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Parana » ER 24
Fecha: 22/09/2025 13:55
Un Agujero Negro Desde que asumió Milei, en la ANDIS desaparecieron 565 millones de dólares, hubo despidos masivos y tercerizaciones truchas En apenas un año y medio, se despidió al 40% de su personal, se tercerizaron tareas clave en empresas sin antecedentes y se ejecutaron contratos millonarios. Con fondos internacionales del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) destinados a la inclusión de personas con discapacidad, el gobierno de Javier Milei ejecutó un vaciamiento histórico: echó al 40% del personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tercerizó funciones clave en empresas fantasma y gastó millones en capacitaciones dudosas mientras los beneficiarios siguen sin respuestas. Todo esto, además, en el marco de dos préstamos internacionales que suman 565 millones de dólares y cuyo destino hoy es un misterio que tampoco tiene ninguna respuesta oficial. Entre febrero y abril de 2024, la ANDIS ejecutó despidos masivos de profesionales, técnicos y especialistas. En total, 600 trabajadores fueron desvinculados sin causa, lo que redujo la planta a apenas 900 empleados en todo el país. La justificación oficial a los medios fue que tras auditorías internas habían detectado «ñoquis». Sin embargo, los despedidos eran justamente quienes controlaban pensiones, supervisaban obras de infraestructura financiadas con préstamos internacionales y brindaban capacitaciones. Con su salida, las funciones estratégicas quedaron debilitadas y muchas terminaron en manos de empresas privadas contratadas de manera directa. El vaciamiento golpea de lleno la misión que justificó los dos megaempréstitos obtenidos por la Argentina para financiar políticas de inclusión: un préstamo de 265 millones de dólares del BID aprobado en 2023 para el «Programa de Apoyo a la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad» y otro de 300 millones de dólares de la CAF destinado a las llamadas Torres de Inclusión (TDI). De acuerdo a la información dada por Data Clave y los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro, ambos tenían como objetivo fortalecer a la ANDIS, ampliar el acceso a derechos básicos de las personas con discapacidad y modernizar la infraestructura de servicios. Sin ir más lejos, el primero fue bajo la modalidad de «Préstamo Basado en Resultados», con estrictas auditorías y reportes de ejecución. Y el segundo fue destinado a complejos integrales que reunirían en un solo espacio oficinas públicas, servicios sociales y deportivos accesibles. Dos años después, la primera torre apenas existe en un plano arquitectónico en Tucumán, mientras que el BID informó en mayo de 2025 que ya se ejecutaron 180 millones de su crédito. Sin embargo, las promesas y los fondos chocaron contra una realidad de despidos masivos, programas paralizados y subcontrataciones escandalosas. Uno de los casos más controvertidos es la contratación de Negitech, la consultora del argentino-israelí Eric Necht, quien cobró 167 millones de pesos por «capacitaciones» que consistieron en charlas motivacionales sobre su vida personal en San Luis y Buenos Aires, donde relató su experiencia personal como usuario de silla de ruedas para capacitar a 900 trabajadores, aunque los testigos aseguran que en San Luis asistieron no más de 100 personas en un salón del propio organismo. Las facturas fueron emitidas por BE4 Advisors SRL, la empresa de Sergio y Esperanza Berensztein, socios locales de Necht, en un proceso sin licitación ni controles. A ello se suma Medicsys S.A., una firma creada en 2024 que, pese a no tener antecedentes en salud ni auditoría, con domicilio en un baldío de la Ciudad de Buenos Aires, fue contratada para revisar pensiones no contributivas, una tarea que debería cumplir la propia ANDIS. La empresa tercerizó las bajas de pensiones en jóvenes sin formación médica, que incluso firmaban con el sello robado a un profesional de Pergamino. Los operativos derivaron en escándalos públicos en Misiones y Trelew, con denuncias, insultos a la prensa y hasta la detención de empleados. La lista de contrataciones polémicas suma además a la empresa URBANO S.A. Esta última encargada de la distribución de pañales, en un esquema que, según el propio Diego Spagnuolo, por entonces titular de la ANDISi, involucraría coimas vinculadas a Karina Milei, Lule Menem y la Droguería Suizo Argentina. Cabe destacar que Spagnuolo viajó a Israel en febrero de 2025 «a estudiar sistemas de accesibilidad», y meses más tarde una comitiva oficial, integrada incluso por legisladores libertarios, replicó la visita con escalas en Dubái, dejando fotos en redes y un nuevo escándalo político. A su vez, los 565 millones de dólares no fueron otorgados a la ANDIS sino a la República Argentina. Es el Estado Nacional quien asumió la deuda, con intereses y un plazo de hasta 25 años. Es decir: los fondos son soberanos y el costo lo pagará toda la sociedad, no los funcionarios que los administraron ni las empresas que los recibieron. Los informes oficiales aseguran que ya se ejecutaron 180 millones de los 265 millones del BID, pero no hay rastro claro de cómo ni dónde fueron destinados los recursos. Los informes oficiales aseguran que ya se ejecutaron 180 millones de los 265 millones del BID, pero no hay rastro claro de cómo ni dónde fueron destinados los recursos. Las obras no se ven, los equipos técnicos fueron desmantelados, las capacitaciones se tercerizaron a precio de oro y las auditorías terminaron en manos de empresas fantasma. La respuesta sigue pendiente. Tras el escándalo de los audios filtrados y las denuncias cruzadas, el Gobierno decretó la intervención de la ANDIS en agosto de 2025, desplazando a la subdirectora ejecutiva Romina Núñez. Sin embargo, la medida llegó tarde: el daño institucional ya está hecho.
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