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Diamante » Diamantefm
Fecha: 22/09/2025 15:50
El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei y ratificara el proyecto original por mayoría especial. La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, la aplicación de la ley fue suspendida hasta que el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes al Presupuesto Nacional. “El Congreso de la Nación omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones”, sostiene el texto oficial. Impacto fiscal Según estimaciones del Ejecutivo, la creación de una nueva pensión y los programas vinculados implicarían un gasto de $2,1 billones para 2025 (0,26 % del PBI) y de $4,7 billones para 2026 (0,47 % del PBI). Además, el Programa Incluir Salud representaría un gasto adicional de $574.200 millones para 2025 y $1,2 billones para 2026, mientras que la compensación económica a prestadores se calcula en $278.323 millones. En total, la ejecución demandaría $3,01 billones, equivalentes al 0,35 % del PBI. El Ejecutivo argumentó que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Incluso, advierte que aun reasignando todas las partidas de los tres poderes del Estado, los fondos resultan insuficientes. Por ello, remarcaron que será indispensable que el Congreso autorice un aumento en el monto total del presupuesto. Veto y promulgación obligada Cabe recordar que Milei había vetado la ley en agosto a través del Decreto 534/25, alegando que “resultaba imprescindible diseñar toda ampliación de prestaciones con criterios de viabilidad financiera y sustentabilidad en el tiempo”. No obstante, el rechazo al veto en Diputados y en el Senado obligó al Ejecutivo a promulgar la norma en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. De todas formas, la suspensión de su aplicación se ampara en la Ley de Administración Financiera, que exige la definición de recursos específicos para cualquier gasto no previsto. Ajuste presupuestario parcial Paralelamente, el Gobierno dispuso una readecuación presupuestaria mediante la Decisión Administrativa 24/2025, que asigna mayores fondos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir del 1° de octubre. Esta medida busca responder al reclamo de actualización de prestadores del sistema de atención, mientras se aguarda la definición del financiamiento integral de la ley. La promulgación ya fue comunicada formalmente al Congreso, a la espera de que se adopten las medidas necesarias para la puesta en marcha efectiva de la emergencia nacional en discapacidad. (El Once)
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