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» Diario Cordoba
Fecha: 21/09/2025 02:17
La suspensión por tiempo indefinido del programa Jimmy Kimmel Live!, acordado el pasado miércoles por la cadena ABC al día siguiente de que el cómico que da nombre al programa realizara un comentario irónico acerca de la actitud del Partido Republicano sobre el presunto asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk, ha activado la movilización de sus competidores en la misma franja horaria, en activo o asimismo cesados en los últimos meses, y ha abierto definitivamente el debate sobre los riesgos que corre la libertad de expresión con Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente ha contribuido de forma determinante a elevar el estado de alarma al declarar que las televisiones que están contra él «quizá deben perder su licencia», cuya concesión depende de la Administración federal para los operadores que emiten a escala nacional. Estados Unidos es el primer país que protegió de forma específica la libertad de expresión, de reunión y de opinión política mediante la primera enmienda de la Constitución, que data de 1791. Pero la intromisión de la Casa Blanca en cuanto suena a crítica a su gestión se ha convertido en algo habitual, así en el ámbito de las televisiones como genéricamente en el sector del ocio y del espectáculo. Varias grandes compañías, como Disney, se han plegado a los deseos de Trump, el sindicato de actores de Hollywood ha dado la voz de alerta y una estrella de la televisión como Stephen Colbert, conocido por su humor incisivo, que en julio se quedó sin programa después de la fusión de Paramount y Skydance, se ha limitado a clamar ante los últimos acontecimientos: «Lean la Constitución». Medios escritos de tradición liberal como The New York Times se han sumado a estas voces. Los temores están justificados y ponen de manifiesto el enfoque autocrático que Trump y su equipo dan al ejercicio del poder. En la siempre compleja relación entre los medios informativos y las instancias de poder han prevalecido hasta la fecha la libertad de información y de opinión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Así fue en el caso de los papeles del Pentágono y en el Watergate, ambos durante la presidencia de Richard Nixon, con intervención en ambos casos del Tribunal Supremo. Hoy tiene Trump en este tribunal una mayoría de seis magistrados a tres que, de momento sin excepción, votan sin fisuras contra quienes presentan recurso a decisiones de la Casa Blanca. Pero, aún ahora, parece difícil pensar que lo harían también si algún caso ligado a la defensa de un valor fundamental de la democracia de EEUU llegase a sus manos. Lo paradójico de la situación es que el vicepresidente J. D. Vance declaró en febrero pasado que temía que «en el Reino Unido y en toda Europa la libertad de expresión está en retirada». En realidad, donde las alarmas están realmente justificadas es en Estados Unidos, y allí es donde crecen los temores y se han multiplicado las referencias a la censura, que el showman Jon Stewart ya califica de «autoritarismo criminal». Es difícil negar que el objetivo de la Administración es maniatar a los medios de aquí a las elecciones de mitad de mandato, en noviembre del año próximo, sobre todo las televisiones, cruciales en la dinámica de las campañas electorales en Estados Unidos. A lo que hay que añadir el clima de confrontación y la proliferación de la violencia política, que hacen presagiar un endurecimiento del comportamiento y las reacciones de Trump frente a sus adversarios.
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