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» Diario Cordoba
Fecha: 24/09/2025 01:07
-Este martes, tendrá lugar en Córdoba un encuentro nacional organizado por la FEMP de ciudades galardonadas con el premio Ciudad Accesible. ¿Qué objetivos se han marcado en esta primera edición? -Se trata de un encuentro de buenas prácticas entre las ciudades españolas que desde el año 2010 han recibido la calificación de ciudad accesible por parte de la Comisión Europea. Lo que pretendemos con esta cita es que sea un lugar de intercambio y de aprendizaje mutuo entre estas 18 ciudades y visibilizar el compromiso de los gobiernos locales con la inclusión y con la accesibilidad universal. -¿Qué tiene que tener una ciudad para que se la considere accesible? -Una política en la que transversalmente se tenga siempre en cuenta la accesibilidad universal, que significa atender tanto la accesibilidad física en las infraestructuras como la accesibilidad cognitiva y sensorial. Lo que se valora es que en el diseño de las ciudades se contemple que la ciudad sea accesible en su planeamiento, en sus infraestructuras y en sus servicios. Córdoba está teniendo un papel muy activo en la incorporación, dentro de sus políticas, de la accesibilidad universal, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como de los servicios -¿Qué destacaría de la gestión que está haciendo Córdoba en esta materia? -Córdoba es una de las ciudades galardonadas por la Comisión Europea y efectivamente está teniendo un papel muy activo en la incorporación, dentro de sus políticas, de esta accesibilidad universal, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como de los servicios. Por eso es lógico que haya sido elegida por parte de la Fundación ACS y la propia Femp para albergar este primer encuentro de ciudades accesibles. -Una de las mesas de debate se va a centrar en la movilidad urbana, con el patrimonio histórico y las TIC. ¿En qué medida se está incorporando la inteligencia artificial a las ciudades en cuanto a accesibilidad? -La inteligencia artificial no es futuro, es presente y tiene muchísimas aplicaciones también en el ámbito de la accesibilidad universal, en la configuración de apps accesibles e incluso en el ámbito de la información de diversas infraestructuras. Dentro del ámbito del convenio de colaboración que mantenemos con la Fundación ACS, el año pasado se editó una guía de buenas prácticas de accesibilidad universal en las entidades locales, en las que se recogieron ejemplos concretos de ayuntamientos grandes y pequeños para mostrar cómo han incorporado esta accesibilidad global en sus entornos y en cuestiones como las TIC, los espacios urbanizados o el patrimonio histórico. Los ayuntamientos están siendo motor del cambio de la sociedad en favor de conseguir entornos urbanos inclusivos. Esto es importante no solo para las ciudades, sino en el entorno rural. En torno a un millón de personas con discapacidad, el 20% del total, viven en el entorno rural y es ahí donde debemos insistir en incorporar la accesibilidad universal. Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP / MANUEL MURILLO -¿Cuál será el compromiso a futuro que expresen las ciudades en la declaración de Córdoba? -Aún no se ha cerrado el documento, pero la filosofía es colocar la accesibilidad universal como principio fundamental en la actuación municipal, recordar que se trata de un derecho fundamental y contar con la participación de las entidades de personas con discapacidad a la hora del diseño de las políticas locales. La accesibilidad universal es algo que va a beneficiar a la sociedad en su conjunto porque todos, en determinados momentos de nuestra vida podemos necesitar esas mejoras. En la FEMP estamos trabajando ya en un documento de recomendaciones para agilizar la tramitación administrativa en el otorgamiento de licencias para la construcción de viviendas -Uno de los principales motivos de preocupación social en este momento es el difícil acceso a la vivienda. ¿Cómo están trabajando los municipios para dar respuesta a esta problemática? -Efectivamente, los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas demuestran que esta es la primera preocupación de los ciudadanos. En la Femp, queremos que los ayuntamientos sean parte de la solución a este problema y estamos trabajando ya en un documento de recomendaciones para agilizar la tramitación administrativa en el otorgamiento de licencias para la construcción de viviendas. Pero somos conscientes de que el problema de la vivienda es muy complejo y obedece a múltiples factores, entre ellos, disponer de suelo público. En eso tiene también mucho que ver la Administración General del Estado, el Gobierno Central y