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» La Capital
Fecha: 22/09/2025 09:18
La ofensiva judicial podría derivar en una retención de más de mil millones de pesos, que afectaría seriamente la prestación de los servicios públicos esenciales Oscar Montagni, expresidente comunal de Alvear, condenado por fraude y malversación en el marco de convenios de deuda que hoy generan un conflicto judicial de alto impacto institucional. Carlos Pighin, presidente comunal de Alvear, se puso al frente de una estrategia legal para frenar el embargo de fondos públicos y preservar la autonomía administrativa. La flamante ciudad del departamento Rosario que creció en torno a la traza ferroviaria hoy enfrenta una compleja disputa judicial que podría afectar su administración comunal. La Comuna de Alvear atraviesa un momento de extrema gravedad institucional. Un pedido de embargo por más de mil millones de pesos, impulsado en sede civil por un presunto acreedor, pone en riesgo la continuidad de los servicios públicos esenciales, incluidos los de salud. El reclamo se basa en un convenio de reconocimiento de deuda firmado en dólares pocos días antes de finalizar la gestión del expresidente comunal Oscar Montagni, quien fue condenado por delitos de corrupción vinculados a ese mismo acuerdo. Pese a que la actual administración, encabezada por Carlos Pighin, logró reducir los intereses pactados en dólares en un 36% anual y cumplió con los pagos presupuestarios correspondientes, la amenaza de embargo persiste. La comuna sostiene que el origen de la deuda es ilícito y que su ejecución judicial representa la concreción de un delito ya denunciado. La situación se agrava por la falta de avance en la investigación penal iniciada por Pighin , mientras la causa civil avanza con celeridad hacia la posible afectación de fondos públicos. El reclamo judicial se vincula con una serie de convenios de reconocimiento de deuda suscriptos por Montagni y su entonces tesorera, pocos días antes de concluir su mandato en 2009. Estos acuerdos fueron parte de un esquema delictivo reiterado, según determinó la Justicia penal, que incluyó la incorporación de sumas sin detalle —como gastos y honorarios— y la cesión del derecho de registro e inspección (Drei) de empresas locales de relevancia. La maniobra fue uno de los hechos reprochados en el proceso penal (C.U.I.J. Nº 21-07016321-4), que culminó con la condena a Montagni y a la extesorera, Lorena Lezcano, por fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos. La sentencia, basada en una auditoría realizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, se encuentra firme respecto de Lezcano y fue apelada por Montagni. Oscar Montagni, expresidente comunal de Alvear, condenado por fraude y malversación en el marco de convenios de deuda que hoy generan un conflicto judicial de alto impacto institucional. Denuncia penal y conflicto de jurisdicciones Ante la condena, el presidente comunal Carlos Pighin presentó una denuncia penal por el convenio que se pretende ejecutar, señalando la posible comisión de nuevos delitos. Sin embargo, la Fiscalía aún no inició la investigación correspondiente, mientras que en sede civil se tramita el embargo sobre fondos comunales, con base en el acuerdo firmado por Montagni. La comuna advirtió a los magistrados civiles que la ejecución del embargo implicaría la consumación del delito denunciado, y solicitó la suspensión de toda medida que afecte los recursos públicos. Para las autoridades actuales, aplicar el sentido común es indispensable para evitar un daño institucional irreparable. Alvear - obra de gas 1 Carlos Pighin, presidente comunal de Alvear, se puso al frente de una estrategia legal para frenar el embargo de fondos públicos y preservar la autonomía administrativa. Riesgo para los servicios públicos de Alvear El monto reclamado supera los mil millones de pesos a valores actuales. De concretarse el embargo, se vería comprometida la prestación de servicios esenciales como salud, mantenimiento urbano y asistencia social, que dependen directamente del presupuesto comunal. La situación generó preocupación en la comunidad y en el ámbito político regional, por el impacto que podría tener sobre la vida cotidiana de miles de vecinos.
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