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Concordia » InfoConcordia
Fecha: 18/09/2025 01:58
La Justicia Federal ha puesto la lupa sobre una trama de presunta corrupción que salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la droguería Suizo Argentina S.A. En la mira de la investigación están más de 600 contratos firmados durante la gestión de Javier Milei, que en conjunto sumarían más de 55.000 millones de pesos. La causa, que avanza en los tribunales federales de Comodoro Py, busca desentrañar si hubo sobreprecios, licitaciones direccionadas y un posible circuito de coimas. Los contratos bajo la lupa La pesquisa se originó a partir de audios que involucran al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y que mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem. El fiscal Franco Picardi y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por Sergio Rodríguez, son los encargados de analizar la documentación secuestrada, que incluye facturas, correos electrónicos y expedientes licitatorios. Las sospechas recaen sobre la firma Suizo Argentina S.A., ligada a la familia Kovalivker, que habría sido beneficiada de forma recurrente mediante mecanismos de contratación directa. Los investigadores presumen que esta modalidad, vigente desde 2017, habría facilitado la concentración de compras de la ANDIS en manos de la droguería. Las hipótesis de la causa La investigación judicial se mueve en dos frentes principales: Contrataciones irregulares: Se analiza si las licitaciones fueron direccionadas y si los precios de los medicamentos y otros insumos se pactaron por encima del valor de mercado, en detrimento del Estado. Circuito de sobornos: La PIA se enfoca en reconstruir una posible ruta del dinero, buscando pruebas de pagos ilegales a funcionarios para asegurar los millonarios contratos. De confirmarse ambas hipótesis, se establecería un claro entramado de corrupción que vincularía las irregularidades en la contratación con los sobornos. Denuncias y nombres La denuncia penal, que dio inicio a la causa, apunta a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker, a quien se le señala como facilitador de las operaciones bajo sospecha. Todos han sido acusados de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública. La causa sigue en curso, y el avance de la Justicia Federal podría destapar una red de corrupción en uno de los organismos más sensibles del Estado.
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