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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 17/09/2025 08:24
Compartilo con El Gobierno de Entre Ríos ha vuelto a sentar posición firme ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificando la continuidad de un crucial juicio contra el Estado nacional por el incumplimiento en el pago de los excedentes generados por la represa de Salto Grande. La provincia, liderada por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, exige el cumplimiento de un acuerdo de 1998 que considera vital para su desarrollo, en un litigio que pone de manifiesto las tensiones sobre la distribución federal de los recursos. El reclamo por los excedentes de la represa de Salto Grande por parte de Entre Ríos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es un capítulo nuevo, sino la reafirmación de una demanda que busca corregir una drástica caída en los fondos provinciales desde 2012. En un escrito reciente, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, la provincia insistió en la continuidad del juicio, desestimando la posibilidad de que su reclamo quedara subsumido en el sistema de compensación de créditos y deudas recíprocas entre Nación y Provincias establecido por el decreto 969/24. El origen de este litigio se remonta a un acuerdo celebrado en 1998, ratificado por la Ley Nacional 24.964 y la Ley Provincial N° 9.140, que establecía la distribución de los excedentes económicos derivados de la operación del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. Bajo este esquema, Entre Ríos recibió más de 495 millones de dólares desde la firma del convenio. Sin embargo, la mayor parte de esos fondos, aproximadamente 406 millones de dólares, fueron transferidos de manera regular hasta el año 2012. La brusca reducción en los excedentes de Salto Grande A partir de 2012, la situación cambió drásticamente. El envío de fondos a la provincia se redujo de manera abrupta debido a un cambio unilateral en la metodología de cálculo de precios aplicada por la Nación, específicamente a través de la resolución 095 de la Secretaría de Energía. Esta modificación significó un golpe financiero considerable para Entre Ríos. Mientras que entre 1998 y 2012 la provincia recibía un promedio anual de casi 27 millones de dólares, entre 2013 y 2025 este promedio cayó a unos 6,8 millones de dólares. La provincia sostiene que esta alteración unilateral no solo fue injusta sino que generó una deuda que, según estimaciones del Fiscal de Estado, podría ascender a unos 700 millones de dólares. Un punto clave que fortalece la posición entrerriana es la reciente normativa nacional, el Decreto 450/25, que restituye el sistema original de cálculo de precios, en línea con lo dispuesto en la Ley 24.065. Esta adecuación refuerza la legalidad del reclamo provincial y su decisión de mantener la causa en la Corte Suprema. La administración provincial ha subrayado repetidamente que estos fondos son “claves para el desarrollo de Entre Ríos”, enfatizando la importancia de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional. Entre Ríos mantiene su reclamo por los excedentes de Salto Grande ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fiscal Julio Rodríguez Signes ha manifestado la voluntad de la provincia de buscar un acuerdo, aunque sin ceder en los montos adeudados, y ha solicitado una audiencia de conciliación para acortar los plazos judiciales. Un nuevo ángulo: federalismo fiscal y desarrollo regional en el caso Salto Grande El persistente reclamo de Entre Ríos por los excedentes de Salto Grande trasciende un mero litigio financiero; se erige como un emblemático caso de la tensión constante entre la centralización de recursos por parte del Estado nacional y la necesidad de autonomía financiera y desarrollo regional de las provincias. La represa de Salto Grande, si bien es una obra de infraestructura binacional crucial, ha generado impactos ambientales, sociales y económicos significativos en la región. La creación de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) en 1998 tuvo como objetivo canalizar estos fondos hacia el desarrollo social, económico y ambiental de las áreas impactadas. Sin embargo, la alteración unilateral en la metodología de cálculo por parte de la Nación en 2012 y la subsiguiente reducción drástica de los recursos provinciales demuestran cómo las decisiones macroeconómicas centrales pueden desvirtuar los propósitos originales y afectar directamente la planificación local y el progreso de las economías regionales. Este caso, por lo tanto, no es solo sobre una deuda; es un reflejo del debate más amplio sobre el federalismo fiscal en Argentina. ¿Hasta qué punto el gobierno central puede controlar y redistribuir recursos generados en el territorio provincial? ¿Cómo garantizar la previsibilidad y la transparencia en la distribución de estos fondos para que no queden sujetos a la discrecionalidad política o a cambios normativos que desfinancian a las provincias? La disputa por los excedentes de Salto Grande subraya la urgencia de establecer reglas claras y permanentes que aseguren que los ingresos derivados de grandes proyectos de infraestructura beneficien equitativamente a las regiones que los albergan, fomentando así un desarrollo verdaderamente federal y sostenible. Este enfoque podría ser un precedente para otras provincias con reclamos similares, impulsando un diálogo nacional sobre la distribución equitativa de la riqueza.
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