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Parana » Informe Digital
Fecha: 29/09/2025 17:28
Las renuncias de jueces federales y nacionales se aceleraron este año y prometen ampliar las vacantes en el Poder Judicial: pasarían del 33% actual al 38% en el primer trimestre de 2026. La situación preocupa profundamente a la Corte Suprema, mientras el Gobierno mantiene la promesa de que, tras las elecciones, remitirá al Senado los pliegos de los jueces ya seleccionados por el Consejo de la Magistratura. La semana pasada, en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el periodista Gonzalo Núñez dio cuenta de las vacantes en el Poder Judicial entrerriano: según su informe, hay más de 70 cargos sin concurso en la Justicia provincial. El problema es grave porque faltan listas de conjueces para subrogar cuando no se logra conformar mayorías y las causas quedan trabadas. Los conjueces son abogados de la matrícula elegidos por fuero para suplir a los titulares, pero requieren acuerdo del Senado y, en algunos fueros, esas listas directamente no existen. La Corte no obtuvo del Gobierno la misma receptividad en este tema que sí obtuvo en lo relativo al financiamiento del Poder Judicial. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se reunió mano a mano con el ministro de Economía, Luis Caputo, y acordaron las partidas necesarias para mantener el nivel salarial por encima de la inflación. Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, participó de ese encuentro y fue testigo del acuerdo, que generó satisfacción en el ámbito judicial. El presupuesto elevado por el Gobierno al Congreso contempló esas partidas, salvo en un renglón: bienes de uso del Consejo de la Magistratura, que incluye infraestructura, tecnología y obras de mantenimiento. En Justicia se había previsto una partida de 29.000 millones de pesos; en el proyecto remitido al Congreso quedaron 7.600 millones, una reducción del 73%. Será un tema para el consejero de la magistratura y diputado Álvaro González, vicepresidente de la Comisión de Administración, cuando se debata el presupuesto en el recinto. Jubilaciones en puerta Las renuncias y jubilaciones se aceleraron este año porque muchos magistrados que ya alcanzan la edad jubilatoria, o están cerca, optan por adelantar la decisión ante el temor de un cambio en la ley previsional. Actualmente los jueces cuentan con un régimen especial que les garantiza el cobro del 82% móvil —es decir, un haber que se ajusta junto con los sueldos en actividad— y el cálculo se realiza sobre el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones (10 años), siempre que esas remuneraciones hayan estado sujetas a aportes. Ese método redujo considerablemente los haberes iniciales respecto del sistema anterior. Además, los jueces designados después del 1° de enero de 2017 tributan impuesto a las ganancias en actividad y, si estuvieron alcanzados, también lo harán al jubilarse. El haber promedio de un juez jubilado en 2025 fue de alrededor de 5.663.069 de pesos, según un relevamiento de Chequeado. El Gobierno anunció que, después de las elecciones, avanzará con una reforma al sistema previsional. Los jueces temen que incluya a los regímenes especiales. El Ejecutivo juró que no tocará el mecanismo de jubilación de los magistrados, dijeron fuentes oficiales a LA NACION. Pese a esas garantías, y ante el riesgo de perder beneficios, muchos magistrados optaron por jubilarse en 2025. Los jueces aportan un porcentaje mayor que el resto de los futuros jubilados (18% contra 11%), pero sus haberes no tienen un tope como el del resto de los contribuyentes. Un estudio elaborado por los propios magistrados, con base en datos del Boletín Oficial y al que accedió La Nación, indica que en 2025 renunciaron 28 jueces. Además, hay 10 magistrados que cumplirán 75 años o más en 2026, edad límite para continuar en el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado. Ese total de 38 jueces que podrían dejar sus cargos hacia fines del primer semestre de 2026 (salvo quienes cuenten con alguna medida cautelar que les permita permanecer) elevaría las vacantes en