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» Diario Cordoba
Fecha: 19/09/2025 04:10
"Esto es una patada a toda la legislación de contratos aplicable al Ayuntamiento, no se cumple ni uno solo de los requisitos", ha afirmado este jueves Miguel Aguilar, letrado titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, durante el juicio a David Dorado por el contrato de seguridad para los colegios firmado en septiembre del año 2020. De esta forma, la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba celebra desde hoy la vista oral para esclarecer la presunta comisión de prevaricación por parte del exconcejal de Infraestructuras. Se trata del único procedimiento de los iniciados contra David Dorado en el caso Infraestructuras que ha llegado a juicio. La vista oral se reanudará el próximo 7 de octubre, toda vez que hoy se ha suspendido por la incomparecencia de un testigo considerado clave, un capataz de Infraestructuras ya jubilado. David Dorado será la última persona en declarar ante el tribunal. El Ministerio Fiscal ha sostenido en sus conclusiones provisionales que el exconcejal de Infraestructuras, supuestamente, habría contratado los servicios de una empresa careciendo de competencias para ello, sin seguir los cauces regulares y cuando ya existía un acuerdo para que otra firma los desarrollase. Además, se habrían fraccionado los pagos. A preguntas de la defensa, Miguel Aguilar ha explicado que "el gran problema es que se firma un contrato sin ningún informe técnico previo que lo avale y un concejal sabe que no puede firmar ningún contrato sin que tenga un informe previo". Es más, ha señalado que se hizo "un contrato particular", donde no figuraban los precios. "Ninguna Administración firma un contrato así, esto lo sabe cualquiera", ha asegurado, destacando la importancia del trabajo de los técnicos. En este caso, David Dorado firmó, presuntamente, un contrato para la prestación de un servicio cuando ya existía un contrato anterior para ese fin, que fue adjudicado tras la tramitación de un procedimiento de contratación pública, que había sido prorrogado y cuya continuación obligatoria se llegó a iniciar. David Dorado, en el juicio por el caso Infraestructuras. / Manuel Murillo En este sentido, el jefe de la asesoría jurídica municipal ha señalado que, en el área de Infraestructuras, después de dar los parabienes a esa continuidad, "dijeron que se desistían. ¿Y mientras qué hacemos?" Se ha preguntado de forma retórica, en alusión al servicio de seguridad que debía prestarse en plena pandemia de coronavirus. "¿Por qué no se siguió con la continuidad del servicio?", se ha preguntado Miguel Aguilar de forma acalorada durante el interrogatorio de la defensa de David Dorado, que es representada por el abogado Carlos Arias. Presunto fraccionamiento de pagos Otro funcionario municipal, que desempeña su trabajo como órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, ha destacado que "firma el contrato David Dorado, cuando el órgano competente para aprobarlo es la Junta de Gobierno Local". También se ha mostrado contundente al detallar que "este no es un contrato menor", pese a que las facturas fueron inferiores a 3.000 euros, porque la cuantía no debía exceder los 15.000 euros y lo hizo; se mantuvo durante dos años, pero no debe exceder el año, y "nunca es prorrogable", y este contrato sí lo era. Además de estos datos, el testigo ha confirmado que se omitieron los diferentes trámites administrativos que debieron cumplirse en la contratación. Bellido: "Es una circunstancia no habitual" De su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado ante el tribunal que el informe de la asesoría jurídica municipal sobre este contrato indica que carece de toda legalidad. Asimismo, ha señalado, en referencia a las condiciones en que se firmó, que "es una circunstancia no habitual", a pesar de que "se suele firmar confiando en el criterio técnico". José María Bellido también ha confirmado lo manifestado por David Dorado, que con anterioridad al juicio ha sostenido que el regidor municipal le instaba a firmar los documentos que le presentaban los técnicos. El alcalde ha comentado que esta indicación se la ha hecho tanto a Dorado como al resto de los concejales. También ha precisado que "no me consta" que se haya producido un perjuicio al interés público de los cordobeses como consecuencia de ese contrato. Bellido ha accedido este jueves a la Ciudad de la Justicia evitando el contacto con la prensa y también ha abandonado la sala de vistas por una salida diferente a la del resto de los testigos, eludiendo salir al pasillo principal del edificio donde se encuentran las salas de vista. El contrato se mantuvo hasta 2023 Se da la circunstancia de que la adjudicataria inicial del contrato ya subcontrató (de forma irregular según se ha puesto de manifiesto en el juicio) el servicio de seguridad en los colegios cordobeses con la firma contratada por David Dorado en septiembre de 2020. De hecho, en la actualidad continúa prestando el servicio. El fiscal de la causa, Manuel Carlos Jiménez, ha preguntado por esta situación al alcalde de Córdoba, precisando que "a octubre de 2023, cuando se inicia este procedimiento, seguía (la firma) con el contrato supuestamente ilegal y parece que sigue hoy". No obstante, José María Bellido ha aclarado que a partir de 2023 se ha mantenido "la misma empresa, pero no la misma figura jurídica contractual". David Dorado cesó como edil de Infraestructuras en noviembre de 2021. Una función "totalmente" política La excoordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno, que ha sido encausada en otros procedimientos del caso Infraestructuras, ha declarado este jueves como testigo, afirmando que la función de los concejales es "totalmente" política. Preguntada por el desestimiento del proceso para continuar el contrato con la empresa adjudicataria, ha asegurado que "no recuerdo que se desistiera nunca", pese a que los funcionarios municipales han manifestado que se dieron los pasos para ello y, de hecho, el procedimiento se paralizó. María Luisa Bueno ha afirmado que "no me consta que David Dorado llevase los contratos". A la luz de sus respuestas a las preguntas del fiscal y de la defensa, el magistrado José Francisco Yarza le ha solicitado que le aclare cómo sabía ella lo que el concejal de Infraestructuras conocía o ignoraba, y esta testigo ha respondido que "yo estaba por debajo de él. Si no llegaba a mi, tampoco podía llegar a mi superior. Él tenía sus competencias políticas. Yo no conocía nada de eso, entiendo que él también era desconocedor". Este jueves ha declarado, asimismo, el exjefe de mantenimiento de edificios y colegios, también encausado en otros procedimientos del caso Infraestructuras. Acerca de los hechos investigados, ha afirmado que, "seguramente", el capataz de Infraestructuras fuese el encargado de realizar el contrato de seguridad en los colegios. "La unidad estaba planificada de forma que los capataces encargaban los trabajos y le daban el visto bueno. Esa unidad generaba más de 2.500 facturas anuales", ha detallado. 12 años de inhabilitación En este procedimiento, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se le inhabilite para empleo o cargo público durante 12 años por una presunta prevaricación. En esta línea, el Código Penal recoge en su artículo 104 que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".
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