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  • El Incaa tiene plata para la timba pero no para el cine argentino

    Parana » AIM Digital

    Fecha: 20/09/2025 19:46

    Las autoridades nacionales anunciaron informalmente que van a cerrar el canal Cine.ar TV y la plataforma Cine.ar Play, pero invierten el dinero propio del cine en el sistema financiero. El gobierno de Javier Milei convirtió al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) en una entidad financiera que nada tiene que ver con su función de promover el cine nacional. La afirmación no es exagerada, sino descriptiva: a la nula aprobación de crédito para la producción de películas de ficción nacional desde diciembre de 2023, la gestión de Carlos Pirovano al frente del organismo le sumó la inversión en instrumentos financieros de miles de millones de pesos que deberían ir al fomento de la industria. En total, son más de 37 mil millones de pesos (mas de 25 millones de dólares) los que invirtieron en letras del Tesoro Nacional, bonos de distintos tipos y hasta un Plazo fijo. Es decir: timbean fondos genuinos del Incaa y mientras tanto anunciaron informalmente que van a cerrar el canal Cine.ar TV y la plataforma Cine.ar Play porque dicen “no tener dinero” para costear los 330 mil dólares que ambas pantallas requieren por año para su funcionamiento. La decisión de paralizar la producción de cine nacional y desguazar al Incaa no es económica sino ideológica. El Incaa recauda millones para su Fondo de Fomento Cinematográfico gracias al 10 por ciento de la venta de entradas de cine, el 25 por ciento de lo que el extinto Enacom recauda de los canales de TV y emisoras radiofónicas y el 10 por ciento de venta de “videogramas grabados” en soporte físico. El problema es que la gestión de Pirovano no destina ese dinero a la promoción del cine argentino, tal cual reza la Ley del cine de 1994 vigente y las funciones específicas del Incaa, donde se afirma que lo recaudado para tal fin debe utilizarse en el mismo período anual para la producción audiovisual. No solo no aprobó ni un solo crédito para ninguna película de ficción desde su asunción, sino que además utiliza el dinero propio del cine para invertirlo en el sistema financiero. En vez de utilizar el dinero que Fondo de Fomento para la producción de films nacionales, el Incaa tiene “invertida” buena parte de ese dinero en letras del Tesoro Nacional, bonos y plazos fijos. En total, son 37.674.368.020 pesos lo que la actual gestión colocó en el sistema financiero. A un tipo de cambio a 1460 pesos, el instituto posee 25.804.361,70 dólares en el sistema financiero. ¿Acaso no es el rol del Incaa, por ley, invertir la recaudación perteneciente al Fondo de Fomento Cinematográfico en la promoción del cine nacional? ¿Por qué el ente autárquico utiliza su dinero genuino (el Tesoro nacional no realizó aportes durante los ejercicios 2024 y 2025) para la especulación financiera y no para la producción de obras audiovisuales y construir identidad y cultura nacionales? La información de las colocaciones financieras del Incaa a las que accedió Página/12 fueron brindadas por el gobierno nacional, a través de la respuesta a la pregunta 236 que el Jefe de gabinete Guillermo Francos detalló el martes 29 de abril al acudir a la interpelación a la Cámara de Diputados. “Respecto a los fondos que posee el organismo, la Secretaría de Cultura -se detalla en el informe entregado por Francos- informa que el Incaa ha invertido su superávit presupuestario con el objetivo de preservar el valor del Fondo de Fomento Cinematográfico, priorizando instrumentos de corto lazo, bajo riesgo y alta liquidez, en el marco de una política financiera prudente”. Si bien es un ente autárquico no estatal, el Incaa funciona en el ámbito de la secretaria de Cultura, que fue la que elaboró la respuesta en la que detalla sus inversiones financieras. Según la información adjuntada por la Secretaria de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, el Incaa destinó a la compra de Lecaps un total de $ 8.373.306.789 y a la de Letes vinc U$S un total de $ 1.000.000.707. También prefirió comprar bonos en vez de apoyar a la cultura cinematográfica: adquirió bonos Boncer por 6.170.790.900 pesos, Boncap por 4.341.910.026 pesos y Bopreal por 7.279.880.00 pesos. Y para no dejar instrumento financiero sin utilizar, inyectó 10.508.479.596 pesos en Plazo Fijo. La sumatoria de todas esas colocaciones financieras da un total de 37.674.368.020 pesos. El vocero presidencial y Secretario de comunicación y medios festejó en su cuenta de X hace un mes: “Se terminó el kiosco: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) pasó de tener un déficit de 15.270 millones de pesos durante el año 2023 a un superávit de 7.238 millones de pesos en 2024 (montos expresados a valores actuales): este 2025 se proyecta que sus cuentas también serán positivas. Saludos a todos. Fin.” En esa política de celebrar superávit e inversiones en instrumentos financieros en vez de festejar la realización de producciones de películas argentinas, tal cual es el objetivo del Incaa, el gobierno ahora dio un paso más hacia el desguace. Según pudo constatar Página/12, esta