazón, en una hostería ubicada a pocos metros del puente internacional, tras un operativo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y fuerzas de seguridad locales. Posteriormente fue entregado a la Interpol y trasladado a dependencias de la Policía Federal Argentina, hasta que finalmente fue alojado en el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy. En el marco de la causa, el fiscal Arribas elaboró una hipótesis que involucra a cuatro de los siete detenidos y a dos prófugos, identificados como “Pequeño Jota” y Matías Agustín Ozorio, este último señalado como su colaborador. El documento judicial reconstruye que entre el 19 y el 23 de septiembre, en una vivienda de la calle Chañar 702, Villa Vatteone, un grupo de personas -entre ellos Maximiliano Andrés Parra, Daniela Iara Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Julio Valverde y/o “Pequeño Jota” y Ozorio- participó de los asesinatos. Siempre según la investigación, las víctimas sufrieron golpes, patadas y cortes con armas blancas, lo que les produjo lesiones fatales. El escrito destaca que el ataque fue perpetrado “a traición y sobre seguro”, con el objetivo de aumentar el sufrimiento de las mujeres antes de darles muerte. Tras el crimen, los responsables enterraron los cuerpos en el patio de la vivienda para ocultar las pruebas. El fiscal también planteó una hipótesis secundaria, que involucra a Ibarra y Parra en tareas de encubrimiento, al presuntamente haber colaborado con González Guerrero para limpiar y alterar la escena del crimen con el fin de borrar rastros e impedir el accionar judicial.
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