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» Comercio y Justicia
Fecha: 29/09/2025 23:53
“La propiedad privada ha dejado de ser un mero tema técnico-jurídico para convertirse en el eje central de la disputa política, económica y cultural de nuestro país”. Bajo esa premisa, el diputado nacional Gerardo Milman (PRO) presentó un proyecto de ley que busca garantizar la recuperación rápida de inmuebles en casos de ocupación ilegítima o incumplimiento grave de obligaciones contractuales, con respeto al derecho de defensa de los ocupantes. “La propiedad no es solo un derecho subjetivo de los individuos, sino también un pilar de la convivencia social, la prosperidad económica y la vigencia misma del Estado de Derecho”, fundamentó el autor del texto. En ese marco, postuló que su iniciativa busca subsanar “un problema constante” para quienes reclaman la restitución de una propiedad privada: la lentitud o la inoperancia del sistema judicial para restituir con rapidez la posesión. “La demora judicial en restituir inmuebles usurpados constituye una forma de expropiación fáctica por vía de la tolerancia, donde la ley se vuelve cómplice de la ocupación ilegal”, señaló y agregó que “donde el Estado fracasa en garantizar la propiedad, lo que se erosiona no es solamente la economía, sino la libertad misma”. La propuesta contempla un procedimiento de “desalojo exprés” aplicable a los casos de ocupación ilegítima de inmuebles, cuando el propietario acredite de manera fehaciente la titularidad del dominio o un título que le otorgue derechos ciertos sobre la propiedad, debidamente inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble. Tendrá carácter sumarísimo y se aplicará con preferencia a cualquier otro trámite ordinario o especial. De acuerdo a la iniciativa, el ocupante será notificado dentro de los cinco días corridos desde la admisión del procedimiento y se otorgará un plazo de cinco días hábiles para que presente descargo y ofrezca pruebas documentales que avalen su derecho. Vencido, el juez deberá dictar sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes. Si se confirma la ocupación ilegítima o el incumplimiento contractual, ordenará la restitución inmediata al propietario, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. El proyecto prevé que la ejecución del desalojo deberá respetar la integridad física y los derechos básicos de los ocupantes, incluyendo la derivación a servicios sociales cuando corresponda.
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