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Parana » Informe Digital
Fecha: 24/09/2025 07:18
Los fiscales de Gualeguay, Mariángeles Schell y Rodrigo Molina, pertenecientes a la Unidad Fiscal de Gualeguay, han solicitado la elevación a juicio de dos causas acumuladas contra el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, de 41 años. Las investigaciones penales preparatorias le imputan delitos de desobediencia judicial en un caso y coacciones agravadas contra una funcionaria pública, así como perturbación de audiencia y desobediencia judicial en el otro, ambos en un contexto de violencia de género. En el primer cargo, se acusa al abogado, oriundo de Victoria, de haber desobedecido una orden judicial emitida el 16 de octubre de 2024 y reiterada el 31 de marzo de 2025, dictada por la jueza Rosa Fernández Campasso, quien le exigía iniciar y acreditar un curso de capacitación sobre violencia de género en la Asociación Pablo Besson. Según la Fiscalía, Reggiardo no cumplió con esta disposición entre el 5 de noviembre de 2024 y el 3 de abril de 2025, a pesar de haber sido debidamente notificado. Esta medida surgió a raíz de un episodio de violencia de género que Reggiardo habría protagonizado el 26 de agosto de 2024 en la mesa de entradas de la Fiscalía de Gualeguay, donde presuntamente mostró una “actitud corporal agresiva y beligerante”, acompañada de insultos, gritos y golpes en el mostrador, lo que generó malestar y temor en las empleadas. La calificación legal de este hecho es desobediencia judicial. El segundo incidente tuvo lugar el 9 de mayo de 2025 durante una audiencia de remisión a juicio en el Juzgado de Garantías de Gualeguay. Se acusa a Reggiardo de perturbar el acto procesal a cargo de la jueza Alejandra Gómez mediante “conductas coactivas” para impedir el desarrollo de la audiencia. Según los fiscales, él intentaba sustituir la decisión de la jueza por la suya, menoscabando su libertad. Durante la audiencia, Reggiardo le dijo a la jueza: “considero que usted no está a la altura de llevar adelante este juicio”, “usted desprestigia el derecho”, “usted es una delincuente” y “los jueces como usted tienen que salir de la justicia”. Además, la amenazó con denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, comenzó a filmar a la jueza con su celular, desobedeciendo la orden de detenerse, lo que obligó a la magistrada a suspender la audiencia. Posteriormente, el mismo día, publicó en el sitio web “La Caldera” con el titular “La jueza de la vergüenza”, concluyendo con la frase: “no habrá paz donde reine la impunidad con toga”, lo que la Fiscalía consideró otra amenaza. Los delitos que se le imputan son coacciones agravadas contra una funcionaria pública, en concurso ideal con perturbación en audiencia y en concurso real con desobediencia judicial, todo en un contexto de violencia de género. Las declaraciones de Reggiardo Reggiardo, ejerciendo su propia defensa, negó las acusaciones en ambos legajos y enmarcó las causas como una persecución política y judicial. En la primera causa, alegó que existe una “operatoria destinada a meterlo preso” debido a sus enfrentamientos políticos con la diputada María Laura Stratta y sus denuncias de corrupción. Atribuyó la causa a una persecución orquestada por figuras del poder judicial y político de Gualeguay. Sostuvo que no incumplió la orden de realizar el curso, sino que la recusó en diversas instancias, considerándola una medida ilegal y gravosa impuesta para “aleccionarlo” por sus denuncias. Afirmó que su intención no es desobedecer, sino ejercer su derecho a que un tribunal imparcial revise su caso. En el segundo legajo, Reggiardo negó los cargos, argumentando que sus manifestaciones en la audiencia fueron “alegatos defensivos” descontextualizados. Volvió a mencionar que es víctima de una persecución por parte de funcionarios judiciales a quienes ha denunciado, como el fiscal Rodrigo Molina. Argumentó que sus expresiones no buscaban intimidar a la jueza Gómez, sino “poner en conocimiento” irregularidades que, según él, ella cometió en otras causas. Sostuvo que actuó en su doble rol de imputado y defensor ante lo que considera “una injusticia ejecutada por un sector del poder judicial”. Fundamentos de la acusación La Fiscalía considera que las pruebas reunidas demuestran “suficientemente” la existencia de los delitos y la autoría de Reggiardo. Para el delito de desobediencia, se basan en testimonios de funcionarios judiciales, integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario y la coordinadora de la Asociación Pablo Besson, así como en la documentación de los expedientes que demuestra que la orden fue emitida, reiterada y no cumplida. En cuanto a los delitos de coacciones, perturbación y desobediencia en audiencia, la Fiscalía considera que los registros fílmicos de la audiencia del 9 de mayo de 2025 son la prueba clave. Sostienen que en ellos se observa “suma claridad” cómo Reggiardo, mediante intimidaciones, logró frustrar el acto procesal, menoscabando la libertad de la jueza. Esta evidencia se refuerza con la declaración de la propia jueza Gómez, quien manifestó haberse sentido “condicionada y menoscabada” tanto como magistrada como mujer, e incluso expresó temor de ser agredida físicamente. Además, se apoyan en los testimonios de la fiscal y el abogado que estuvieron presentes durante la audiencia. Finalmente, la Fiscalía subraya que ambos hechos se inscriben en un contexto de violencia de género, citando el deber del Estado de actuar con “debida diligencia reforzada” en estos casos, conforme a la jurisprudencia nacional e internacional. Por todo ello, han solicitado que se fije fecha para la audiencia de remisión a juicio. Respecto a la pena a solicitar, los fiscales sostuvieron que se encontrará dentro del primer tercio del margen de ambos delitos, con el respectivo agravante, considerando “la naturaleza de las conductas perpetradas, la forma en que las cometió y la extensión del daño causado”.
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