el Poder Judicial nacional del 33% al 38% en 2026, dijeron fuentes judiciales. De las 28 renuncias de 2025, la mayoría se dio en el fuero laboral, con siete casos, y en los tribunales orales en lo criminal federal, con cuatro. Entre los magistrados que alcanzarán los 75 años en 2026 figuran un juez de la Cámara de Casación Penal, Carlos Mahiques, y dos integrantes de la Cámara del Trabajo, Graciela Craig y Víctor Pesino. Esos números están sobre los escritorios de los miembros de la Corte Suprema, que observan con inquietud el vaciamiento del Poder Judicial por las vacantes que se suman, tanto entre los jueces como entre los fiscales nacionales y federales. La preocupación se intensifica de cara al inicio del sistema acusatorio en Comodoro Py, previsto para el 11 de enero próximo. Este lunes se suma Bahía Blanca a los distritos donde ya funciona ese sistema, como Salta, Jujuy, Santa Fe, Mar del Plata y Mendoza, entre otros. En manos del presidente Javier Milei están actualmente 184 pliegos de candidatos para cubrir igual cantidad de vacantes en juzgados, tribunales orales y cámaras nacionales y federales de todo el país. Otras 155 vacantes están en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay 77 concursos en curso para cubrirlas. Las vacantes afectan tribunales civiles, comerciales, penal económico, tribunales orales y cámaras del interior del país. No siempre se trata de cargos políticamente sensibles, pero sí provocan retrasos en la tramitación de expedientes. En los tribunales orales federales porteños falta la mitad de los jueces, lo que retrasa juicios; en la Cámara en lo Penal Económico, que tiene seis jueces, sólo dos están en funciones. Además, falta el 50% de los jueces del fuero comercial y la mitad de los jueces civiles de familia. Los pliegos que están en manos del Ejecutivo no incluyen los candidatos estratégicos para los juzgados federales de Comodoro Py (cuatro vacantes), la Cámara Federal (dos cargos) ni la Cámara de Casación Penal (tres vacantes), ya que esos concursos siguen tramitándose en el Consejo de la Magistratura. Para cada cargo, el Consejo realizó concursos, exámenes escritos, entrevistas personales y votó el envío de ternas al Poder Ejecutivo. Corresponde ahora al presidente elegir uno de los nombres de cada terna y enviarlo al Senado, donde el postulante propuesto deberá obtener acuerdo por mayoría o no. En general, el proceso resulta de una negociación política: el oficialismo, los bloques opositores y los gobernadores suelen acordar el apoyo a determinados candidatos. Sin diálogo político, los avances no se concretan. La semana pasada, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio se reunió con el presidente de la Cámara Civil, Omar Luis Díaz Solimine; la jueza y consejera de la magistratura Agustina Díaz Cordero; y otros magistrados del fuero, quienes reclamaron la falta de listas de conjueces. Desde el Gobierno les prometieron que, tras las elecciones de octubre, enviarán al Senado los pliegos de los candidatos que ya tengan en su poder. “Los jueces civiles se reunieron a pedir que nombremos conjueces. El dinero se pagó y se cumplió lo acordado. Y las vacantes en su mayoría están trabadas porque hubo solo dos plenarios este año en el Consejo de la Magistratura”, reaccionaron desde el Poder Ejecutivo. Esa promesa de cubrir vacantes ya fue formulada en ocasiones anteriores y no se cumplió. El 6 de noviembre de 2024, hace casi un año, el vocero presidencial Manuel Adorni y Amerio afirmaron en la Casa Rosada: “El Gobierno elevará 150 pliegos [al Senado] para nombrar jueces, fiscales y defensores”. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tuiteó entonces: “La casta dejó una justicia vacía, sin jueces ni fiscales. Como consecuencia, los criminales no van presos y los corruptos no son condenados. Para solucionar la crisis que heredamos, en esta primera etapa enviaremos 150 pliegos al Senado para cubrir las vacantes”. No enviaron ninguno. Hoy las ternas de candidatos que tiene el Poder Ejecutivo ya no son 150, como hace seis meses, sino 184.
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