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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 24/09/2025 04:35
Las agresoras ya fueron separadas y trasladadas a otros pabellones (Gobierno de Córdoba) Luego de que Gabriela Nahir Fernández (34) fuera acusada de presunto abuso sexual en contra de siete detenidas en el penal de Bouwer, la Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa. Se trata de la presidiaria que cambió de género y en 2018 pidió el traslado hacia el pabellón de mujeres. Desde entonces, habría violado a 7 mujeres. Según la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, la detenida enfrentará un juicio como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”. Entre los cargos formulados en contra de la acusada, el fiscal remarcó que, en uno de los episodios, fue considerada como “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas. Además, sumaron una agravante por “el uso de arma en grado de tentativa”. En la misma resolución, Ávila Echenique imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”. De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, la coautoría sería respecto de una sola víctima. El caso involucra a otras dos reclusas que habrían participado de uno de los hechos En línea con el expediente, su caso comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel, y un año después recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, Fernández manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de su identidad de género y su solicitud de traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”. A partir de ese momento, la Justicia la reconoció oficialmente como Gabriela Nahir Fernández. Mientras cumplía su condena, en abril de 2019, se le imputó un nuevo delito en perjuicio de una mujer, que incluyó “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas”. Poco después, obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019, Fernández enfrentó una nueva denuncia, aunque el caso fue archivado. Una situación similar se repitió a finales de 2022, cuando una ex pareja la acusó, pero la causa también fue desestimada. Ya en libertad, en 2023, volvió a ser denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”. A estas acusaciones se sumó otra por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que llevó a la Justicia a ordenar su detención y, en 2024, dictarle prisión preventiva. Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se conoció el abuso cometido contra una compañera de celda. Tras acumular sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal “con el objetivo de resguardar a la víctima”. El caso motivó a la modificación del régimen a nivel nacional (AFP) Las tres acusadas permanecen detenidas y, en el caso de Fernández, se encuentra en un régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer. La medida se tomó luego de que se diera a conocer el caso a nivel nacional, que fue repudiado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. “Se le dio ese cambio de sexo a una persona que había generado un abuso sexual afuera de la cárcel, es decir, comete el delito del abuso, se le acepta el cambio de sexo para ir a una cárcel de mujeres y vuelve a cometer adentro de la cárcel, el mismo delito”, ejemplificó Bullrich con el caso Fernández. A partir de este antecedente, la provincia de Córdoba evalúa sumarse a la resolución nacional que restringe los traslados de personas privadas de libertad a cárceles que correspondan a una autopercepción de género manifestada después de la condena. De esta manera, la persona debería cumplir condena en el penal correspondiente al género que tenía al cometer los hechos.
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