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Fecha: 22/09/2025 17:09
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad tras el rechazo del veto presidencial en el Congreso, que ratificó el texto original por mayoría especial. La norma, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025. Sin embargo, su aplicación quedó congelada hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incorpore partidas específicas en el presupuesto nacional. De acuerdo con estimaciones oficiales, la creación de la nueva pensión representaría un gasto superior a 2,1 billones de pesos en 2025 (0,26 % del PBI) y casi 4,7 billones en 2026 (0,47 % del PBI). A ello se suman los costos del programa Incluir Salud, que ascenderían a 574.200 millones el próximo año y 1,23 billones en 2026, además de compensaciones económicas para prestadores calculadas en 278.323 millones. En total, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario mayor a 3 billones de pesos, equivalente al 0,35 % del PBI. El Gobierno argumentó que el presupuesto vigente "no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación" y que, incluso reasignando fondos de los tres poderes del Estado, el financiamiento sería "igualmente insuficiente". Según el Ejecutivo, solo un incremento aprobado por el Congreso garantizaría la sostenibilidad de la medida. La promulgación llega tras semanas de tensiones políticas. En julio, el Ejecutivo había vetado la ley mediante el Decreto 534/25, alegando que debía diseñarse con criterios de "viabilidad financiera y sustentabilidad en el tiempo". Sin embargo, Diputados y Senado volvieron a aprobarla , lo que obligó al Gobierno a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. En paralelo, a través de la Decisión Administrativa 24/2025, el Ejecutivo dispuso una reasignación presupuestaria a partir del 1 de octubre para reforzar la atención de personas con discapacidad. Los nuevos fondos aumentan los recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y reducen los asignados a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro. El objetivo es garantizar la cobertura del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral mientras el Congreso define los mecanismos de financiamiento de la ley. Notas Relacionadas
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