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» Comercio y Justicia
Fecha: 23/09/2025 23:40
Los abogados de Catalina, una de las víctimas más jóvenes, solicitaron medidas judiciales urgentes y una sanción económica para los responsables del brote, que incluye a los laboratorios involucrados En un contexto de creciente preocupación por los efectos de un brote de fentanilo contaminado que causó la muerte de al menos 96 personas en la Argentina, los abogados que representan a Catalina, una niña cordobesa de 11 años gravemente afectada por este medicamento contaminado, presentaron una acción preventiva de daños ante la justicia. El objetivo es evitar que otros pacientes sufran consecuencias similares y reclamaron, además, una indemnización por los graves perjuicios sufridos, junto con una sanción pecuniaria para los responsables del caso. El lote de fentanilo involucrado, identificado como el 31202, fue producido en diciembre de 2024 por el laboratorio HLB Pharma Group S.A., a través de su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo S.A. Este lote de 154.530 ampollas, distribuido en varias clínicas del país, fue contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, agentes patógenos que resultaron ser letales para varios pacientes. A pesar de que las autoridades sanitarias fueron notificadas de la sospecha de contaminación a principios de mayo de 2025, la ANMAT recién prohibió la comercialización del lote el 13 de mayo, lo que permitió que miles de personas quedaran expuestas a este peligroso fármaco durante semanas. Catalina, una de las víctimas más jóvenes del brote, fue internada a fines de febrero de 2025 debido a una crisis asmática. Sin embargo, lo que comenzó como una crisis de salud común, terminó por convertirse en una tragedia cuando los médicos le administraron fentanilo contaminado. Tras una severa reacción al fármaco, Catalina pasó 51 días internada y sufrió consecuencias físicas, neurológicas y psicológicas de por vida. Los abogados que representan a su familia, Emiliano Ramallo y Alexis Kohmann, destacaron la gravedad del caso y la falta de respuesta inmediata ante el peligro que implicaba el fentanilo contaminado. “El daño a Catalina es irreversible y la lucha por su recuperación continúa. Además de la denuncia penal que ya está en curso, hemos solicitado medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir”, explicó Ramallo a Comercio y Justicia. En la presentación judicial, los abogados solicitaron una treintena de medidas específicas para prevenir nuevos daños, entre ellos el retiro inmediato y definitivo del mercado de todas las partidas de fentanilo fabricadas desde diciembre de 2024, la suspensión de la producción y comercialización de todos los productos inyectables elaborados por HLB Pharma, la clausura de las líneas de producción de HLB Pharma hasta que se implemente un plan de controles de esterilidad y trazabilidad adecuados. También se reclama la implementación de un sistema de trazabilidad nacional para el fentanilo y otros medicamentos inyectables de alto riesgo y la creación de un fondo de reparación inmediata con aportes solidarios de los laboratorios y el Estado para cubrir los costos de tratamiento y seguimiento de las víctimas. En la presentación, Ramallo y Kohmann señalaron que este caso puso en evidencia una serie de deficiencias en la regulación y control de los medicamentos en el país, especialmente en lo que respecta a la trazabilidad y la respuesta ante emergencias sanitarias. En particular, criticaron la demora de la ANMAT en prohibir el uso del fentanilo contaminado, lo que agravó la situación sanitaria y permitió la exposición de miles de pacientes a un producto letal. Además de las medidas preventivas, la demanda también incluye una solicitud de indemnización económica por los daños sufridos por Catalina, así como una sanción pecuniaria equivalente a la magnitud del daño ocasionado. En paralelo, se sigue adelante con la causa penal que involucra tanto a los laboratorios responsables de la fabricación del fármaco como a las autoridades sanitarias que no actuaron a tiempo. La tragedia de Catalina es solo una de las muchas víctimas de este brote, que ya ha causado al menos 96 muertes en todo el país. En Córdoba, varias clínicas y hospitales fueron señaladas por haber administrado el fentanilo contaminado a pacientes que posteriormente sufrieron efectos graves, e incluso fatales. Entre las instituciones involucradas se encuentran la Clínica Privada Santa María, la Clínica Vélez Sarsfield, el Sanatorio Mayo Privado, y muchas otras. La investigación penal
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