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» El Ciudadano
Fecha: 21/09/2025 13:14
La Reforma Constitucional de Santa Fe incluyó un nuevo artículo, el 35, que reconoce el Derecho a la Ciudad. En el mismo se lee: «La Provincia reconoce el derecho a la ciudad fundado en el uso pleno y equitativo, en su función social y ambiental, en los principios de participación ciudadana, gestión democrática, justicia espacial, equidad social e intergeneracional y respeto a la diversidad cultural. La Provincia favorece el arraigo poblacional mediante políticas de integración territorial, la vinculación del entorno urbano y rural y el acceso equitativo al hábitat digno. Impulsa el derecho a la movilidad y sistemas de transporte integrados, accesibles, seguros y sostenibles; la integración socio-urbana; los sistemas de gestión integral de riesgos; y la recuperación del incremento del valor en bienes privados producidos por inversión o decisión estatal, urbanización o planificación públicas para financiar infraestructuras, servicios y ordenamiento territorial y ambiental de acuerdo con lo dispuesto por la normativa. Promueve políticas especiales para el desarrollo sostenible de ciudades pequeñas e intermedias y generar impactos económicos, sociales y ambientales positivos en zonas urbanas, periurbanas y rurales». El nuevo artículo reunió consensos del Peronismo, el Socialismo y la UCR, que votaron afirmativamente su inclusión. Durante el debate, el convencional Juan Monteverde (Más para Santa Fe) solicitó la inclusión la mención específica de los barrios populares y de los inquilinos. Sin embargo, la moción no prosperó. Un derecho que sirve de paraguas y de horizonte De acuerdo a las Naciones Unidas, el Derecho a la Ciudad «es el derecho que tienen todas las personas para habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna». El Ciudadano dialogó con Sandra Gallo, integrante de la Asamblea por el Derecho a la Ciudad de la ciudad de Santa Fe, acerca de esta inclusión en la nueva Carta Magna. Gallo fue una de las participantes de las audiencias públicas que se convocaron en el proceso de la reforma. Además, el colectivo al que pertenece presentó una propuesta de articulado específico sobre esta temática. En ella indicaba que este derecho incluye el acceso al suelo urbano; en cuanto a distribución y uso; a una vivienda adecuada (segura, asequible, culturalmente apropiada, provista de servicios básicos; al hábitat (con acceso a los equipamientos que cualifican la vida urbana); a la infraestructura de los servicios y a la infraestructura urbana; a los espacios públicos; a los medios de transporte y a la movilidad; a un medio ambiente saludable; a la información pública y la participación ciudadana. —¿Qué implica, en la práctica, el derecho a la ciudad? —Es un derecho colectivo que sirve de paraguas, pero también de horizonte, para muchos derechos que se deberían cumplir en los territorios urbanos: vivienda, infraestructura, la tenencia segura de una vivienda y del suelo. La distribución justa del territorio, no solamente para un lugar donde vivir, sino también para qué usarlo. Esto tendría que aparecer en las garantías y obligaciones del Estado y también está fundado en la participación ciudadana. —¿Cómo se materializaría ese derecho? —Se materializaría si se abrieran canales de diálogo y de democratización para los ciudadanos. En Santa Fe, por ejemplo, la Asamblea por el Derecho a la Ciudad pide participación para definir el futuro de las tierras fiscales que circundan la ex estación del Ferrocarril Belgrano. Ya había un acuerdo entre la Municipalidad y la Nación para que se vendan, pero son tierras fiscales que cumplen una función social. Con la venta, pasará a manos de privados. Por más que la Municipalidad pueda pedir que respeten las ordenanzas para la urbanización, es el privado el que va a decidir qué va a hacer y cómo va a explotar esas tierras. Entonces habría que definir una planificación urbana participativa. Otro tema es cómo se distribuyen los presupuestos municipales y hacia dónde van las obras. Hay una tendencia a extender servicios a los sectores donde se va a hacer un desarrollo inmobiliario, pero no se prioriza la extensión de servicios a los barrios que lo necesitan. —¿Cómo se trabaja este derecho en los ámbitos rurales y periurbanos? —Se habla del derecho a la ciudad, pero es un planteo de de articulación y armonía sobre cómo habitar lo urbano y lo rural. Siempre fue un tema a dialogar con las organizaciones campesinas, con los pueblos indígenas. Se habla del respeto de las fronteras entre lo urbano y lo rural. Se habla del respeto de la naturaleza, del respeto al medio ambiente. No es expandir lo urbano sino habitarlo de manera diferente. El derecho a la ciudad en la nueva Constitución —¿Por qué es importante que este derecho esté en la Constitución de Santa Fe? —Es la primera Constitución provincial de la Argentina que incorpora el Derecho a la Ciudad. Y eso es un logro. Por ejemplo, en la Constitución de Bolivia, que para nosotros puede ser muy progresista, donde aparece el derecho a la tierra, el derecho al territorio, el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad colectiva, el derecho a la ciudad como tal no aparece. En la Ciudad de México se reconoció a nivel constitucional en 2017. El derecho a la ciudad tiene la tendencia de los nuevos derechos. Si bien no tiene estatus de Declaración Universal de derechos, Naciones Unidas lo incluyó como un derecho en su capítulo sobre Hábitat. —¿Cómo se piensa la función social de la propiedad en relación al derecho a la ciudad? —El artículo 15, que ya estaba en la Constitución de 1962, habla de la función social de la propiedad. Ese punto no fue tocado. Al plantear la función social, la propiedad se plantea como un bien común. Aunque no lo diga así, de alguna manera reconoce la responsabilidad del Estado de intervenir en relación a para qué se usa y quiénes la usan la propiedad, en términos de función social. Ese es un argumento que hemos utilizado mucho sobre por qué no se deben vender las tierras del Ferrocarril Belgrano, porque esas tierras cumplen una función social. —¿Qué propusieron, al respecto, desde la Asamblea? —Propusimos que el Estado provincial debe garantizar la tenencia segura de la tierra y de la vivienda. Porque en realidad hay diferentes formas de garantizar la tenencia segura. El bloque de La Libertad Avanza, sobre todo, argumentó que todo esto atentaba contra la propiedad privada. Pero atenta en términos de la acumulación de propiedad privada, porque no se va en contra de la propiedad privada en sí, sino que se plantea una distribución distinta del territorio urbano respecto al uso y al usufructo. Bueno, el concepto de «usufructo» tampoco fue incorporado. Y es importante porque una cosa es usar, tener un lugar donde vivir, y otra enriquecerte con el uso del territorio. En el documento elaborado por la Asamblea por el Derecho a la Ciudad, se planteaba que el Estado debía garantizar «las condiciones para vivir en ciudades justas, inclusivas, accesibles, ambiental y ecológicamente sostenibles, sin ningún tipo de discriminaciones (de género, edad, capacidad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual)». También «la producción y acceso a la información, de forma clara y accesible a toda la ciudadanía» y «la participación en la planificación y gestión democrática del territorio» entre otros aspectos. «En nuestra propuesta planteamos que el Estado debe garantizar el derecho a la ciudad, pero han sacado ese verbo. Y después teníamos una serie de puntos sobre cuáles son los derechos que deben estar garantizados. Pero no fueron incluidos de esa manera en la redacción», asegura Gallo. —¿Cuál es su valoración final de lo que finalmente se sancionó? —No es poco, porque sabemos que puede pasar mucho tiempo hasta que haya una nueva Reforma Constitucional. Que se haya incluido este derecho, y que se lo haya hecho con un sentido parecido a lo que nosotros proponíamos, es un logro. Para nosotros es un paso que nos permitirá seguir trabajando.
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