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» Diario Cordoba
Fecha: 26/09/2025 03:16
Cuando las decisiones políticas tienen repercusión directa en la salud de millones de personas, la relación entre ciencia y política adquiere una dimensión especial. Esta evidencia se puso de manifiesto el pasado 22 de agosto, en la que la revista Nature se hizo eco de que el actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy. Solicitó a través de un artículo de opinión la retractación de un artículo aparecido en Annals of Internal Medicine. En él se analizaron los datos de más de 1.2 millones de niños y adolescentes de entre 2 y 18 años, concluyendo que los adyuvantes de aluminio de las vacunas no aumentaban la incidencia de enfermedades autoinmunes, alérgicas o trastornos del neurodesarrollo (autismo). Kennedy calificó el estudio danés como un «engaño de la industria farmacéutica». Un mes después, Trump, junto con Robert F. Kennedy Jr., en rueda de prensa en la Casa Blanca, vinculó el uso de paracetamol durante el embarazo con un aumento del riesgo de autismo en los niños, pese a que no hay evidencia científica. Estas declaraciones están basadas en un estudio de Mount Sinai, que asocia el consumo prenatal de acetaminofén con un mayor riesgo de autismo y TDAH. Pero la fiebre y el dolor maternos no tratados plantean riesgos como defectos del tubo neural en desarrollo, por lo que recomiendan un uso juicioso del medicamento. Otro estudio realizado en 2,4 millones de niños editado por JAMA no encontró evidencia de tal asociación. Además, anunció la aprobación del medicamento leucovorina (ácido folínico) para tratar el autismo, basándose en el déficit de folato. Las informaciones sesgadas generan unas expectativas desproporcionadas por la falta de consenso científico. Esta tensión político-científica se agravó el 9 de junio, cuando R. Kennedy destituyó a los 17 miembros del Comité Asesor de Vacunación (CDC), sustituyéndolos por miembros sin experiencia en vacunas, ensayos clínicos o enfermedades infecciosas. ¿En qué se traduce esto? A corto plazo estamos viendo enfermedades infecciosas como el sarampión, patología que puede tener complicaciones graves y que se puede prevenir con la triple vírica (sarampión, paperas y rubéola). Esta enfermedad, que fue eliminada en EE. UU. en el año 2000, ha vuelto a resurgir y ha causado muertes. Los contagios han afectado al 96 % de las personas sin vacunar. Pero R. Kennedy es contradictorio, recomendando la vacunación con la triple vírica pero sin imponerla, y al mismo tiempo propone tratamientos alternativos ineficaces, como la vitamina A o aceite de hígado de bacalao. A todo esto aparece en escena Joseph Ladapo, responsable sanitario del estado de Florida, que retira la obligatoriedad de la vacunación como requisito para asistir a la escuela en los EE. UU., y que estaba en boga desde los años 70 en todos los estados. Incluso no recomienda cuarentenas para niños no vacunados tras exposición. Estas actitudes han tenido como consecuencia: menor tasa de vacunación, desconfianza en la ciencia e impacto negativo en la salud pública. Aunque por ahora, en España, no hay cambios legislativos en este ámbito, los mensajes que nos llegan pueden minar la credibilidad en las vacunas con un posible repunte de los movimientos antivacunas en comunidades más influenciables. Como vemos, las posturas políticas empíricas realizadas desde una situación de poder magnifican la diatriba científica, con lo que alimentan la desinformación, creando dudas en la investigación. Aunque la crítica legítima a la industria farmacéutica es necesaria, no podemos caer en confundirla con la negación de un consenso científico consolidado. *Médico
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