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Parana » Radio La Voz
Fecha: 17/09/2025 16:13
La jueza Paola Firpo le denegó a fiscalía la posibilidad de peritar los teléfonos de los policías acusados de realizar maniobras irregulares en la liquidación y cobro de adicionales. La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, rechazó este lunes el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para acceder al contenido de los celulares de cinco efectivos de la Policía de Entre Ríos investigados por presuntas irregularidades en el servicio de adicionales prestado al Banco de Entre Ríos SA (Bersa). La magistrada advirtió que el requerimiento carecía de precisión y que, en esta etapa, “es ir a la pesca para después formular la acusación”. La solicitud del fiscal Gonzalo Badano apuntaba a extraer información de los teléfonos secuestrados a cinco funcionarios policiales, en el marco de una causa por presunto Peculado. Se investiga si entre enero y mayo de 2025 hubo maniobras irregulares en la liquidación y cobro de adicionales vinculados al traslado de valores del Bersa. Firpo consideró que el pedido fiscal no delimitaba ni el objeto ni los sujetos de la pesquisa con claridad. “No se determina hacia quién va dirigida ni por qué se imputa a cinco efectivos cuando del hecho se desprende que habría otras responsabilidades”, sostuvo. Y remató: “Es ir a la pesca”. Los cinco investigados son: Fernando Oscar Urquía (jefe de la División de Policía Adicional), Vanesa Marina Paola Bértoli (Sección Cobradores), Julia Evangelina Sangoy (Sección Cobradores), Mauricio Javier Colignon (División Arquitectura) y Walter Ramón Broder (División Despacho). Todos pertenecen a distintas áreas de la Policía de Entre Ríos y participaron en la coordinación del servicio de custodia para el banco. Los abogados de Broder y Colignon, Fernando Quinodoz y Hernán Saín respectivamente, no se opusieron pero pidieron delimitar previamente qué aplicaciones se analizarían y hacia qué personas se dirigiría la pesquisa. Eduardo Gerard, defensor de Urquía, Bértoli y Sangoy, se opuso de plano. Argumentó que ya existen peritajes sobre comunicaciones por WhatsApp entre la fuerza y el banco, y que Fiscalía aún no notificó sus resultados. También señaló que hay más de una decena de sumarios administrativos con testimonios que podrían aportar información sin vulnerar la privacidad. Badano insistió en que los celulares son clave para avanzar en la investigación penal. “Sí o sí se van a tener que abrir”, dijo. Afirmó que los sumarios administrativos no permiten determinar si hubo delito, y que el acceso a los mensajes podría derivar en nuevas imputaciones. El contrapunto entre Fiscalía y la jueza de Garantías expone una tensión de fondo: ¿hasta dónde puede avanzar el Ministerio Público en la búsqueda de pruebas sin vulnerar derechos constitucionales? Firpo trazó un límite claro: sin hipótesis definida ni imputación concreta, no hay vía libre para explorar dispositivos personales.
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