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Concepcion del Uruguay » 03442noticias
Fecha: 24/09/2025 03:24
Que el Gobierno Nacional promulgue una ley que reconoce derechos y obligaciones para las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, la devuelva al Congreso para que especifique las partidas presupuestarias es más que una jugada burocrática: es una burla institucional. Este doble acto, ejecutado hoy mismo, revela sin disimulo cuál es la jerarquía política que se le asigna a un colectivo que viene siendo sistemáticamente relegado. Coincidir en el tiempo con dos decisiones contradictorias no parece un accidente: por un lado quita las retenciones al campo —una medida valorada como generosa con los sectores agrarios— y por otro lado firma la ley de discapacidad pero la condiciona, exigiendo que se precisan recursos que, en el mejor de los casos, serán magros y tardíos. Además, el Presidente viajó a EE.UU. a buscar plata para alimentar el sistema financiero, no para mejorar la vida de quienes padecen, claramente, falta de acceso, de contención, de recursos concretos, reales. Decir «sí, hay ley, pero te la devolvemos para que me digas cuánto va a costar» es reconocer implícitamente que la ley sin presupuesto es papel mojado. Y ese papel mojado solo sirve para uso político: lucirse con la firma, mandar mensajes simbólicos, ganar titulares. Pero para las personas con discapacidad, ese gesto no amortigua el dolor ni cierra la brecha de asistencia, de inclusión, de dignidad. Veamos qué implica este condicionamiento con la ley de discapacidad: – Que los derechos proclamados —prestaciones, accesibilidad, prestaciones sanitarias, educativas, transporte adaptado— quedarán en vilo hasta que haya oferta presupuestaria. – Que los plazos de ejecución están en manos de tecnicismos, burocracia, negociaciones políticas, recortes potenciales. – Que se manda un mensaje claro: nuestras demandas pueden esperar, pero otras como los descuentos impositivos para sectores con poder no —estas últimas se resuelven ya. El reclamo pendiente de muchos se concentra en lo esencial: que ya no se trata solo de declararlo legalmente, sino de hacerlo funcionar. Tener una ley sin recursos es como prometerle a un niño que va a ir al colegio y dejarlo en la puerta sin libros, sin silla, sin aula. Y es precisamente por esa ausencia de compromiso real que muchos ya no confían. Porque hoy firmás una ley, mañana la devolvés. Porque mañana decís que el presupuesto no alcanza. Porque finalmente el Estado que exhibe discursos de inclusión se frota las manos cuando los costos de verdad aparecen. Las personas con discapacidad no merecen migajas simbológicas ni promesas condicionadas: merecen recursos firmes, políticas claras, cumplimiento efectivo. Si este gobierno realmente creyera en la igualdad, si tuviera sensibilidad para quienes sufren, habría enviado la ley plenamente operativa, con las partidas listas, con compromisos públicos de cumplimiento. Hoy asistimos a otra maniobra: una ley de discapacidad que se promulga para la foto, se devuelve para excusas, se posterga para después. Mientras tanto, quienes viven con discapacidad siguen esperando. Y eso no es sólo injusto. Es indecente. Fabián Galarraga. Proyecto ImaginArte.
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