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» Diario Cordoba
Fecha: 30/09/2025 01:02
Conseguir un empleo es la principal preocupación de las personas con discapacidad, un sueño que, según un informe de la Fundación Adecco, se encuentra al mismo nivel que el acceso a una vivienda. Otro estudio de la Fundación Radnstad apunta que el 6,7% de la población andaluza sufre alguna discapacidad, y de esa cifra, un 52% son hombres y un 48%, mujeres. Sin embargo, solo un 29,2% están activas, es decir, están trabajando y en busca de empleo. Si atendemos a los últimos datos de contratación del Observatorio Argos, en la provincia de Córdoba había en agosto 113.959 personas demandantes de empleo, de las cuales 5.003, algo más del 4%, presentaban alguna discapacidad, y de ellas, 2.747 eran hombres y 2.257, mujeres. En ese mismo periodo se realizaron 17.214 contratos en los distintos sectores de actividad, pero solo 326 recayeron en personas discapacitadas, apenas un 1,8%. La cifra de contratos es ligeramente superior a la del mismo periodo del año anterior cuando se cerraron 307 contratos. En ambos casos, predominan los contratos temporales, el 78% del total. Personal de limpieza, peones de industria, camareros asalariados o conserjes de edificios son los empleos que habitualmente ocupan estas personas, que tienen más posibilidades de trabajar si sufren una minusvalía física (45,1% de los contratos) que una psíquica (10,9%). Las opciones que tienen las personas con discapacidad para encontrar un empleo en Córdoba son mucho más reducidas que para el resto de la población, sobre todo, si se tiene en cuenta que el mercado laboral busca cada vez más perfiles especializados y que el porcentaje de personas con discapacidad que tiene estudios superiores es muy inferior al de la media general. Para paliar esta situación, la Junta de Andalucía aprobó en mayo de este año el documento estratégico del segundo plan de empleo para personas con discapacidad en Andalucía. Según rezaba la propuesta, el plan propone establecer medidas para dar respuesta a las necesidades específicas de formación para el empleo, formación profesional, orientación, intermediación y acompañamiento a la inserción de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de políticas activas para potenciar la presencia de estas personas en el mercado laboral, tanto ordinario como protegido, y el fomento de medidas de discriminación positiva y participación en el empleo público. De momento, la Consejería de Inclusión Social y el Instituto Andaluz de la Mujer han anunciado la puesta en marcha este mes de un nuevo itinerario formativo con el objetivo de incentivar el empleo de las mujeres con discapacidad en las empresas, ya que solo el 18,1% de las mujeres con discapacidad en Andalucía están ocupadas. Empleo protegido Y es que, aunque todas las empresas públicas y privadas con 50 trabajadores o más trabajadores están obligadas a que al menos el 2% de sus empleados sean personas con discapacidad, son muy pocas las empresas que cumplen con la norma. Los datos del SEPE correspondientes a 2024 indican que en Córdoba se firmaron 2.089 contratos a personas con discapacidad, de los cuales 1.744 se suscribieron en centros especiales de empleo, es decir un 83% se realizaron en entornos protegidos, frente a un 17% de contratos en empresas ordinarias. Ese 83% supone 10 puntos más que la media nacional, que se encuentra en el 73% y también de la media autonómica, que se sitúa en el 74%. Una persona en silla de ruedas. / Archivo / CÓRDOBA Según la Fundación Adecco, estos porcentajes tan elevados «demuestran que muchas personas con discapacidad empiezan trabajando en centros especiales de empleo y perpetúan su permanencia en los mismos, sin plantearse nuevos horizontes profesionales». Sin embargo, consideran que «es necesario establecer indicadores cuantificables de tránsito hacia la empresa ordinaria, que representa el máximo exponente de la inclusión laboral». Multas e incentivos fiscales Incorporar personas con discapacidad en la empresa ordinaria sigue siendo una asignatura pendiente. Y eso que incumplir la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad puede implicar sanciones para las empresas con más de 50 empleados, obligadas a reservar un cupo del 2% de su plantilla para personas con discapacidad. En casos concretos en que la empresa demuestre que no puede incorporar personal directamente, hay opciones alternativas previstas como contratar servicios con un centro especial de empleo o realizar donaciones o acciones de patrocinio a entidades que trabajan con la discapacidad. El sistema sancionador que acompaña a la norma establece una serie de multas que oscilan entre 300 euros y un millón de euros en función de la gravedad y hasta 6.000 euros anuales por persona con discapacidad no contratada o ausencia de medidas alternativas. Las empresas que incumplen pueden ser penalizadas también por otras vías como impidiéndoles contratar con la administración pública, con la pérdida de bonificaciones en materia laboral o la imposibilidad de recibir ayudas públicas. Este diario ha intentado recopilar a través del Ministerio de Trabajo el dato de cuántas sanciones se han impuesto a empresas de más de 50 empleados por este motivo en Córdoba en los últimos años, pero, de momento, no se ha facilitado la información. Por otro lado, no contratar a personas con discapacidad puede acarrear sanciones mientras que hacerlo da derecho a incentivos fiscales. Crear puestos de trabajo para estos perfiles permite deducir 9.000 euros por cada persona y año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad (en un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%) y 12.000 euros por cada persona y año con trabajadores que presenten una discapacidad en un grado igual o superior al 65%.
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