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» El Ciudadano
Fecha: 18/09/2025 17:32
Por Martín Rosúa / diputado provincial (UCR-Unidos) La seguridad no se construye con frases de campaña ni con spots de 30 segundos. No alcanza con indignarse más fuerte que el otro, ni con proponer soluciones mágicas. Se necesita algo mucho más difícil: diagnóstico real, decisión política y leyes concretas que transformen la realidad. En Santa Fe, durante muchos años, vivimos un deterioro sostenido del sistema de seguridad. Las bandas criminales crecieron, el narcotráfico se hizo territorial, la policía perdió recursos y la justicia llegó tarde. Frente a esa realidad, elegimos actuar. No con consignas, sino con una agenda legislativa seria que se puede llevar adelante cuando se articulan políticas públicas entre todos los niveles del Estado. Es esto que se produjo una baja abrupta de los homicidios y un descenso notable en los delitos predatorios. Los resultados tienen que ver con tres elementos claves que están relacionados entre sí. Antes que nada, la firme decisión política del gobierno provincial de poner al Estado en el centro de la escena de lucha contra el delito y específicamente contra el crimen organizado. Basta con un breve repaso de la producción legislativa al inicio de este mandato, para evidenciar la convicción del nuevo gobierno de ir a combatir la inseguridad de frente y sin reparos. Desde el 10 de diciembre de 2023 en que asumimos nuestro mandato, votamos una ley de Emergencia en Seguridad; una profunda modificación del Código Procesal Penal; una ley de Inteligencia Criminal inédita para un Estado sub-nacional; la Ley de Desfederalización del Microtráfico; una Ley que modifica las condiciones de ejecución de la pena privativa de la libertad; una modificación de la Ley del Ministerio Publico de la Acusación; y la implementación del Juicios por Jurado, entre otras normas de igual impacto e importancia. Todos proyectos del Ejecutivo que rápidamente fuimos acompañando desde la Legislatura para brindarle andamiaje jurídico a las acciones de un gobierno que había decidido romper con la inacción ante la violencia que sufríamos. En segundo lugar, un elemento fundamental para explicar la mejora en los indicadores de seguridad en Santa Fe tiene que ver con la coordinación de recursos y estrategias entre los diferentes niveles del Estado. Acciones en forma coordinada y sostenida. Algo que no veíamos durante las gestiones anteriores. Ya no presenciamos peleas públicas entre funcionarios de Nación y Provincia que se tiran con responsabilidades, sino que, por el contrario, vemos trabajo conjunto en pos de un mismo objetivo en común. Por último, el tercer punto clave para poder dar respuesta a una demanda social que no toleraba más dilación: la ruptura de las trabas ideológicas que existían al momento de combatir el delito. Se soltó el ancla que impedía que se tomaran las medidas que los tiempos demandaban para una provincia en emergencia y con una crisis sin precedentes en materia de seguridad. Hablo de ataduras mal llamadas garantistas y falsamente progresistas que nos impedían ir contra el delito organizado. El concepto de “cese del estado antijurídico”, figura que fue modificada y ampliada en el Código Procesal Penal con la finalidad de sortear trámites burocráticos a la hora de poner fin a la ejecución de un delito; la estructuración de un sistema provincial de inteligencia criminal, y hasta el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de la pena para los integrantes de bandas criminales organizadas, son avances en este sentido que hubiesen sido inimaginables si esta gestión no venía a cambiar el perfil ideológico con el que se aborda el problema. Ahora bien, para sostener estos números e incluso mejorarlos, creo necesario establecer 3 líneas de trabajo legislativo. La primera es mejorar el proceso penal, hacerlo más eficiente. La segunda tiene que ver con terminar con la denominada puerta giratoria para los delincuentes, un reclamo histórico de la sociedad. Y, por último, tenemos que generar un sistema que vaya directo contra la ruta del dinero proveniente del delito organizado. Una muestra de cómo se puede buscar la eficiencia del proceso penal es la ley promulgada de nuestra autoría, que modificó el último párrafo del art. 214 del código de procedimientos. Como consecuencia esta ley, corregimos y redujimos drásticamente el número de audiencias de mero trámite inconducentes pero que ocupaban gran parte del cronograma diario del sistema judicial, restituimos una cantidad considerable de patrulleros y personal policial a las calles para su patrullaje, los que antes se encontraban volcados al traslado de detenidos, se potenció el uso de recursos materiales y humanos del Ministerio Público de la Acusación evitando la pérdida de tiempo en audiencias de trámites sin sentido alguno, destinando así todos estos recursos a un sistema genuino de seguridad; cuyos resultados hoy se ven claramente plasmados en las estadísticas indicadas en los párrafos anteriores. Asimismo, terminar con la “puerta giratoria” de la justicia penal es un mandato social con el que estamos comprometidos. Por eso propuse una serie de medidas para evitar que quienes delinquen queden en libertad y vuelvan a delinquir. Logramos modificar el Código Procesal Penal para establecer la prisión preventiva ante la reiterancia delictiva, que es justamente una figura jurídica nueva que incorporamos para evitar que funcione este sistema de “puerta giratoria” que tanto daño causa en nuestra sociedad. No podemos permitir que las personas que de manera reiterada aparecen como culpables o investigados por cometer delitos sigan los procesos en libertad con la posibilidad de volver a delinquir. Con solo mirar superficialmente las estadísticas de reincidencia y reiterancia vamos a darnos cuenta del altísimo porcentaje de delincuentes que son “viejos conocidos” del sistema penal.- En este mismo orden de ideas, propusimos un marco legal que obliga al juez a dictar la prisión preventiva ante la solicitud del fiscal cuando el delincuente recibe una condena en primera instancia de cumplimiento efectivo, mientras el mismo tramita las extensas vías recursivas instituidas en el código de procedimientos. Respetamos todas las instancias recursivas que el derecho establece, pero creemos que, a partir de la primera condena en juicio oral (que es el momento donde se producen todas las pruebas con gran amplitud) y la interrupción del principio de inocencia, no solo el riesgo de fuga crece, sino que aparece el riesgo cierto de la posible reiterancia delictiva. No queremos más delincuentes condenados cometiendo nuevos delitos en libertad. El otro punto pendiente y que debemos saldar en Santa Fe es la persecución de la ruta del dinero de las organizaciones criminales. Por eso proponemos crear la Agencia Provincial contra el Lavado de Activos, para evitar que el dinero ilícito del narcotráfico ingrese a la economía formal de Santa Fe. Estamos convencidos que el delito violento se combate atacando a las estructuras económicas que los sostienen y lo provocan. No vamos a reducir la violencia urbana definitivamente sin atacar a la economía ilícita que la genera. Todos los niveles del Estado tienen que trabajar para perseguir activamente a los responsables de este tipo de operaciones financieras. Por eso, en mi mandato como concejal, dimos forma y sancionamos la ordenanza municipal en Rosario para crear la Agencia Antilavado. Hoy queremos replicar esta experiencia en la provincia. Tenemos que contar con la misma herramienta para toda la provincia, articulado acciones con todos los municipios y las comunas de Santa Fe. El camino está claro y los resultados a la vista. No es tiempo de relajarse, sino de seguir adelante con la misma convicción y decisión que lo hicimos hasta ahora. Porque los santafesinos merecemos vivir mejor. No decimos que el problema está resuelto. Pero sí podemos decir que hoy hay un Estado que actúa, legisla y planifica con seriedad. La seguridad no se resuelve gritando más fuerte. Se resuelve con capacidad de gestión, con leyes bien pensadas y con firmeza democrática. Eso es lo que hicimos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
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