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» Amanecer
Fecha: 18/09/2025 23:13
Por orden del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, y a solicitud del fiscal federal Roberto Salum, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron este jueves dos allanamientos simultáneos en Tartagal: uno en la sede de la administración comunal y otro en el domicilio particular de su presidente, Nelson Elham. Los procedimientos se enmarcan en una causa que investiga la presunta venta irregular de terrenos ferroviarios, bienes de propiedad del Estado nacional ubicados en pleno centro histórico del pueblo. El abogado Sixto González, representante del colectivo denunciante, confirmó que la investigación se inició tras la presentación realizada por la Asociación Civil Huellas del Tanino, organización que trabaja por la preservación de la memoria de La Forestal. La denuncia fue acompañada por pruebas documentales y fotográficas. “Estamos frente a una defraudación a la Nación y también a las personas que pagaron por esos terrenos que no podían ser vendidos”, señaló González. Entre las pruebas recolectadas figuran contratos, papeles con firmas y sellos de la comuna, además de constataciones de medidores de luz colocados y construcciones levantadas en predios que deberían permanecer bajo dominio público. De acuerdo con la presentación judicial, los hechos investigados podrían configurar dos delitos previstos en el Código Penal: fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5°, con penas de entre dos y seis años de prisión) y malversación de caudales públicos (artículo 248, con penas de entre dos y diez años, además de la inhabilitación especial para el funcionario responsable). La investigación tomó fuerza cuando se detectó que vecinos particulares estaban demarcando terrenos, aparentemente cedidos o vendidos de manera irregular desde la comuna. “Los bienes del Estado no se pueden vender, salvo expresa autorización del Congreso de la Nación, lo cual no ocurrió en este caso”, advirtió el abogado. La justicia federal continuará analizando la documentación secuestrada en los allanamientos para determinar responsabilidades y eventuales medidas procesales contra el presidente comunal y otros involucrados.
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