17/09/2025 10:15
17/09/2025 10:14
17/09/2025 10:14
17/09/2025 10:14
17/09/2025 10:11
17/09/2025 10:10
17/09/2025 10:08
17/09/2025 10:07
17/09/2025 10:05
17/09/2025 10:05
Parana » Informe Digital
Fecha: 17/09/2025 08:20
La Municipalidad de Santa Elena vuelve a ser foco de controversia tras revelarse que su intendente, Domingo Daniel Rossi, planea saldar una significativa deuda por el alumbrado público con la empresa Enersa mediante la cesión de un inmueble municipal. La operación, que recibió la aprobación del Concejo Deliberante el 12 de septiembre, ha despertado preocupaciones sobre su posible ilegalidad y las implicaciones que podría tener para otros municipios. Si este procedimiento se establece como un precedente, podría permitir que administraciones locales dejen de cumplir con sus obligaciones y, posteriormente, intenten cancelarlas a través de la entrega de bienes públicos. Fuentes confiables indican que el proyecto contempla la transferencia de terrenos municipales para cubrir una deuda que supera los 1.200 millones de pesos con Enersa. Sin embargo, la legalidad de esta medida ha sido objeto de debate. La situación de Rossi se complica aún más debido a que los organismos de control ya poseen una extensa documentación que sugiere la existencia de compras supuestamente irregulares durante su gestión, es decir, adquisiciones realizadas sin la debida autorización del Concejo Deliberante. Según pudo investigar ANÁLISIS, esta propuesta para cancelar la abultada deuda con la empresa de energía está siendo observada cuidadosamente por el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público Fiscal. Como se informó anteriormente en marzo, el Tribunal de Cuentas detectó diversas irregularidades en la administración de Rossi: – Funciones clave, como las de contador y tesorero municipal, son desempeñadas por personas sin títulos habilitantes, acuerdos del Concejo Deliberante ni fianza, contraviniendo la Ley de Régimen Municipal 10.027. – No se llevan a cabo arqueos sorpresivos en la Tesorería, ni controles sobre conciliaciones bancarias o el patrimonio de distintas dependencias. Además, existen cajas de recaudación fuera de la Tesorería. – La Municipalidad no presenta rendiciones de cuentas completas al Honorable Concejo Deliberante (HCD) ni informes contables al Tribunal de Cuentas; también falta la publicación del estado de ingresos y memorias anuales. – Los subsidios municipales carecen de reglamentación y control, otorgándose de forma discrecional sin un registro claro de beneficiarios ni de montos, creando un “agujero negro” en la gestión de fondos públicos. – Las cuentas municipales muestran déficits recurrentes que incumplen las proyecciones presupuestarias, con ejecuciones incompletas y excesos de partidas. – Se realizan contratos de obra y servicios con trabajadores no registrados, sin recibos, seguros ni definición clara de tareas, lo que puede generar juicios laborales contra la municipalidad. – Se alquilan vehículos privados sin registro de pagos o seguros y se realizan pagos en efectivo por bienes y servicios, vulnerando normas de transparencia y control fiscal. Estas irregularidades reflejan una gestión marcada por omisiones deliberadas y falta de rendición de cuentas, funcionando al margen de las leyes y de la Constitución provincial, lo que permite un manejo opaco y discrecional de los recursos. En este contexto, la propuesta de entregar un inmueble para saldar la deuda con Enersa ha llamado la atención de las autoridades administrativas y judiciales, que han decidido incluir este hecho en la investigación en curso. En cuanto al pasado judicial de Rossi, es importante recordar que el 12 de junio de 2006 se confirmó su condena por enriquecimiento ilícito, lo que le valió tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por ocho años y una multa de 90 mil pesos. Esta sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1° de diciembre de 2009. Asimismo, cabe mencionar que en agosto de este año debía dar inicio un juicio por presuntos sobreprecios en una obra de 20 cuadras realizada en 2014; sin embargo, este fue suspendido tras una recusación del Tribunal por parte de la defensa de Rossi. La pericia contable determinó que la Municipalidad pagó un sobreprecio de 6.141.781,34 de pesos, equivalente a un 30% más que el valor real, lo que, a valores actuales, representaría 437.956 dólares. En el proceso judicial, la Fiscalía ha anticipado que solicitará una pena de cinco años y seis meses de prisión para el intendente. De forma paralela, Rossi y su esposa, la senadora Patricia Díaz, están siendo investigados en otro caso relacionado con enriquecimiento ilícito, que también intenta ser cerrado mediante recursos judiciales.
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por