semana les avisaron a los trabajadores de Cine.ar en una reunión informal que el canal se cerraría definitivamente y que la plataforma Cine.ar Play correría la misma suerte si no se privatiza a fin de año. Las razones que argumentaron para el cierre fueron económicas, porque entre salarios y gastos de operación ambas pantallas le cuestan al Estado 330 mil dólares, según el mismo Incaa informó públicamente cuando anunció en agosto la decisión de privatizar Cine.ar a través de su cuenta de X. Claro que adjudicarle cuestiones económicas al cierre de Cine.ar resulta absurdo, teniendo en cuenta que el Incaa tiene dinero genuino para sostenerlo. De hecho, el mismo Adorni se ufanó de celebrar tal “superávit” y además posee colocaciones financieras por más de 25 millones de dólares. Que dos pantallas que garantizan el acceso gratuito y libre a los argentinos a producciones nacionales tengan un “costo” de 330 mil dólares anuales parece ser una “inversión” lógica y beneficiosa para la cultura argentina, mucho más ante una crisis económica que hace que cada vez se vendan menos entradas de cine en el país. El consumo audiovisual está cambiando y Cine.ar forma parte de la búsqueda de democratizar esas transformaciones y achicar la brecha cultural que traen los desequilibrios económicos. Hay algunos datos que dimensionan la penetración social que alcanza Cine.ar Play en la Argentina. La plataforma estatal tiene más de 2,6 millones de usuarios reales registrados. En 2024, por ejemplo, el catálogo de Cine.ar de películas de todos los géneros y épocas fue de 378 obras, alcanzando las 1.041.469 visualizaciones. En 2023, las producciones publicadas fueron 385 y las visualizaciones totales sumaron 1.047.526. Por el contrario, los datos del primer semestre de 2025 de Cinear Play da cuenta de la eficacia de la política de vaciamiento y paralización cinematográfica aplicada por el gobierno nacional: solo se publicaron 140 obras, con un total de 309.775 visualizaciones. Más allá del rol social y cultural de Cinear TV y Cine.ar Play, la decisión de cerrar o privatizar ambas pantallas de parte del gobierno se da pese al “acuerdo de entendimiento” que el Incaa firmó con Radio y Televisión Argentina S. E. (RTA) el 20 de mayo pasado. En ese convenio, rubricado por Pirovano de parte del Incaa y por Diego Martín Chaher, por entonces interventor de RTA, ambas partes expresaron la intención para la “transferencia de la señal y de la plataforma Cine.ar com su personal afectado, implementos técnicos y recursos que actualmente se encuentren en la órbita del Incaa a RTA SE”. Al parecer, esa intención documentada hace solo cuatro meses no será puesta en marcha por el gobierno nacional. Hasta el momento, no hay resolución ni acto administrativo que deje sin efecto el convenio de entendimiento, pero los jefes del sector se encargaron de diseminar entre los 12 trabajadores del área sobre el cambio de opinión del gobierno nacional acerca del traspaso de ambas pantallas a la órbita de RTA. No solo eso: el 17 de marzo de 2025, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 194/2025 firmado por Javier Milei y Francos en el que se transfería las plataformas Cine.ar, Cine.ar Play y Cine.ar estrenos desde el Incaa a Contenidos Artísticos e Informativos, dependiente de la Secretaría de Comunicación y Medios de la presidencia. Sin embargo, pese a tratarse de un decreto ley, que nunca fue suspendido o contrariado, tal traspaso nunca se concretó. La prueba de ello es que la respuesta sobre el Incaa que Francos brindó en Diputados durante su interpelación fue realizada por la Secretaría de Cultura de la Nación. Una desprolijidad que expone la errática e incomprensible política pública que el gobierno libertario está llevando a cabo alrededor del Incaa, en particular, y de las entidades culturales en general. En caso de concretarse el cierre del canal y la potencial privatización y/o cierre de la plataforma, se perdería mucho más que dos pantallas de acceso libre para los y las argentinas al vasto catálogo de cine y series de producción nacional. También plantea interrogantes sobre la conservación del acervo audiovisual argentino. Vale recordar que Cine.ar tiene digitalizadas cerca de 9 mil películas, uno de los archivos más voluminosos de la industria audiovisual argentina. “Las autoridades son responsables del resguardo, preservación y acceso al patrimonio audiovisual de esas 9 mil películas, series y cortos”, le explica a Página/12 Ingrid Urrutía, delegada general ATE-Incaa. “Es responsabilidad de ellos que no se deterioren. Eliminar el acceso democrático y público de la población a esas obras es un crimen que se le está haciendo a toda la industria audiovisual. Tanto los puestos de trabajo como la continuidad de ambas pantallas para la exhibición de cine nacional son necesarias. Esta decisión requiere la reacción de todo el sector audiovisual, de todas las sociedades y sindicatos de directores, productores, actores… No puede perderse el canal ni venderse la plataforma. Tenemos que defender lo que es nuestro y ponerle un límite al desmantelamiento y ajuste de las entidades públicas culturales”.

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