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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 18/09/2025 09:09
En la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado creció notoriamente la cantidad de expedientes originados en distintas dependencias públicas. En el último tiempo se registró un aumento de los sumarios administrativos por diversas faltas de empleados públicos. Entre ellas, ausentismos injustificados que no habían sido denunciados previamente. Los dictámenes y los decretos derivaron en distintas sanciones, principalmente el despido de agentes estatales. Esta política de mirar para otro lado, para no chocar con los sindicatos o aplicar la mano dura con el Régimen Disciplinario ha ido cambiando según quién gobierne a lo largo de los últimos 40 años. Sergio Montiel llegó con una idea de mano dura, para luego llegar los “indultos” y la política permisiva de Jorge Busti. Mario Moine aplicó la Ley 8706 en el contexto de medidas de ajuste del gasto público y despidos de la década del ‘90. Regresó Busti y la frenó, pero lo sucedió Montiel y retomó las cesantías. Sergio Urribarri no firmaba ni un sumario pese a las faltas que se pudieran haber probado en un expediente, mientras que Gustavo Bordet no tanto, aunque sí a veces se frenaban en la Secretaría Legal y Técnica. Desde el 17 de enero de 2024 hasta el 20 de diciembre de 2024 hubo 108 dictámenes de Fiscalía de Estado que derivaron en 85 cesantías y 2 exoneraciones, mientras que el resto fue por sanciones más leves, como suspensiones. Es decir, un 81% del total de dictámenes terminó en el despido con causa de esos empleados. En tanto, en lo que va de 2025, Fiscalía de Estado emitió 150 dictámenes para la cesantía de 151 personas y la exoneración de un exempleado. El organismo iniciador del sumario (un ministerio o cualquier organismo autárquico) lo envía a la Gobernación, quien lo gira a la Fiscalía de Estado, que le da intervención a la Dirección de Sumarios. Se inicia la investigación, se recaban las pruebas durante este procedimiento y se envía a la Comisión Asesora de Disciplina, que dictamina al respecto. La inasistencia al lugar de trabajo es, por lejos, la causal de sumario más común. Hay casos de 15, 20 o 40 faltas sin justificar. Y también estuvo el caso de Cristina Graciela Díaz, quien acumuló 487 inasistencias, entre julio de 2019 y agosto de 2021, sin que pudiera justificarlas. En cualquiera de estos casos hay, como mínimo, una negligencia, si no complicidad, de parte del superior de la persona que incurrió en esta falta y decidió hacer la vista gorda. En cuanto a las dependencias públicas donde se desempeñaban estas personas, en 2024 la gran mayoría pertenecía al Ministerio de Salud (38,8%), al COPNAF (24,7%) y al Consejo General de Educación (17,6%). En lo que va del año, también el grueso de los cesanteados trabajaban en esas áreas del Estado provincial, pero hubo más aún de la cartera sanitaria: el 47,3% de los echados; seguidos por el 22% del CGE. Y aparece también en un lugar relevante de empleados que no fueron a trabajar durante mucho tiempo el IAFAS, con un 10%. Luego, el COPNAF, con el 7,3%: Con causas penales En cuanto a personas con causas judiciales, hay varios casos llamativos. Por ejemplo, el de Claudia Lorena Lugrin, quien fue directamente en el sumario administrativo iniciado por el Ministerio de Salud y condenada penalmente por los delitos de peculado y exacciones ilegales en el hospital de Villa Elisa. Una auditoría contable realizada entre enero de 2020 y mayo de 2021 reveló que ingresaron al hospital 1.714.649 pesos en conceptos como pensión, colaboración y donaciones, de los cuales solo se encontraron 228.200 pesos en efectivo y 132.460 pesos en la cuenta de arancelamiento. Desviaron 1.353.989 pesos. Uno de los primeros cesanteados en 2024 fue Maximiliano Casala, que fue detenido en marzo de 2022 en Santa Fe, luego de un violento asalto a mano armada en Rafaela, donde, junto a otros cómplices, le robaron unos 19 millones de pesos y dos kilos de cocaína a un narco; y también en la Justicia Federal fue sentenciado por el transporte de esa droga. Recibió el año pasado la pena de seis años de prisión efectiva. Entre otros, se encontraba también un empleado municipal de Paraná, Cristian Rivero. También se encuentra el caso del médico Guillermo Riolo, quien era jefe de servicio interino en el hospital San Martín, y está imputado por la muerte de un niño por una cirugía de amígdalas y adenoides en una clínica de Bovril. Luego de este crimen por el que aún no fue enviado a juicio, lo echaron del Estado debido a más de 50 faltas injustificadas al nosocomio de Paraná. Asimismo, recién en 2024 se avanzó con el sumario que culminó con la cesantía de Jorge Nicolás Martínez, empleado del hospital San Martín que asesinó a su expareja Fátima Florencia Acevedo, en 2020. “No hay una actitud persecutoria” El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, nos decía lo siguiente: “Se incrementaron las cesantías, pero no por la cantidad de sumarios, sino porque el Poder Ejecutivo está aplicando las sanciones que la comisión asesora de disciplina propone. Es un mecanismo que no estaba bien aceitado”. “El mecanismo es que la autoridad de nombramiento pide la sustanciación de un sumario, luego el sumario se realiza en la Dirección de Sumarios, se pronuncia la comisión asesora de disciplina y finalmente la autoridad de nombramiento decide si aplica la sanción. Todo ese mecanismo estaba bastante desarticulado, a punto tal que hay casos en los que se verifican ausencias por más de 100 o 150 días, cuando la ley establece que al 11° día de ausencia injustificada corresponde cesantía. Eso se ordenó mucho y en lo que va del año llevamos más de 150 cesantías, que es bastante”, agregó. Luego aclaró: “Pero no es por una actitud persecutoria, sino porque está funcionando mejor el sistema. No es posible, y esto es un llamado a las autoridades, que se inicie un sumario porque una persona faltó 150 días. El sumario hay que empezarlo cuando la persona incurrió en la falta o en la irregularidad que se le adjudica al empleado”. Fuente: Canal 9 Litoral/Análisis
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