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» Sin Mordaza
Fecha: 30/09/2025 11:49
El Gobierno formalizó este martes la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, a través del Decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida -que había sido anticipada dos semanas atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni- habilita la transferencia del 44% de las acciones de la compañía mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 51% quedará en manos del Estado, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En tanto, un 5% del capital accionario será destinado a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada. La sociedad Nucleoeléctrica fue creada en 1994, a través del Decreto 1540/94, con el objetivo de reorganizar las funciones que hasta ese momento dependían de la CNEA. Desde entonces, la compañía asumió la generación vinculada a Atucha I, Embalse y la construcción de Atucha II, bajo normas estrictas de seguridad nuclear y radiológica. Rol del Ministerio de Economía y organismos El texto establece que el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, dictará las normas operativas y complementarias necesarias para llevar adelante el proceso, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. También participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial. En los considerandos, el Poder Ejecutivo subraya que la actividad nuclear ya había sido declarada “sujeta a privatización” en la década de los 90 y que la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, ratificó esa condición en 2024, permitiendo incorporar capital privado siempre que el Estado mantenga la mayoría accionaria. Argumentos del Poder Ejecutivo En los considerandos, el Poder Ejecutivo argumentó que la decisión busca garantizar la continuidad de las operaciones de NA-SA “de manera eficiente y competitiva” y señaló que la incorporación de capitales privados es “el medio más idóneo” para asegurar financiamiento en proyectos estratégicos, como la extensión de vida de la central Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados en Atucha II. El Gobierno también señala que, pese a que Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord histórico de generación de 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, su funcionamiento depende de aportes estatales. Solo en 2023 recibió transferencias de capital no reintegrables por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Según el decreto, esto refuerza la necesidad de incorporar inversores privados para diversificar riesgos y garantizar la continuidad de los proyectos. Actualmente, la participación accionaria de Nucleoeléctrica se distribuye entre el Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y Energía Argentina S.A. (1%). Con el nuevo esquema, esas participaciones deberán ser transferidas a la Secretaría de Energía para dar curso al proceso licitatorio.
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