las comunidades autónomas. -La gestión del turismo es uno de los desafíos de las ciudades. Se está interviniendo en el control de las viviendas de uso turístico. ¿Mantienen su reclamación del IVA turístico? -El turismo es una fuente de actividad esencial creadora de riqueza y empleo y es un fenómeno que impacta de forma muy diversa en nuestro país. Hay zonas donde es muy intensivo, sobre todo en la costa, y otras zonas de interior sin esa intensidad. Nosotros queremos proponer medidas que sean compatibles con esa realidad. Simultáneamente, se está produciendo otro fenómeno colateral al incremento del turismo, y es que en los municipios turísticos, sobre todo en el periodo estival, la población se puede duplicar o triplicar de forma que los servicios que dimensionados para una población, en época estival se tengan que prestar al doble o triple de personas. Esto supone un incremento del coste de la prestación de servicios. Por eso, reclamamos que estos municipios reciban parte del IVA que se recauda directamente de la actividad turística, para hacer frente al incremento de los costes. De, esa propuesta no ha tenido calado en la Administración del Estado. Es imprescindible que la reforma del modelo de financiación autonómico se haga a la par que la del sistema de financiación local. El actual modelo no da respuesta a las necesidades financieras de los municipios -Otra de sus reivindicaciones es la reforma del sistema de financiación local. ¿En qué punto están las negociaciones? -Hemos reclamado al Gobierno que se siente a dialogar con los ayuntamientos la reforma del sistema de financiación local, especialmente después de que el presidente del Gobierno haya anunciado que se va a modificar el sistema de financiación autonómico en esta legislatura. Es imprescindible que la reforma del modelo de financiación autonómico se haga a la par que la del sistema de financiación local, que data del año 2002 y es anterior al autonómico. El actual modelo no da respuesta a las necesidades financieras de los municipios para prestar los servicios que reclaman los ciudadanos. Necesitamos que se aborde de forma urgente. Hasta el momento no se ha atendido esa petición. Existe un órgano de diálogo entre la Administración General del Estado y los municipios que no se ha reunido en esta legislatura pese a que tendría que hacerlo de forma ordinaria al menos dos veces al año. -¿Cuál es la situación de tesorería en los ayuntamientos? -Los ayuntamientos se encuentran en una situación de sostenibilidad en la mayoría de casos, con una elevada cantidad en concepto de superávit y remanente de tesorería. El sector local es el menos endeudado. No obstante, hay un número muy concreto de ayuntamientos en situación de riesgo financiero, unos 200 ayuntamientos de los 8.132 que existen en España, pero la cuestión que ahora mismo atenaza a los ayuntamientos es la aplicación de las reglas financieras de la Unión Europea. De una parte, la regla de gasto, que es lo que limita la capacidad de gasto de los ayuntamientos para los años venideros y, en segundo lugar y más urgente, la posibilidad de inversiones financieramente sostenibles. En el momento actual, los ayuntamientos no van a poder realizar inversiones financieramente sostenibles porque el Estado no ha aprobado una disposición adicional de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y eso va a obligar a los ayuntamientos a destinar el superávit o el remanente de tesorería de 2024 a amortizar deuda financiera. Desde junio hemos reclamado al Ministerio de Hacienda que prorrogue la posibilidad de realizar inversiones financieramente sostenibles, pero a día de hoy esa disposición adicional no se ha prorrogado y, por lo tanto, los ayuntamientos se van a ver en la obligación de amortizar deuda financiera y no poder realizar esas inversiones financieramente sostenibles. -La tasa de basura es otro tema candente. Usted ha dicho que la ley que regula esta tasa es defectuosa y que hay mucha diferencia entre municipios. ¿Cuál es la situación? -La ley de economía circular introduce una regulación muy escueta que se limita a imponer a los alcaldes que implanten una tasa obligatoria, pero no concreta las directrices que debería contemplar un informe económico-administrativo que determine el coste a cubrir por esa tasa. Cada ayuntamiento esté usando un parámetro distinto, unos establecen la tasa según el valor catastral, otros por el número de personas que habitan una vivienda o el consumo de agua, generando importantes desigualdades según el lugar de residencia e inseguridad jurídica para los ayuntamientos. Es urgente modificar esa ley. Suscríbete para seguir leyendo
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