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Fecha: 16/09/2025 07:35
La provincia de Santa Fe cuenta desde ahora con una nueva Constitución aprobada tras más de seis décadas sin reformas. En diálogo con La Barra de Casal, Juan Cruz Cándido, secretario general del Gobierno Provincial y ex subsecretario de la Convención Reformadora, explicó el alcance de los cambios y la importancia del consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas. Cándido explicó que la Constitución ofrece un marco general que ordena las relaciones entre el Estado y la Sociedad, así como entre los distintos poderes públicos. Sin embargo, este nuevo texto no implica cambios inmediatos: será necesario avanzar en unas 20 reformas normativas y legislativas, principalmente en materia municipal y judicial, para adecuarse a la nueva carta magna. Entre los puntos clave, se reconoce la autonomía municipal, se equilibra la relación entre poderes y se limitan privilegios históricos de la política, como la reducción de fueros y el fin de las reelecciones indefinidas. La reforma establece que ningún poder tendrá preeminencia sobre otro. Un ejemplo es la designación de jueces: ya no será el gobernador quien decida de manera directa, ni tampoco tendrá autoridad para nombrar al presidente del Poder Judicial. En paralelo, en la Cámara de Diputados se elimina la mayoría automática con la incorporación de un sistema proporcional. Otro de los pilares de la nueva Constitución es la incorporación de la responsabilidad fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas como obligaciones de gobierno. Además, la seguridad deja de ser solo un derecho de los ciudadanos para convertirse también en un deber ineludible de los gobernantes. En línea con los desafíos del presente, Santa Fe se posiciona a la vanguardia al reconocer los derechos digitales en un contexto cada vez más tecnologizado. Asimismo, se compromete a reducir desigualdades estructurales, particularmente las vinculadas al territorio, donde históricamente el norte provincial ha tenido menos oportunidades que el sur. La Constitución incorpora como mandato la evaluación de las políticas públicas, con la idea de garantizar resultados medibles. En el campo educativo, por ejemplo, no solo se reconoce el derecho a la educación, sino también el derecho al aprendizaje. Cándido explicó que la Carta Magna no garantiza directamente resultados, pero obliga a los gobiernos a trabajar en esa dirección, gobierne quien gobierne Uno de los aspectos más destacados es el consenso alcanzado durante la Convención. De los 69 convencionales, 59 firmaron el texto final y 52 votaron a favor, integrando tanto al oficialismo como a representantes del peronismo, La Libertad Avanza y el sector de Amalia Granata.
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